“Las Fuerzas Armadas deben volver a sus propias funciones”: CNDH

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presentó el Informe Anual de Actividades 2016 de este organismo, destacando que el número de recomendaciones se incrementó en 20 por ciento con relación al 2015 y sólo 2 de las 72 se han cumplido por completo. También hizo una seria llamada de atención por el incremento de casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en el país y cuestionó la celeridad para aprobar una Ley de Seguridad Interior.

En ombudsman subrayó que 2016 no fue un buen año para los derechos humanos en el país, debido a que la corrupción, la impunidad y la falta de rendición de cuentas impidieron su cumplimiento. González Pérez hizo énfasis en los numerosos casos de feminicidios que ocurren día con día en el país, así como en la situación adversa que enfrentan los migrantes que transitan por México y los peligros derivados de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior.

Durante 2016, se hicieron evidentes numerosos casos de servidores públicos que se aprovecharon de sus funciones para cometer delitos, como es el caso de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, quien se encuentra acusado de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos. La mayoría de estos permanecen impunes, generando, de acuerdo con el ombudsman, “un entorno donde la simulación, la indiferencia y el encubrimiento parecerían ser la constante”.

De acuerdo con la CNDH, el 2016 también estuvo caracterizado por la falta de condiciones mínimas de seguridad para salvaguardar la integridad de la ciudadanía. El ombudsman se refirió a las fosas encontradas recientemente, especialmente a las del fraccionamiento de Colinas de Santa Fe, en Veracruz.

“No podemos suponer que las fosas ubicadas hasta el día de hoy sean la totalidad de las existentes”, declaró González Pérez, pidiendo que las denuncias de los familiares de desaparecidos sean escuchadas con sensibilidad y compromiso. De igual modo, la CNDH solicitó que las fosas sean investigadas con conocimientos técnicos y científicos especializados, garantizando los derechos a la justicia y a la verdad de las víctimas y de sus familiares.

Además de resaltar las fallas del sistema penitenciario, el ombudsman recordó la situación de peligro que los migrantes enfrentan al cruzar nuestro país con Estados Unidos como destino. Por otra parte, González Pérez se pronunció en contra de la violencia de género y de la discriminación institucionalizada.

Durante 2016 “se hizo dolorosamente claro que, en México, el solo hecho de ser mujer es razón suficiente para sufrir agresiones y violencia que, inclusive, llega a la privación de la vida”. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, 6 de estos crímenes son cometidos al día en nuestro país. Es por ello que en 22 entidades se han iniciado procesos de alerta de violencia de género. Ésta se ha declarado en municipios de Chiapas, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León y Veracruz.

 

Ley de Seguridad Interior No Resolverá el Problema

 

González Pérez no evadió el tema más polémico de la presentación del informe: la militarización del país y la ley de seguridad interior que está discutiéndose en el Congreso mexicano. “La paz no sólo se opone a la guerra; se opone a la violencia y al recurso de la fuerza”, señaló el ombudsman, recordando que una posible Ley de Seguridad Interior no necesariamente solucionará la inseguridad, la violencia y la falta de acceso a la justicia que México enfrenta.

“La participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas no es lo más deseable, como tampoco lo es la emisión de la ley que se ha planteado”, dijo González Pérez. Las Fuerzas Armadas han cubierto funciones de seguridad pública durante los últimos diez años. Desde 2006, han desaparecido casi 30 mil personas en el país y 3,257 han sido asesinadas por las fuerzas públicas.

Ante tal situación, el presidente de la CNDH enfatizó que la seguridad de las personas debe estar a cargo de instituciones de carácter civil. “Las Fuerzas Armadas deben volver, cuando las condiciones del país así lo permiten, a las funciones que les son propia, pero bajo un programa gradual y verificable”, declaró.

Entre las cuestiones que deben atenderse para dar una respuesta eficaz a los problemas de seguridad en el país, se encuentran la debida capacitación de policías, la investigación patrimonial, el combate al tráfico de armas, el replanteamiento del sistema penitenciario y garantizar la autonomía efectiva del Ministerio Público.

