Ineficiencia e impunidad en POFECO Sinaloa

Jorge Alan Urbina Vidales dejo un testamento de impunidad, especulación e ineficiencia en la Procuraduría Federal del Consumidor -PROFECO- y su doctrina está siendo abrazada por la delegada de la dependencia, Adelaida Ayón Lares, para tronar la economía doméstica donde se consumen mercancías de la canasta básica incrementados en precios sin control, en más de cien por ciento mientras que estos mismos productos se pierden en los campos sinaloenses por su bajo precio.

La funcionaria estatal sostiene un doble lenguaje y prácticamente ha apadrinado un matrimonio entre el cielo y el infierno porque por un lado tiene la obligación de combatir la violación de precios de los productos que gravitan en el mercado regional, pero por otra parte voltea el rostro ante el abuso en los precios.

Desde el centro hasta el norte del estado los campos y caminos regionales están cubiertos por tomates, chiles, tomatillos que en los campos no tienen precio y son arrojados a los llanos, pero que en las tiendas departamentales están siendo cotizados hasta en 22 pesos el kilo.

El tomate no alcanza en el terreno de producción un precio de dos pesos, pero ante la negativa de PROFECO para vigilar que no se afecte el bolsillo del consumidor en el mercado esta hortaliza alcanza una cotización regular de hasta 16 pesos al consumidor cautivo y huérfano de protección oficial.

El mismo destino sigue la cebolla, que ha sido destruida en los campos porque su precio no llega a cincuenta centavos, mientras que a las cocinas de las amas de casas las tiendas de auto servicio las ofrecen hasta en siete pesos; el chile que también es destruido el consumidor se ve obligado a comprarlo a 18 pesos y al tomatillo, que a nadie interesa en las parcelas, las familias lo reciben a 14 pesos al momento de elaborar la comida.

La situación de la PROFECO es que se encuentra colocada como una dependencia especializada en el manejo del eje negro de los precios y en Sinaloa la delegada Adelaida Ayón Lares se encuentra convertida en una alumna adelantada de Maquiavelo e imitadora de las prácticas de Jorge Alán Urbina, porque en sus acciones está  dibujando el rostro del fracaso del gobierno federal en sus lucha aparente para amortiguar la inconformidad ciudadana producida por los desequilibrios entre el salario mínimo y el precio de los productos de la canasta básica.

Con Jorge Alan Urbina Vidales el gobierno federal demostró que no tiene puntería para designar a los delegados enviados a Sinaloa y con Adelaida Ayón Lares el atlas se dibujó peor que como estaba hasta el 3 de febrero del año 2017 cuando la funcionaria fue anunciada con bombo y platillo al frente de la dependencia  pero llego con la pólvora mojada y acotada por la camisa de fuerza que le fue colocada por la corrupción, la impunidad y la falta de interés por atacar directo al corazón la violación de precios practicada en todos los géneros comerciales.

PROFECTO ES PARTE DEL PROBLEMA DE LA CARESTÍA

Los delegados de PROFECO se convierten así en parte del problema de la carestía.

Además de las fallas operativas de los funcionarios de PROFECO en Sinaloa existe un clima de crisis económicas por que falta un PLAN B para solventar las dificultades y asimetrías que reinan entre los costos de producción y los precios al consumidor.

En suman no hay apoyos institucionales para consumidores y productores cuando estos cruzan por temporales de dificultad.

Un ejemplo de este descompuesto paisaje lo es el hecho de que en la entidad se le metieron esteroides a la producción de hortalizas para efectos de exportación, pero se dejó en el abandono toda estrategia de favorecer al mercado interno, donde ahora se estrellan los pronósticos de mejoría económica por que realmente no hay.

Como dato siniestro de lo mal organizado que está el control del mercado y la producción agrícola interna, se encuentra el hecho de que de las 600 mil toneladas a la sombra de tomate que Sinaloa ha producido en la actual temporada de hortalizas más de 500 mil toneladas fueron tiradas al ganado y colocadas fuera del alcance del consumidor para especular con el mercado interno y la mano siniestra de las tiendas de autoservicio tomó el resto de los volúmenes de esta legumbre para venderlos a precios que ofenden al consumidor.

Pero romper con la estandarización de los precios a nivel mundial no es un asunto que haga razonar a la PROFECO y a los propietarios de las tiendas de auto servicios ya que están en juego muchos intereses económicos en los que no entran las carencias de las familias mexicanas.

De acuerdo con cifras del Atlas Agroalimentaria 2015, tan solo la exportación de tomate generó ese año para México un ingreso de mil 250 millones de dólares, que no se reflejan en los productos de baja escala ni en los consumidores finales del volumen de esta cosecha destinada al mercado nacional.

Para expandir la sensación de la realidad ciudadana cabe hacer mención que en México el consumo per cápita de tomate subió de 9.9 kg en 2013 a 12.4 kg en 2016, pero ni aún así los funcionarios federales han entrado en razón para someter a quienes violan los precios y de esa manera amortiguar los golpes bajos que se lanzan a los consumidores.

Los hechos están mostrando que el consumidor no encuentra refugio en la PROFECO ya que las personas encargadas de las oficinas de la dependencia en las ciudades de Mazatlán y los Mochis se declararon incompetentes para resolver los problemas y reclamos de los consumidores, a quienes les dicen que es muy costoso atacar la violación a los precios y las anomalías de los comerciantes, porque dicen que no van a gastar dinero para solucionar los problemas que genera un kilogramo de tomate.

La problemática se ha generalizado y la PROFECO metió al consumidor en un callejón sin salida.

Los hechos demuestran que en esa procuraduría federal los funcionarios están anestesiados por el opio de la corrupción y la impunidad. Encontraron la casa sucia y la han ensuciado más.