El criminal tráfico gesta una crisis humanitaria

Estamos prácticamente a un año de las elecciones generales de 2018, con elección de Presidente de la República, 128 senadores y 500 diputados.
Para tal efecto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se instala en octubre. Los consejos electorales estatales en noviembre y los distritales en diciembre.
En la perspectiva de la sucesión presidencial, se mueven hasta ahora por lo menos 17 aspirantes de diversos partidos o independientes.
La sorpresa de la semana pasada la ha dado el ex canciller de Vicente Fox, Jorge Castañeda, quien anunció su retirada.
En el paisaje tricolor, se sabe que el ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, se encuentra a buen recaudo “en una casa de sus tías”, en Sonora.
Se recuerda cuando el ex presidente Álvaro Obregón se replegó “a meditar” en su rancho en Huatabampo, Sonora, en donde, “incitado partidarios militares”, se decidió a contender de nuevo en 1928 por la presidencia. Manlio ya procuró la candidatura presidencial del PRI para 2012.
En el escenario del partido renacido en 2012, ha reaparecido el infaltable Carlos Salinas de Gortari con la intención de prolongar en el periodo 2018-2024 el Salinato que lleva ya cuatro sexenios sonando el pandero neoliberal.
En Sinaloa -frente al impase de la definición de candidatos presidenciales en grupos, grupitos y grupillos de todos colores y sabores, y algunos paisanos que en lo individual apuestan al retorno de los brujos-, la grilla está en su apogeo en pos de las candidaturas a la LXIV Legislatura federal; senadurías y diputaciones.
Ante la debacle presidencial de Enrique Peña Nieto y el regreso del PRI a la casa de gobierno sinaloense, las facciones propugnan su ajuste y reacomodo internos, y las minoritarias hacen cálculo sobre futuras alianzas.
¿Qué pasa con la rendición de cuentas?
Algunas capillas sinaloenses lo que por el momento tienen son misas por algunas bajas de que las están siendo víctimas el crimen organizado que, para todo fin práctico, tiene la sartén por el mango en cuanto a financiamientos de futuras campañas electorales se refiere.
En el océano revuelto, las primeras marejadas que se observan son las provocadas por aquellos delfines que quieren permanecer chupando la teta pública, saltando de una cámara federal a otra.
Sobre esos chapulines, algunos acuáticos, hay que centrar el foco. Se nos ocurre que, antes de pisar el acelerador, esos legisladores sinaloenses debieran someterse a la prueba de la rendición de cuentas.
El observatorio parlamentario nos informa que, sin excepción de los nueve partidos con representación en las cámaras federales, las comisiones de dictamen en las que están incorporados los sinaloenses -cuando falta sólo dos periodos ordinarios de sesiones del Congreso para la conclusión de la legislatura- han dejado mucho a deber en su desempeño, se suerte que, si se trata de evaluar por resultados, el déficit es monumental.
Agua que no has de beber, déjala a la especulación
Por la naturaleza geográfica y la estructura productiva de Sinaloa: Recursos líquidos del macizo continental y litorales, de los que depende el desarrollo económico y social del estado (agricultura y pesca), tendríamos que poner la mira en las comisiones de Recursos Hidráulicos de ambas cámaras federales.
A bote pronto, podemos anotar un enfoque positivo, pero por omisión o dilación: Desde hace casi cinco años está atorada en el Congreso la Ley General de Aguas. Positivo, repetimos el término, porque esa iniciativa de ley, ya planchada por los senadores, contiene tendencias hacia la privatización de la explotación y usufructo del recurso.
El punto es este: El suministro y uso del agua es considerada ya por la Constitución mexicana un derecho humano. Con independencia de la disposición de infraestructura hidráulica, el primer dato que tenemos a la mano, es que 70 por ciento de los mexicanos, más de 80 millones, sólo dispone de unas cuantas horas diarias de abasto, que no satisface los requerimientos elementales de uso y consumo.
Sobre las necesidades hogareñas de las familias pesa otro factor: Las concesiones del Estado a particulares han venido privilegiando el uso industrial y comercial del vital líquido. En este segundo aspecto, el comercio ha alcanzado ya grados especulativos que eleva los precios a más de 40 pesos-litro en zonas urbanas.
El despojo a las comunidades indígenas
El sector más vulnerable, son las comunidades donde se congregan más de 14 millones de indígenas que sufren el incesante y criminal despojo de sus recursos naturales, teóricamente amparados por el artículo segundo de la Constitución.
