Fugitivos, empresarios de la “casta divina”

Acabó el fuero abusivo e ilegal otorgado a Elizondo y De la Vega

En prófugos de la justicia se convirtieron los empresarios Héctor Alejandro Elizondo Macías y Rodolfo de la Vega Valladolid, demandados penalmente por su ex socio, Luis Puente Pérez, como presuntos responsables de fraude cometido con el saqueo y cierre del ingenio azucarero de Los Mochis, que disfrazó el mayor despojo inmobiliario perpetrado en una ciudad de Sinaloa para beneficio de una élite política y empresarial.

Al terminar la era dorada de la impunidad para los falsos rescatistas de la industria, Puente Pérez presentó querella en el Juzgado Segundo Penal de Jalisco, el 17 de febrero pasado. Ante la consistencia de los agravios reclamados por el contador público sinaloense, la instancia judicial envió oficio de colaboración a su similar de Sinaloa, el 9 de marzo para la detención de los principales directivos de la compañía.

Ante el riesgo de ser detenidos, Elizondo Macías y De la Vega Valladolid huyeron de sus domicilios hacia la ciudad de San Diego, el “santuario” del grupo político que gobernó el estado de 2011 a 2016, invirtiéndose la condición a que sometieron a Puente Pérez, amenazado por autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado durante el pasado sexenio, de que podría ser detenido por cualquier motivo en una de sus constantes viajes para reclamar dinero que invirtió en la empresa, más de 200 millones de pesos, que no ha recuperado.

El caso es una bomba de tiempo que llega también a los pies del ex gobernador Mario López Valdez, porque recursos del estado fueron entregados a los dos empresarios hoy perseguidos por la justicia, para “rescatar” el ingenio y liquidar adeudos con trabajadores sindicalizados, personal de confianza, transportistas y campesinos productores de caña, así como diversos proveedores que no han logrado recuperar el importe de insumos y servicios.

CASTA DIVINA EXPRIMIÓ LA FÁBRICA HASTA HUNDIRLA

Elizondo y De la Vega representan la “casta divina” dentro del sector privado sinaloense, que concentró poder y ganancias sin límites durante el anterior sexenio.

Grandes negocios, como el saqueo de la industria del azúcar, fueron perpetrados por el grupo al que pertenecen los mencionados ex “industriales”.

El caso concreto de Puente Pérez se refiere al despojo que sufrió éste como socio de la nueva empresa que asumió el control de la fábrica en 2011, con el apoyo del gobernador Mario López Valdez.

En sus alegatos, el contador público expresó que sus socios mostraron pronto, antes de dos años, sus verdaderas intenciones de exprimir al límite las posibilidades de la producción del dulce y luego pasar a la fase más rentable de su plan: fraccionar las 17 hectáreas que ocupa el ingenio en el centro de la ciudad y venderlo a su conveniencia y beneficio exclusivo.

Hoy, el ingenio es una estructura de chatarra, gradualmente desmontada sobre un predio que va ocupándose con edificios públicos y negociaciones de distintos giros, que compraron a los que se apoderaron de la compañía azucarera con el beneplácito del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y la gestión de Malova.

La factoría y su extenso terreno fueron entregados en un mismo paquete, casi como un regalo del entonces presidente al senador priista sinaloense, que “chaqueteó” al PRI cuatro años después para ser su candidato y luego ejecutivo del estado, Mario López Valdez, a quien nunca dejó de premiar como “guarura” que le cuidó el físico en la caldeada toma de posesión del michoacana en diciembre de 2006.

El proyecto de “rescatar” el ingenio que entregó el Grupo Aga es atribuido a Guillermo Elizondo Collard, padre de Héctor Alejandro, que así cobró parte de la deuda considerable que adquirió Malova con el patriarca del Grupo Ceres, por el apoyo moral y financiero que dio al proyecto político del ex mandatario estatal.

El compromiso para apoderarse de la empresa Compañía Azucarera de Los Mochis y Agrícola Ohuira, fue una ganga, consistente casi en pagar la rehabilitación de la vetusta maquinaria que dejaron los anteriores dueños de la empresa emblemática.

ELIZONDO Y DE LA VEGA MOSTRARON PRONTO SU VERDADERO PLAN

Elizondo y De la Vega montaron la farsa de que devolverían la industria azucarera a manos sinaloenses, reactivándola para sostenimiento de 2,000 empleos, directos e indirectos, y de la dinámica que generaba en el comercio local.

La instalación de los nuevos propietarios de la CALMSA, que se presentaron como héroes locales que arriesgaban fortuna en un proyecto incierto, se realizó en un acto público que congregó a la clase política gobernante y a sus socios del sector privado.

Pero muy pronto, al cabo de dos zafras, empezaron a mostrar sus verdaderas intenciones.

