Malova y GUSA acaparan negocio con terreno de ingenio azucarero

Mario López Valdez surge como socio mayoritario del gran negocio que representa para la “casta divina” de Sinaloa el cierre del ingenio azucarero de Los Mochis y del oscuro negocio inmobiliario con el acaparamiento del terreno de alta plusvalía que ocupaba la industria en el corazón de la ciudad.

El pleito judicial de Luis Puente Pérez contra sus ex socios en la propiedad del ingenio azucarero de Los Mochis, y quienes resulten responsables, incluyendo el gobernador Mario López Valdez, tendrá desembocadura en un escándalo mayúsculo, por más que los medios de comunicación vinculados al ex mandatario pretenden minimizar el hecho o poner mordaza como terceros interesados en el robo de la propiedad raíz de alta plusvalía de la compañía icónica.

Mientras más avanza la demanda del contador público ahomense Luis Puente contra Alejandro Elizondo Macías y Rodolfo de la Vega Valladolid, mayor es la podredumbre que se desborda a partir del círculo de los mayores intereses empresariales.

Así trasciende que Elizondo y De la Vega no fueron, como se percibe en la opinión pública, los grandes “ganones” del negocio surgido en 2011, cuando Malova los alentó a rescatar, junto con Puente Pérez, el ingenio que había abandonado el grupo Aga.

La empresa que formaron quebró porque no estaba formada para revitalizar la producción de azúcar, sino para ponerle fin y acometer el mayor negocio inmobiliario ilegal que se haya cometido en Sinaloa en por lo menos medio siglo. Y Malova no pretendió nunca dejar ese filón de oro en otras manos.

Así como el verdadero objetivo no fue revivir la industria de Johnston, tampoco son genuinos emprendedores los mencionados Elizondo y De la Vega, con todo y ser parte de la “casta divina” que enriqueció Malova hasta el exceso, una de las causas que explica la enorme irritación popular contra el ex gobernador.

 

ÓRDENES DE APREHENSIÓN PARA LOS SOCIOS, EL NEGOCIO PARA MALOVA, trasciende de documentación que sustenta la demanda judicial, que rompe el silencio impuesto por López Valdez, incluso con el uso extremo de la fuerza pública sobre Puente Pérez, el declarado proscrito en Sinaloa en 2013, por ser adversario que denunció las maniobras para desaparecer la fábrica y miles de empleos.

A pesar del maridaje financiero de Malova con los Elizondo y De la Vega Valladolid, el anterior mandatario los utilizó para sus personales fines, revela esa información, para aprovechar las ventajas que el destino puso en sus manos cuando el proceso de desmantelamiento de la industria llevó a los propietarios cazafortunas a negociar con el sindicato azucarero, totalmente “charro” y de corte empresarial, el pago de sueldos y prestaciones pendientes.

Elizondo y De la Vega, con apoyo de Malova, ofrecieron una parte del terreno del ingenio, 12 hectáreas valuadas para tal objeto en 50 millones de pesos, a fin de cubrir obreros y sindicato el importe de la indemnización.

La parte no visible del trato fue que Malova y GUSA ofrecieron en efectivo esa suma para luego revender el área en su elevado valor real.

La representación de los azucareros aceptó las condiciones. La Compañía Azucarera de Los Mochis “perdió” el predio que cotizaron en 50 millones de pesos, pero sólo para “lavar” el terreno a expensas de los inexpertos sindicalizados.

Los 120 mil metros cuadrados fueron comprados por Malova y el constructor Miguel Angel Gutiérrez Bazúa, de la empresa GUSA, una de las más favorecidas con obra pública durante el pasado sexenio, indica información que se desprende del caso Puente.

La mayor parte del beneficio aterrizó así en los intereses de Malova y del dueño de GUSA, que aumentaron la cotización predial a su nivel “justo” de 6 mil pesos por metro cuadrado, es decir, convirtiendo los 50 millones de pesos que dieron a los obreros sindicalizados en 720 millones de pesos que quedan como beneficio de intermediario.

Ahí dictaron cátedra en materia de negocios inmobiliarios en México, donde todo exceso es posible.

La siguiente transacción con el enorme predio será la cesión de éste en comodato a una empresa capitalina, a fin de construir una macro plaza comercial que, entre sus obligaciones, estará la de construir un edificio para estacionamiento vehicular que sirva al Teatro Ingenio, obra de 600 millones de pesos realizada por el gobierno malovista para entregarla en administración a la familia Salido para explotar “la cultura y el arte que necesita el pueblo de Los Mochis”.

La demolición de la chatarra en que Elizondo y De la Vega convirtieron al ingenio azucarero que en los años 60 y 70 fue el segundo más grande del país, con moliendas de hasta dos millones de toneladas de caña por zafra, terminará en el corto plazo, si se realiza el proyecto urbanístico de GUSA-Malova para la fábrica: abriendo una amplia avenida a todo lo largo del terreno, desde el centro de la ciudad, para conectar dos grandes bulevares, en lo que bien podrá llamarse “Ciudad Malova”, que contará con una zona residencial de primer mundo, nada parecido con los barrios populares que crecieron alrededor del ingenio.