PRI: Como llegar al basurero de la Historia

“El camino correcto” que escogió el PRI -no toca hoy hablar de sus ancestros,  el PNR y el PRM- para llegar al basurero de la Historia, se puede señalizar con las siguientes mojoneras:
Cuando el tecnócrata usurpador Carlos Salinas de Gortari proclamó que había terminado la etapa del “partido casi único”, no se comprometió a ampliar las anchas alamedas en las que el pueblo viera florecer  su aspiración de Sufragio Efectivo en elecciones libres de coacciones y dadivas.

“Lo que el Presidente quiso decir”, y hacer, es engendrar un Leviatán bicéfalo que, posesionado del Poder Legislativo, diera curso expedito a los fundamentos constitucionales y legales del modelo neoliberal.

Por eso concertó con el PAN la Alianza estratégica, en la que el viejo Partido de la Revolución se asimiló al esquema azul como una formación de cuadros. Salinas de Gortari decretó entonces el fin de “la dictadura de los sectores” (Obrero, Agrario y Popular). Hasta llegó a culpar a “la nomenclatura” priista del asesinato de Luis Donaldo Colosio.

La puntilla de Zedillo a su partido

El suplente presidencial, Ernesto Zedillo, fue suficientemente explícito al declarar, primero, que su elección fue inequitativa y más tarde marcar su raya al fijar su “sana distancia” del partido que lo llevó al poder.

Para los primeros meses de 2000, mientras que el priista Francisco Buenaventura Labastida Ochoa ambulaba por la República, Zedillo se ocupaba en conciliábulos con los representantes de las grandes cúpulas de hombres de negocios que lo comprometieron a asumir un papel neutral en las campañas presidenciales. Era la señal del cambio que llegaría el 2 de julio de ese año.

La mano que movió la cuna en esos dos sexenios, lo hizo desde el exterior: La Casa Blanca, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que desde el mandato de Miguel de la Madrid impusieron a México “la cláusula democrática” como condición para mantenerle abiertas las carteras del crédito internacional en un momento que la economía nacional hacia aguas.

La decisión de Zedillo tuvo una consecuencia inevitable: Cuando Colosio dirigió el PRI bajo la férula de Salinas de Gortari, advirtió contra los cacicazgos tricolores regionales y se opuso a que el hasta entonces “invencible” se fragmentara en 32 priitos estatales.

La entrega de la banda presidencial al PAN derivó en tales resultados: Sin su histórico “jefe nato” en Los Pinos, los más audaces operadores regionales fincaron y fortificaron sus feudos en cada sucesión estatal.

A escala nacional, los jefes de las bancadas del PRI en el Congreso de la Unión (donde el tricolor siguió conservando mayoría, si bien la tipificación es la de “primera minoría”) actuaron de facto como depositarios de La ley del hierro de la oligarquía.

La revancha del Grupo Atlacomulco

A partir de 2000, se puede ilustrar la nueva bifurcación del antiguo cuerpo monolítico del PRI en dos vertientes: La del Grupo Atlacomulco del Estado de México y, en solitario, el ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Los agentes del Grupo Atlacomulco tenía como lubricante el ánimo de revancha: Hasta 1997, tres gobernadores del Estado de México, sucesivamente Carlos Hank González, Alfredo del Mazo González y Emilio Chuayffet Chemor se habían quedado colgados de la brocha en su pretensión pinolera.

Entre 2000 y 2004, el gobernador mexiquense Arturo Montiel Rojas, con la mira puesta en Los Pinos, armó una estrategia conocida con la etiqueta: TUCOM: Todos Unidos contra Madrazo con el objetivo de despojar al tabasqueño Roberto Madrazo Pintado de la dirigencia nacional tricolor y dejarlo sin plataforma para 2006.

Dicho sea de paso, en esa conjura estuvo implicado el sinaloense Enrique Jackson Ramírez, quien pretendía curar la herida infligida en 2000 a su paisano y amigo, Labastida Ochoa. Jackson Ramírez creó su propia corriente interna para pujar por la candidatura presidencial.