El manejo de la producción de azúcar quedó a cargo de Elizondo padre, que así obtuvo todas las utilidades de la venta y distribución del dulce dentro y fuera del país.

En la decrépita CALMSA y Agrícola Ohuira sólo dejaron los gastos del aparato administrativo de alto costo y las deudas que empezaron a acumularse con la base laboral y prestadores de servicios, infinidad de negociaciones que no pudieron recuperar el pasivo que les dejó en las manos la “casta divina”, como si la sociedad debiera pagar el “esfuerzo” de ese reducido grupo de privilegiados.

DIRECTORIO DE ÉLITE O DE CLASE MUNDIAL

Sin respetar los principios y los fines originales de la sociedad que formaron, Elizondo y De la Vega crearon un cuerpo directivo con familiares y amigos, pagándoles sueldos de hasta 300 mil pesos mensuales y viáticos. Cargos gerenciales y de director, sólo para sostener una “corte palaciega”, fueron excesos para acelerar el fin del sangrado financiero hasta el último peso.

Al mismo tiempo, empezaron a incumplir el pago de salarios a los trabajadores y empleados de confianza, así como las demás obligaciones con proveedores, campesinos y acarreadores de la materia prima del campo a la molienda.

Luis Puente Pérez denunció públicamente los desvíos y excesos de sus socios.

Trató de rescatar su participación en la empresa, pero no fue escuchado.

En cambio, fue segregado del consejo creado con los socios, excluyéndolo de las reuniones deliberativas de lo que debía hacerse en el ingenio.

Pidió la liquidación de la sociedad y la devolución de sus aportaciones, pero estas le fueron negadas.

AMENAZA DEL ESTADO Y DE SU APARATO JUDICIAL Y POLICIACO

El “socio incómodo”, como fue conocido Puente Pérez, bien pronto sintió la amenaza del estado, de su ejecutivo y del aparato judicial y policiaco bajo su mando.

Estaba tocando intereses de la élite de la clase pudiente y protegida por el régimen, que cobraba sin recato el apoyo al gobernador.

En 2013, Puente vio perdida toda batalla en los tribunales sinaloenses porque ningún juez se atrevió a darle curso a una demanda y hasta el procurador Marco Antonio Higuera Gómez dejó huella clara del lado en que estaban las “fuerzas del orden”.

El empresario tomó lectura de la amenaza directa de Elizondo y De la Vega, y de la implícita del procurador.

Vaticinó públicamente el cierre de la molienda y denunció que el verdadero objetivo del “rescate” de la fábrica era -y es- fraccionar el terreno de alta plusvalía y venderlo al mejor postor, como está ocurriendo de hace tres años a la fecha.

Así empezaron a erigirse sobre los restos del ingenio, restaurantes, grandes mueblerías, locales para oficinas, salas de cines, agencias automotrices, plazos comerciales y, las joyas del negocio inmobiliario: el teatro de la ciudad y el museo infantil “Trapiche”, que se realizaron gracias a que el gobierno de Malova pagó 90 millones de pesos por 25 mil metros cuadrados, que se tiñeron de un falso apoyo a un problema social, porque ese dinero serviría para pagar la deuda de la “casta divina” con la economía regional.

Ese recurso llegó sólo a los bolsillos de los dueños del ingenio, engañando al gobernador generoso con el clan, demostrando que algunos capitales no respetan ningún compromiso que no sea el afán de la máxima ganancia posible.

Obreros, funcionarios, cañeros, transportistas y proveedores debieron seguir esperando la recuperación de su dinero.

A los primeros, el gobierno del estado y el municipio de Ahome ofrecieron despensas pretendiendo que así podrían asegurar la paciencia de los azucareros, abandonados incluso por su sindicato, sometido bajo la presión de las autoridades locales.

Los trabajadores y toda la economía que giraba en torno al emporio que nació en 1903, se extinguieron antes de que concluyera el sexenio que auspició y sentenció su muerte, sólo para pagar favores políticos personales a dos familias pudientes.

MALOVA TENDRÁ QUE RESPONDER A ACUSACIONES DE PUENTE

De acuerdo con declaraciones del demandante de Elizondo y De la Vega, también Mario López Valdez tendrá que responder por la parte de responsabilidad que le corresponde en el enorme fraude cometido con el “rescate” y fin último de la industria azucarera del norte del estado.

Puente Pérez manifestó reiteradamente que, sin ese apoyo del mandatario, el abuso cometido por el dueto de los privilegiados no hubiera tocado los extremos que alcanzó.

Borrar el emblema regional, la fuente de trabajo de miles de familias y timar a pequeños y medianos empresarios que servían a la industria, sólo para hacer más ricas a dos familias y arrebatarles también a éstas parte del beneficio, es una infamia que llega mucho más lejos que un mero delito del fuero penal.

Se trata del negocio inmobiliario de mayor costo social que ha sufrido Sinaloa en toda su historia.