¿Qué le queda a la inerme población? Los riesgos para la salud, sobre todo de los niños: En el territorio nacional se tienen detectados más de tres mil 400 puntos de emisión de aguas residuales, cuyas descargas desde el altiplano envenenan costas y valles.
Esas emisiones tóxicas se generan en plantas industriales, sobre todo las que procesan químicos. El sector más contaminante y mayormente tolerado, es el de la minería extractiva, dominada por inversionistas extranjeros, que tiene explotaciones a cielo abierto. A la par, están las plantas hidroeléctricas o térmicas, tanto privadas como las de la Comisión Federal de Electricidad.
Grupo México, prototipo de criminal impune
Aunque se pueden reportar por lo menos 60 zonas con yacimientos mineros en explotación (sujetas a denuncia, incluso judicial), basta para ilustrar la agresión al medio ambiente la perpetrada por el Grupo México de la familia Larrea-Mota Velasco, que provocó un desastre ecológico en el norte de Sonora.
Grupo México (octubre de 2014) derramó en cauces de ríos y arroyos más de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, que causó daños a la actividad agropecuaria y dejó taras a miles de familia. El corporativo se había comprometido con el gobierno federal a operar 27 plantas de tratamiento; no ha instalado ni siquiera la mitad.
Otro problema más generalizado es el desperdicio de la disponibilidad de agua en los sistemas canalizados de los valles que explotan la agricultura de exportación. Se estima que ese desperdicio puede alcanzar hasta 20 millones de metros cúbicos al año.
En ese renglón se detecta algo peor: Las administraciones de los distritos de riego cedidas a los particulares carecen de la mínima preocupación por aislar los desagües de plaguicidas y remanentes de fertilizantes, que tienden a desertificar superficies productivas y están causando la extinción de especies marinas de las que viven poblaciones ribereñas.
Contratación de sicarios contra poblaciones indefensas
Desde el sexenio de Felipe Calderón y lo que va del de Enrique Peña Nieto, el Tribunal Permanente de los Pueblos, en el que participan más de 300 organizaciones de productores rurales y no gubernamentales solidarias, que aboga particularmente por las poblaciones indígenas, ha denunciado no sólo el expolio de sus bienes comunales, sino la acción de bandas de sicarios contratadas por los concesionarios de bienes nacionales.
Desde 2010, los campesinos del Valle de Mexicali han denunciado la retención de sus cuotas sujetas a convenio en la Comisión de Límites y Aguas México-Estados Unidos, en presas del estado de Nevada (USA), restringiendo las zonas de cultivo y aún el suministro para consumo humano de aquella región.
También desde 2011, las tribus Yaqui y Mayo, del sur de Sonora, se han movilizado permanentemente contra la privatización del recurso para favorecer el suministro al área metropolitana de Hermosillo, donde incluso se han creado lagos artificiales para usos suntuarios de familias de altos recursos.
La ONU documenta los agravios contra mexicanos
A finales de la semana pasada concluyó en México una supervisión de diez días del relator especial de las Naciones Unidas para Agua y Saneamiento, Léo Heller, quien realizó diversos recorridos y entrevistas con los sectores consumidores afectados.
La síntesis del relator de la ONU, que hace hincapié en que el agua es un derecho humano, es la siguiente: Falta de continuidad en el abastecimiento (que en zonas densamente pobladas se hace por tandeos), ausencia de saneamiento en zonas rurales, inequidad en el servicio y poca información sobre la calidad del líquido. “Existen desafíos de urgente resolución”.
Para Léo Heller, es preocupante que haya una política de privatización sin regulación. El funcionario de la ONU expresó su percepción de que la ausencia de una ley que defina principios de operación significa un estrangulamiento en México.
Tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata
Por supuesto, dado el régimen federal de concesiones estatales, el primer responsable de ese criminal pillaje es el Poder Ejecutivo, pero tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata.
El Poder Legislativo federal ocupa tiempo y recursos presupuestales en foros y más foros de coyuntura mediática, pero no vigila la observancia de las leyes que emite a pasto y, como lo anotamos antes, tiene todo el sexenio de Peña Nieto sin darle salida a la iniciativa de Ley General de Aguas.
En esas congelantes, rezagantes y disolventes omisiones, a veces por mero disimulo, son cómplices los sinaloenses que incluso han presidido o presiden la Comisión de Recursos Hidráulicos. Y así no falta aquél que ha pretendido ser gobernador. Ahora que viene la rebatinga por el trapecio electoral, ahí andan, tratando de pasar de un escaño a una curul, o viceversa. Es cuanto.