Influyentismo voraz: retan a la justicia Flo, Leovi y Malova

Con sigilo, sigue adelante instalación de planta de amoniaco en aguas protegidas, apoyados en influencias sobre el gabinete federal

Ya sentenció la ley, pero la corrupción política la interfiere otra vez en Sinaloa, donde toda violación al marco jurídico es permitida y queda sin castigo.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente fue omisa en detener la obra de una planta de amoniaco en los humedales de la bahía de Topolobampo, respetando el amparo que en vía de hechos debe frenar definitivamente el proyecto que involucra influyentismo de políticos y mega empresarios.

La decisión de los tribunales resultó adverso a los intereses oscuros pero obvios del ex gobernador Mario López Valdez con Francisco Labastida Ochoa y Eduvigildo “Leovi” Carranza, con apoyo del ex gobernador Mario López Valdez, incluyendo al ex diputado federal Rubén Benjamín Félix Hays como oportunista beneficiario con el trafique de tierras ejidales para asiento de la obra.

Sin embargo, apoyados en la influencia de ese amasijo de intereses, los trabajos no se han interrumpido del todo, avanzando el rellenado de la bahía que atenta contra el equilibrio ecológico de la zona.

El delegado de la PROFEPA en Sinaloa, Jesús Tesemi Avendaño Guerrero, lo mismo que su antecesora, Patricia del Carmen Inzunza Alarcón, fueron acusados en el resolutivo judicial de violar la Constitución General de la República en el asunto que fue revisado por la justicia federal atendiendo una demanda de amparo de un grupo de ciudadanos en contra de la instalación de la industria que afecta humedales protegidos en la bahía de Topolobampo por convención internacional.

La sentencia debió bastar para la suspensión definitiva de la obra levantada sobre terrenos ejidales traficados por Félix Hays, que incluyó 27 hectáreas de la zona RAMSAR de la bahía en un lote de 100 hectáreas vendidas en casi 130 millones de pesos al empresario conocido como el “Zar del Atún”, socio y protegido de Labastida Ochoa desde su época de gobernador del estado.

A Labastida y Félix resulta del todo inconveniente mover la ubicación de la planta industrial porque no dejará el beneficio que obtienen del área comprada al ejido Rosendo G. Castro, complementada con el área mencionada dentro del humedal.

La resistencia ciudadana no es por la operación de la industria, sino por el sitio escogido para ella.

PALO A CRITERIOS CONVENENCIEROS DE PROFEPA Y SEMARNAT

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, en su incidente de revisión 127/2016, del 9 de marzo pasado, rechazó los alegatos de la PROFEPA, que postula los mismos criterios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sentenciando que el delegado “fue omiso en el cumplimiento de su mandato” al no frenar con el uso de sus facultades la destrucción del ecosistema.

Al respecto, el magistrado ponente, Jesús Enrique Flores González, afirmó que la procuraduría “debió haber levantado las correspondientes medidas de seguridad de urgente aplicación”.

El manglar fue arteramente dañado por la codicia del vendedor del terreno, Félix Hays; del inversionista y su promotor, “Leovi” Carranza y Labastida Ochoa, respectivamente.

La PROFEPA fue exhibida en su complicidad con los influyentes del capital y de la política, porque negó que la compactación del terreno destinado a la fábrica de fertilizantes afectara la zona protegida.

Por codicia, la delegación federal negó lo que constaba, incluso a ella.

Concretamente, el tribunal observó que en la zona protegida se realizan en el humedal nueve frentes de desecación, precisando que estos tienen forma de “pata de gallo”. Son las evidencias a cielo abierto que no vieron la PROFEPA y la SEMARNAT por la ceguera de la ambición de sus funcionarios.

Luego de secar el área arrebatada a la bahía, los constructores procederían al rellenado con material pétreo, sin consideración alguna para el hábitat de plantas y aves, y el área de reproducción importante para la actividad pesquera en la bahía del norte del estado.

DEBEN DETENER EL ECOCIDIO, PERO AUN NO RESPETAN SENTENCIA

La sentencia respectiva ordena a la PROFEPA “dictar de forma inmediata las medidas necesarias a efecto de detener el deterioro de las reservas naturales identificadas”.

Justificó esta decisión afirmando que “sería grave el daño que podría causarse a la colectividad sin la medida cautelar. Por eso se detuvo el deterioro de las reservas naturales”. En el lugar, enfatiza el documento oficial, “debe suspenderse cualquier trabajo”.

A pesar de esta resolución que rechaza los alegatos insostenibles de la procuraduría, continúa la obra de revestimiento en el sitio, por terquedad, por intransigencia y abuso del poder.

En este escenario de falta de respeto a la ley, así como a un resolutivo judicial, la obra continúa, a pesar de la grave afectación al humedal considerado el noveno en importancia en México.

OPCIONES PARA LA INDUSTRIA, PERO DEBE FAVORECER AL GRUPO DE FLO

El lastre político de la industria de fertilizantes es la obcecación dependiente del influyentismo corrupto que permeó a los gobiernos, de la República y del estado.

Labastida Ochoa movilizó por afinidad política las voluntades de los secretarios Pedro Joaquín Coldwell, Rafael Pacchiano Alamán e Ildefonso Guajardo Villarreal, de Energía, del Medio Ambiente y de Economía, respectivamente, para justificar la forma en que se abrió camino a la obra, con la que pretenden apoderarse de la mayor parte de la demanda nacional de fertilizantes.

A la lista de los implicados o cómplices se sumó en 2014 el ex gobernador Mario López Valdez, movido por los compromisos y la deuda política y/o financiera con Labastida Ochoa y el zar atunero.

Supeditando su obligado respeto a las leyes a una conveniencia inconfesable, Malova llegó a prometer con altanería que, a pesar del impacto ecológico y social “el proyecto va porque va”, evidenciando el autoritarismo y la prepotencia del fallido mensajero del “cambio” para Sinaloa, que sólo fue en reversa y en un mar de corrupción lesiva para el pueblo, incluso para aquellos que le dieron su confianza y las llaves del poder.

A través de Pacchiano, SEMARNAT y PROFEPA han sido instruidas para faltar a su principio y lema que pregona “La ley al servicio de la naturaleza”, una frase hueca que en los hechos se degrada en las prácticas diarias del gobierno federal.

La procuraduría llevo su claudicación y la defensa de los ecocidas hasta los tribunales, sólo para recibir una sentencia que le corrige la plana, al gobierno y a la camarilla del poder.

SI AL PROYECTO, PERO NO EN LA ZONA PROTEGIDA DE SINALOA

Las instancias ambientalistas que defienden la zona RAMSAR, como el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), del Instituto Politécnico Nacional, secundaron el movimiento ciudadano regional que acudió al amparo de la justicia federal para poner alto a la devastación realizada al amparo del binomio político-empresarial que se considera inatacable y por encima del interés de una región que ve amenazada su riqueza ecológica, su seguridad y la permanencia de sus actividades económicas.

Los pescadores del puerto de Topolobampo rechazaron la simplista solución que les ofreció Malova para aceptar la industria sobre la bahía, de dejar la pesca para pedir trabajo en la producción de amoniaco.

Recordaron al ex gobernador que prometió respetar los criterios populares en todas sus decisiones, lo que no ocurrió en este asunto.

Fue una promesa, dijeron, que estuvo en pie hasta que debió favorecer sus planes personales y los de sus aliados políticos y de negocios.