Madrazo se alzó con la postulación, sólo para ser refundido en el tercer sitio en las elecciones presidenciales de 2006.

Los mexiquenses no se quedaron cruzados de brazos: En 2005 se concertaron para colocar en Toluca a Enrique Peña Nieto, no por accidente emparentado sanguinamente con Del Mazo González y el propio Montiel Rojas.

En la otra vertiente, en 2006, después de haber pasado por San Lázaro, Beltrones Rivera se convirtió en señor de horca y cuchillo en el Senado.

Beltrones veía a Peña como un plebe muy verde

Desde la Cámara alta, el sonorense -que mantenía bajo férreo control su estado como base de operaciones- apostó su larga y tortuosa carrera política a la candidatura presidencial de 2012. Desde entonces, veía a Peña Nieto, como “un plebe muy verde” en la carrera hacia Los Pinos.

Sin el menor asomo de respeto a la dirigencia formal del PRI, Beltrones Rivera operó a sus anchas desde la Cámara alta, impulsando candidaturas de sus pastoreados a los gobiernos de los estados. No sólo a los senadores de su propio partido. No tuvo aspirante aborrecido, así se tratara de los del PAN o del PRD.

Se calculaba que, hasta 2010, Beltrones Rivera había apadrinado unas diez candidaturas triunfadoras. En 2011, cuando ya hasta había cambiado de look, se sentía dueño de su propia predestinación.

La contratación de Televisa

Pero, desde 2005, a cielo abierto, los mexiquenses habían empezado a colocar metódicamente sus fichas. El momento decisivo fue cuando los operarios del grupo pactaron con Televisa la contratación de la estrategia mediática en torno a su delfín. Fuerza mexiquense, fue el santo y seña de la conspiración.

La pieza clave en la televisora fue la vicepresidencia de la División Comercial a cargo de Alejandro Quintero. Aunque el sinaloense David López Gutiérrez aparecía como  responsable de prensa del gobierno mexiquense, quien llevó la voz cantante en ese trato fue el ex secretario particular de Zedillo y presidente de la agencia Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), Liévano Sáenz.
El artificial tratamiento a que fue sometido Peña Nieto no tuvo flanco descuidado: Se le dotó de un tanque pensante especializado en mercadotecnia; asesores extranjeros en imagologia. Hasta maestros de oratoria, etcétera.

Con cierto sabor aldeano, se fabricó el mito del Efecto Peña Nieto, magnificando su papel en campañas priistas en al menos 18 estados. Los resultados de 2012 son historia que, con vistas a 2018, están pasando de moda.

Lo que está muy de moda, son las pavorosas consecuencias del Efecto Peña Nieto.

La siniestra Generación Peña Nieto

Sólo a manera de ilustración, agreguemos algunos nombres de los que se conocen ahora como La generación Peña Nieto.

Sin orden cronológico o alfabético, seleccionemos los nombres del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, reclutado por el mexiquense para ponerlo a cargo del PRI; Rodrigo Medina Ruiz (Nuevo León); José Calzada Rovirosa, que terminó perdiendo el estado de Querétaro en manos del PAN; hoy es el segundo titular de la Sagarpa.

Ivonne Ortega (Yucatán), en reciente sublevación contra su partido para participar por la libre como candidata presidencial en el 18; Javier Duarte de Ochoa (Veracruz), Roberto Borge Angulo (Quintana Roo), César Duarte Jáquez (Chihuahua), Jorge Herrera (Durango). Con esos nombres basta.

Por el historial de esos prominentes Peñistas hablan los expedientes abiertos por la Procuraduría General de la República (PGR), cortes federales y departamentos de Catastro de los Estados Unidos, fichas rojas de la Policía Internacional (Interpol), menciones en relatorías de la Comisión de Crimen y Droga de la ONU, etcétera.