“En caso de que se determine la pertinencia de elaborar una Ley en Materia de Seguridad Interior”, señaló González Pérez, “necesariamente se debería de tomar como premisa el reconocimiento y respeto a la dignidad de las personas, así como la vigencia del esquema de competencias y atribuciones que, en materia de seguridad pública”.

De igual modo, el Artículo 21 y la Fracción VI del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), referentes a la seguridad interior y defensa exterior, tendrían que ser tomados en cuenta. González Pérez también hizo hincapié en la necesidad de impedir que una ley como ésta atente contra la libertad de expresión o la libertad de tránsito.

La iniciativa de Ley de Seguridad Interior propuesta por los diputados César Camacho y Marta Tamayo, del PRI, permitiría que el Ejército, la Marina y a la Fuerza Aérea realizaran labores de vigilancia a través de “cualquier método de recolección de información”. Esto implicaría que las fuerzas de seguridad pública federal podrían intervenir comunicaciones y acceder a la información privada de cualquier persona sin que ningún control judicial se oponga a ello y sin la necesidad de rendir cuentas ante ninguna institución.

Otra iniciativa en la misma materia, presentada por Roberto Gil Zuarth, senador del PAN, otorgaría al presidente la facultad de incrementar la participación del Ejército en funciones de seguridad pública a partir de una decisión unilateral que no requeriría la aprobación del Congreso. Esta propuesta también establece que las empresas de telecomunicaciones deberían facilitar la vigilancia de las fuerzas de seguridad pública federal, poniendo en riesgo el derecho a la privacidad.

“Se daría una muestra clara de empatía con las víctimas y de sensibilidad a los reclamos de la sociedad, si con el mismo interés y empeño con el que actualmente se promueve el proceso legislativo para una Ley de Seguridad Interior, se impulsaran los procesos relativos a la leyes generales sobre desapariciones y tortura, se reconociera la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para recibir peticiones individuales y se elaborara una Ley sobre Desplazamiento Forzado Interno”, sentenció González Pérez.

 

Incremento 20 por ciento de Recomendaciones

 

De acuerdo con este informe, durante 2016, la CNDH emitió 72 recomendaciones a 55 autoridades, implicando un aumento del 20% con respecto a las recomendaciones emitidas en 2015. Las principales instituciones destinatarias fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad y la Secretaría de la Defensa Nacional. Sólo dos de éstas han sido cumplidas totalmente, 54 presentan un cumplimiento parcial y 14 han sido aceptadas sin ser cumplidas. Entre los derechos violentados se encuentran los relativos a la libertad de expresión y al medio ambiente sano. Las recomendaciones también trataron sobre materias como la tortura, la desaparición forzada, el uso excesivo de la fuerza y las detenciones ilegales.

González Pérez habló también sobre la situación de peligro que enfrentan los periodistas y las personas de defensoras de derechos humanos en México. Aunque existe un Mecanismo para su protección, esta instancia ha demostrado ser ineficiente y no contar con los recursos humanos necesarios para su adecuado funcionamiento. De acuerdo con el registro de la CNDH, 123 periodistas han sido asesinados desde el año 2000.

El ombudsman recordó que “lograr que las mexicanas y mexicanos cuenten con un entorno donde sea posible su coexistencia segura y pacífica, donde los derechos humanos no sólo se reconozcan, sino que sean vigentes, debe ser una prioridad en la agenda pública nacional”. De igual modo, recordó que el cambio del titular del poder ejecutivo de los Estados Unidos de América es una circunstancia que modifica el escenario de los derechos humanos en el mundo, con énfasis en nuestro país, hecho que deberá enfrentarse con acciones claras. “Si actuamos con responsabilidad y asumimos el compromiso que tenemos frente a México y su sociedad para consolidar una cultura de reconocimiento, respeto y defensa de la dignidad humana, estoy convencido que 2017 será el año de los derechos humanos en nuestro país”, finalizó el ombudsman.