Polemiza  gobernador Quirino Ordaz sobre la Ley Anti-difamación del PAS

Responde el mandatario estatal a preguntas “anzuelo”, en una entrevista de inducción, creada ex profeso para descalificar

El gobernador Quirino Ordaz Coppel le entró a la polémica del tema de la Ley Anti-difamación propuesta por el Partido Sinaloense, calificada por un grupo conocido ya como el Club de los Difamadores como atentatoria a la Libertad de Expresión, por contener, contra la difusión de mentiras, en la figura de una iniciativa de reformas al Código Familiar, cláusulas en pro de los derechos civiles y de defensa de la honra y la reputación y la imagen de las personas.

Diputados del Partido Sinaloense instalaron en el Congreso Local una iniciativa de avanzada que desató la furia de un grupo de “periodistas” que por más de una década, unos, y otros, durante los cinco años han criticado al ex rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda y al PAS, intentando frenar su avance político-electoral de esta nueva fuerza política.

Los críticos de la iniciativa de reforma de ley son ubicados por la sociedad como el Club de la Difamación por haber apoyado, con la difusión de mentiras y calumnias, el proyecto político y el gobierno del PAN de Mario López Valdez y por haber servido de comparsa el PRI y el PAN en el pasado proceso electoral para intentar desaparecer del “mapa político” a quien fuera candidato del PAS al gobierno de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

La fuerte presencia electoral de Cuén Ojeda y la participación activa de la sociedad contra una “elección de estado” colocaron al PAS como la segunda fuerza política.

La iniciativa del PAS busca el respeto a la horna, la vida privada, la integridad y la imagen de las personas, que en las legislaciones más modernas y en los regímenes democráticos de avanzada van de la mano con la Libertad de Expresión y a contrapartida de la libertad de calumnia o del libertinaje informativo.

Temerosos de que la iniciativa de reforma al Código Familiar sea aprobada, periodistas y “analistas, tradicionalmente al servicio del PRI y del PAN, desataron una ofensiva mediática intentando desacreditar la propuesta y a los diputados que la encauzan.

Quirino Ordaz Coppel contestó una serie de preguntas de inducción, que a todas luces intentaban “amarrar” navajas con Cuén Ojeda y el PAS y crear la percepción social de que en Sinaloa se atenta contra la libertad de expresión y de que el gobernador apoya al Club de Difamadores.

En el video –que se difunde aquí en Proyecto 3-, el periodista que interroga pretende “conducir” al gobernador a una descalificación a priori de la iniciativa y exhibirlo como el operador directo de los diputados del PRI en el Congreso Local.

En el argot periodístico a este tipo de entrevistas se les llama de “acorralamiento”. Es decir: inductivas. Tramposas.

El reportero preguntó al gobernador Quirino Ordaz Coppel:

¿Cómo ve usted que en el siglo XXI sigan habiendo este tipo de expresiones? El mandatario contestó:

Siempre va a ver diferentes puntos de vista, de opinión. Eso también depende; es la parte también, vivimos en una sociedad plural, así es que siempre yo respetaré las diferentes opiniones, expresiones, pero en mi caso yo respetaré como principio fundamental la libertad de expresión.

Como jefe político del PRI ¿usted no daría luz verde para que saquen adelante esta iniciativa?, se le inquirió.

Lo único que yo como Gobernador, que soy responsable de conducir la administración pública, es que en mi administración siempre se respetará y se apoyará la libertad de expresión.

Y se le insistió al mandatario: Entonces, ¿no va a dar “línea” o luz verde?

De ninguna manera. Yo hablo con el ejemplo de lo que es mi administración y sobre todo mi convicción de que es fundamental apoyar siempre la libertad de expresión.

La entrevista ofrece la lectura de la predisposición del propio entrevistador a descalificar la iniciativa como atentatoria a la libertad de expresión, emitiendo un juicio de valor en la pregunta, común en las entrevistas en las que se intenta lograr que el entrevistado emita una opinión de descalificación.

La 62 Legislatura dio entrada a la  iniciativa de reformas al Código Civil, Código Familiar y el Código de Procedimientos Familiares para “regular el daño moral”, en pro de los derechos civiles y humanos de la ciudadanía, modificaciones consideradas ya por la sociedad como la Ley Anti-difamación, y por un grupo de periodistas acostumbrados a mentir como “ley mordaza”.

El derecho al respeto a la vida privada o intimidad, al honor e incluso a la imagen propia, son considerados derechos humanos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 (artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículos 17 y 19), la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (artículos 11 y 13),  y en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (artículo 16), instrumentos todos estos firmados y ratificados por nuestro país.

También establecen este derecho la Convención de Roma para la Protección de los Derechos  Humanos y las Libertades Fundamentales de 1959, la Declaración de los Derechos y Libertades Fundamentales aprobadas por el Parlamento Europeo  y la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos de 1981 y de los que México es parte.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en su artículo 12, establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honra o a su reputación y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), en su artículo 17, establece las mismas disposiciones que el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en su artículo 19 al hablar de la libertad de expresión, señala que el ejercicio de ese derecho entraña deberes y responsabilidades especiales por lo que podrá estar sujeto a ciertas restricciones fijadas por la ley y que sean necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, así como para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o moral públicas.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) –Pacto de San José-, en el artículo 11, se refiere a que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad y que por tanto no deberá ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, familia, domicilio, correspondencia, ni deberá sufrir ataques ilegales a su honra o reputación; también, establece el derecho de la persona a ser protegida por la ley contra esas injerencias o ataques.

El artículo 13 establece la libertad de pensamiento y expresión determinando que no deberá existir previa censura, pero que el ejercicio de esos derechos estará sujeto a responsabilidades ulteriores, mismas que deberán estar expresamente fijadas por la ley y que deberán tender a asegurar entre otras cuestiones, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás.

La Convención sobre los Derechos del Niño (1989), en su artículo 16, menciona que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o a su reputación; y que el niño tiene derecho también a la protección de la ley contra esas injerencias y ataques.

En lo que respecta a nuestra legislación constitucional podemos decir que la tutela de la vida privada se desprende del contenido de los artículos 6°, 7° y 16 de la Constitución que establecen:

Artículo 6º. Que la libertad de expresión tiene como límite el respetar los derechos de tercero.

Artículo 7º. Que la libertad de imprenta tiene como límite el respetar la vida privada.

Artículo 16. Que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Dicho artículo también establece la inviolabilidad del domicilio, así como la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y de la correspondencia.

Es evidente que la protección de la vida privada frente a actos de las autoridades se encuentra debidamente instituida en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, al señalar que para que una injerencia de la autoridad en nuestra intimidad sea válida ésta deberá provenir de una orden de una autoridad facultada por la propia ley para realizar dicha intervención plasmada por escrito, la cual deberá estar debidamente razonada y justificada además de estar prevista en una ley el acto de molestia en cuestión. Lo mismo ocurre con la intervención de comunicaciones privadas por los diversos medios ya que nuestra constitución establece condiciones, casos y requisitos en los que el Estado puede realizar dicha intervención.

El Club de Difamadores intenta por todos los medios que todos se muevan en sentido contrario a los derechos tutelados por la Constitución y por los Organismos Internacionales.

A todas luces intentan “mediatizar” a la sociedad y obtener entrevistas de personajes que satanicen y descalifiquen la Ley Anti-difamación de los diputados del Partido Sinaloense, calificándola de Ley Mordaza. La iniciativa de ley no es atentatoria a la Libertad de Expresión. Protege a los ciudadanos contra la difamación y la mentira.