En una variación sobre el mismo tema, proponemos esta tentativa de análisis:

Conflicto entre Derecho y Poder

No se trata aquí de forzar la extrapolación. Se trata, sencillamente, de consignar una secuencia informativa de la que se pueden extraer deducciones que no dejan bien parado el Derecho Electoral mexicano, cuando queda a la discrecional interpretación de la autoridad jurisdiccional.

De acuerdo con especialistas en la materia, en los casos de impugnación de determinadas decisiones de la autoridad electoral administrativa, que llegan a la autoridad jurisdiccional, se presenta al juzgador la disyuntiva entre el Derecho y el Poder.

Si el humano criterio del juzgador cae en un punto pendular en la estricta observancia de la ley o se opta por una jurisprudencia y no otra, el sistema de justicia deviene inestable.
Tres asuntos “para ilustrar nuestro optimismo”.

El pasado 12 de abril, en “sesión privada”, cuatro de once magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyas sentencias son “definitivas e inatacables”, resolvieron una denuncia interpuesta por el PRI, por la que se bajó del aire un promocional del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), referido a la campaña electoral en el Estado de México.

La misma Sala Superior, con otros magistrados en funciones, en 2006 dictaminó sobre los resultados de las elecciones presidenciales de ese año. Si bien validó el cómputo final procesado por el Instituto Federal Electoral (IFE), acotó que las intromisiones del presidente Vicente Fox y grupos empresariales privados en la campaña, pusieron en riesgo “la equidad democrática”.
Ese dictamen favoreció finalmente al candidato del PAN, Felipe Calderón, el del aiga sido como aiga sido.

Meses antes, el órgano máximo del PJF, en la persona del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón, incidió en la cuestión electoral al tratar con el jefe del Ejecutivo federal el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, en tesitura de convertirse en candidato presidencial del PRD.

En ese expediente, la Litis tuvo como materia la expropiación de un terreno en Santa Fe (DF), decretada por la administración anterior del Distrito Federal: El predio de El Encino.
El desafuero, por desacato a mandato judicial, se votó ipso facto por la Cámara de Diputados, pero fue hasta diez años después que el propio Poder Judicial de la Federación dio por finiquitado el juicio al procederse a la indemnización al demandante.

En los tres casos comentados, el actor político afectado fue Andrés Manuel López Obrador.

Es un caso que ilustra el conflicto entre el Derecho y el Poder cuando llega un asunto de esa magnitud a la autoridad jurisdiccional.

En el Estado de México, pero siete años antes

Es el Estado de México el escenario. La sentencia citada en el cuarto párrafo de esta entrega, resolvió la denuncia del PRI por un spot en el que aparece el presidente de Morena y no la candidata de este partido al gobierno del estado, Delfina Gómez Álvarez.

Los cuatro magistrados federales que dieron la razón al PRI, basaron sus votos argumentando que “el modelo de comunicación política” establece bases y directrices que deben seguirse en el uso de tiempos oficiales de radio y televisión en tiempos de campaña.

“Modelo de comunicación política”, es el santo y seña. Existe un aún no cerrado debate sobre la distinción entre propaganda política y propaganda gubernamental.

Ese debate todavía inconcluso en los alegatos de magistrados o ministros ponentes, o juzgadores con derecho a voto, tuvo una de sus representaciones en el caso de una denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional en 2010 en contra del entonces gobernador priista del estado de México, Enrique Peña Nieto, por hacer propaganda extraterritorial, extendiendo la publicidad de su quinto informe a casi todo el territorio nacional al través de 214 estaciones televisivas y radiofónicas-.

El PAN puso el acento en el hecho de que Peña Nieto ya actuaba como precandidato del PRI a la Presidencia de México en la perspectiva de 2012. En las deliberaciones del asunto no sólo se implicó al propio gobernador y a sus subordinados en el área de Comunicación Social, sino a las televisoras y al propio PRI, al que se le imputaría la figura jurídica culpa in vigilando. (Culpable por omisión o comisión).

