Campesinos, solo carne de eventos políticos

Diputados federales del PRI, PAN y PANAL, traicionaron al campo y sólo hacen negocios personales

Los grupos indígenas de Sinaloa, sus costumbres y formas de vida fueron colocados como bocados políticos por legisladores federales que viven de la cacería económica cargando el costo de sus riquezas a los contribuyentes del estado.

En el menú servido a la carta por los Partido Revolucionario Institucional, de Acción Nacional y Nueva alianza se colocaron terrenos parcelarios y propiedades ceremoniales de las comunidades indígenas para la mesa del banquete de aquellas personas que reconstruyen latifundios bajando recursos económicos de programas federales que se esconden a las etnias para alimentar la corrupción institucionalizada en los tres niveles de gobierno.

En las reformas elaboradas a los artículos de la ley agraria mexicana, 500 diputados federales del país y 128 senadores decidieron, como si se tratara de un juego de azar el destino de la población rural del país y colocaron como campo de entrenamiento a los territorios de los grupos étnicos que se resisten a abandonar sus usos y costumbres, pero que bajo engaños se les pretende despojar de sus terrenos.

Sinaloa cuenta con una alineación de diputados federales compuesta por Bernardino Antelo Esper, Germán Escobar Manjarrez, Gloria Himelda Félix Niebla, Paola Iveth Gárate Valenzuela, Jesús Enrique Jackson Ramírez, David Epifanio López Gutiérrez, Evelio Plata Inzunza, Martha Sofía Tamayo Morales, Jesús Antonio López Rodríguez, Nadia Haydee Vega Olivas, José de Jesús Galindo Rosas, Carmen Victoria Campa Almaral y Manuel Jesús Clouthier Carrillo, pero todos y sus partidos le han dado rostro de fracaso a la modernidad legislativa.

Todos los legisladores sinaloenses se vistieron de tahúres. Inclinan sus jugadas legislativas hacia donde encuentran utilidades económicas, aunque tengan que traicionar sentimientos y miramientos hacia la patria.

La cinta serpenteante del Rio Fuerte está integrada por páginas de abusos hacia las comunidades y en el retrato de criminales responsables de su pobreza aparecen funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos, federal, estatal y municipal.

El mismo leguaje de corrupción llena las estampas de las zonas de Guasave, Sinaloa de Leyva y demás territorios del estado, donde funcionarios públicos y legisladores bailan mambo sobre la constitución general, la ley agraria y demás cuerpos de leyes, cuyas entrañas y articulados son vilipendiados porque no son atendidos en sus propósitos y el consejo de la judicatura federal y la Suprema Corte de Justicia voltean el rostro para no espinarse tratando de brindar justica y cuidar el corazón del funcionamiento de las costumbres y la propiedad de las comunidades indígenas del estado y del país.

GRUPOS ETNICOS LIBRAN LUCHA SOLOS

Para mantener sus derechos y sus propiedades los grupos étnicos prácticamente están desarrollando una lucha en el desierto en donde los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales se volvieron en su contra y les cierran las puertas de salida a una solución, porque tampoco han intervenido tribunales internacionales en defensa de los ciudadanos indígenas.

En las comunidades de Tehueco, Tesila Mochicahui, Constancia, Jahuara primero y segundo y otras colocadas  en el  municipio del Fuerte, lo mismo que en el centro y sur del estado, se han detonado conflictos activados por agricultores no relacionados con los grupos étnicos, que han chocado al medir terrenos de los que se han apropiado ilegalmente, arrebatándolos a sus dueños originales con engaños y que ahora pretenden registrar como propios mediante el sistema de la corrupción de cuerpo presente que funciona en el servicio público.

De acuerdo al rostro del conflicto que se dibuja en el robo de terrenos los agricultores que se han metido con engaños a esas comunidades, las quieren transformar en pequeñas propiedades y para ello utilizan los esteroides económicos que les sirven temporalmente a la mesa a notario públicos que escrituran los trasiegos de los predios ocultando a las autoridades que el consentimiento fue arrancado con vicios a los indígenas y por tanto son nulos estos acuerdos.

LOS NOTARIOS, PARTE DE LA CORRUPCIÓN

Es decir, en la corrupción implementada para cometer crímenes contra la propiedad rural e indígena los notarios públicos también chapotean y son el condimento que le da sabor al caldo en los procesos de despojo de terrenos. En Sinaloa, la corrupción no excluye a los fedatarios, que avalan toda clase de despojos. El control de los notarios es laxo desde hace muchos años, por lo menos desde el sexenio de Renato Vega Alvarado.

El robo a mano armada de terrenos parcelarios también es un paisaje común en la zona rural, a donde los agricultores preferidos del gobierno del estado llegan acompañados de policías y guaruras pagados por los contribuyentes y bajo amenazas de prisión o muerte debilitan la resistencia de los campesinos a quienes obligan a desprenderse de sus predios.

Es decir, se está creando un latifundio a sangre y fuego que solo sufren los productores agrícolas pobres.

En el espectáculo de abusos se ha introducido también una dosis siniestra de la inyección gubernamental. Ejemplos hay muchos.

En una escena de hambre y necesidad es común ver a los grupos de campesinos buscando válvulas de escape para sobrevivir y se convierten en carne de cañón política y monedas de cambio para ganarse despensas que les detenga temporalmente el chillido de sus tripas.

OCUPACION DE LOS POBRESS: CARNE DE MITIN A CAMBIO DE TORTAS

El retrato más fresco y triste de la lucha por la despensa se pintó de la mano de los alcaldes de Ahome y el Fuerte, Álvaro Ruelas Echave y Nubia Ramos Carvajal, respectivamente, que a falta de poder de convocatoria y su precario acercamiento con los ciudadanos, ofrecieron tortas y refrescos en los campos más pobres de sus alcaldías para aquellos campesinos que asistieran a un evento encabezado por el gobernador, Quirino Ordaz Coppel, en vísperas de semana santa en la ciudad de Los Mochis.

Se les había prometido también que, por asistir se les incluiría en los programas de distribución de despensas.

Al final del cuadro montado para el evento del gobernador no llegaron las tortas ni el refresco. Hasta la posibilidad de una despensa se aleja en la distancia. La carne de mitin no tiene ningún derecho. Ni a mendigar.

Es la “justicia social” que prometieron los gobiernos, federal, estatal y municipales.