Esa figura se aplicó en otro asunto al PAN, en el caso específico de la campaña para diputado federal de César Nava Vázquez, que abusaría también de su exposición en los medios para su promoción personal.

El quid del tema -en el que se puso en la orden del día la cuestión de las precampaña o campañas de los candidatos para efectos publicitarios y hasta el ejercicio de la Libertad de Expresión- radicó en la presunción de la violación a normas establecidas por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales e incluso el artículo 134 de la Constitución que regula la propaganda gubernamental.

Un punto central de la discusión, tanto en el IFE como en el TEPJF, fue si la transgresión afectó o no un proceso electoral federal.

Parcialidad como piedra de escándalo

El litigio se convirtió en piedra de escándalo cuando se hizo del dominio público que la magistrada ponente, María Elena Alanís Figueroa, concertó en su residencia privada, una comida con los abogados y negociadores del gobernador Peña Nieto, antes de que su ponencia llegara al pleno del Tribunal.

Entre esos representantes del gobernador mexiquense estarían el diputado federal Luis Videgarary Caso, el abogado Frank del Río, y el representante del PRI ante el Consejo General del IFE, Sebastián Lerdo de Tejada, lo cual no tendría objeción.

La objeción se planteó por la presencia en ese evento del consejero del IFE, Marco Antonio Baños, reputado como parte del establo del entonces senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, tiempo después presidente nacional del PRI.

Se hace mención al sonorense, porque primero en la Cámara de Diputados y después en el Senado, tuvo responsabilidad sustantiva en el nombramiento o la ratificación de consejeros electorales y de magistrados del TEPJF, según el caso.

Finalmente, gracias a la ponencia de la magistrada Alanís Figueroa, Peña Nieto resultó exonerado. Uno de los argumentos de la sentencia fue que el inculpado hizo legítimo uso del “nuevo modelo de comunicación política”.

Ahora, el argumento para ordenar el retiro del spot en el que aparece López Obrador, es que violenta “el modelo de la comunicación política” en el que, según el criterio de los magistrados, durante la etapa de campaña debe destacarse precisamente “la candidatura que se promueve, su plataforma política o su propuesta”.

El contenido del promocional, dijeron los magistrados, cae en incumplimiento de los parámetros de “la legalidad electoral” y la sentencia tendría el propósito de “evitar una simulación que vulnera los principios democrático de la contienda” en el Estado de México, así “como el derecho de la ciudadanía a informarse de las opciones políticas para ejercer su voto”.

Consejera del INE: La sentencia, sin asidero legal

Una de las primeras reacciones a la sentencia del TEPJF, fue la de la consejera del INE, Pamela San Martín, presidenta de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales.
La sentencia, asegura la consejera San Martín, carece de asidero legal y es muy riesgosa, porque restringe la Libertad de Expresión de los partidos políticos y modifica criterios anteriores. Pero las sentencias de aquella autoridad jurisdiccional son “definitivas e inatacables”. ¡Qué le vamos a hacer!

Un dato cultural para cerrar por hoy el tema: El impulsor de la denuncia contra el presidente de Morena fue el dirigente nacional del PRI, el economista filósofo Enrique Ochoa Reza.
Cuando en 2010 la magistrada ponente María Elena Alanís Figueroa abogó en favor del gobernador Peña Nieto, un nombre, Enrique Ochoa Reza, aparecía en el directorio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como director del Centro de Capacitación Electoral.

Entonces se presentaba como “ex priista”. Es que, de la mano de Alanís Figueroa, el economista filósofo aspiraba a un sillón como consejero del Instituto Federal Electoral. Tres años después se le anunció como director general de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora vuelve a ser un “distinguido priista”.

Así puede prefigurarse el “camino correcto” del PRI hacia el basurero de la Historia. Es cuanto.