Aguas: en Transportes ven atractivo el saqueo modelo Ramírez 2011-2016

”Kory” cerca de ser citado a cuentas; Más malovistas a negocio inmobiliario

Si el gobernador Quirino Ordaz Coppel supone que terminaron las rapacerías en la Dirección General de Vialidad y Transportes con la salida de Domingo Ramírez Armenta, vale más que lo piense dos veces antes de darlo por hecho.

Las buenas intenciones de sanear la dependencia, expresadas para consumo de la opinión pública por Guillermo Damián Haro Millán, deben ser tomadas como lo que son: simples palabras, que no son congruentes con los hechos… todavía.

Los casi 100 días iniciales del gobierno del estado no han sido suficientes para darle nuevo curso a los servicios y programas de la dependencia que Mingo Ramírez dejó devastada.

Esta persistencia de las mismas rutinas propicias para la corrupción, puede obedecer a dos razones: una, que Haro Millán es lento para actuar y, dos, que ya se dio cuenta del filón de beneficios -mal habidos- que puede explotarse en el transporte con el disimulo y que puede prolongarlas si comparte el fruto prohibido.

Además, Haro Millán está sujeto a fuertes presiones externas para que respete las tropelías de su predecesor, porque los favorecidos con nuevas concesiones emitidas ilegalmente significaron “moches” que los afectados no están dispuestos a perder sólo porque llegó otro director general.

Les devuelven su dinero o les confirman los nuevos permisos. Es el dilema para esta administración.

Es decir, está planteada la posibilidad de renegociar los entuertos de Ramírez Armenta para que no haya revocaciones.

Vale más que el ejecutivo vigile las manos de las autoridades en Vialidad y Transportes, y que ponga a trabajar a su fiscalizadora panista para que enseñe que tanto conoce de la transparencia y hasta donde puede llevarla.

Esto, por el bien de la administración pública que aún no se justifica ante los sinaloenses.

¿QUÉ PASÓ EN LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS DE SINALOA en el periodo de 2014 a 2016?

Si no hay reacciones nunca será bastante repetirlo: alcaldes panistas y priistas se dedicaron con idéntico afán a saquear los recursos financieros que les fueron encomendados, con total complacencia del gobernador Mario López Valdez y del Congreso y de la Auditoría Superior del Estado.

Fue algo sin precedentes, como si hubiera existido un pacto secreto entre los elegidos para las alcaldías en 2013, a fin de pagar el apoyo del ejecutivo en las urnas dedicándose al desvío de fondos y hasta al franco peculado para compartir el botín.

Pero al fin empieza a ganar terreno la decisión de llamar a un ajuste de cuentas a uno de los más implicados: Armando Leyson Castro.

Desgraciadamente, no existen en nuestro país recursos ni capacidad suficientes en los círculos oficiales para desentrañar semejante enredo financiero, con “copetes” inauditos como el alcanzado por la pasada administración de Guasave. No pueden o no quieren.

El cúmulo de irregularidades cometidas por el gobierno de Armando Leyson Castro, presentadas en Proyecto 3, son las que más daño causaron al erario público y están forzando al ejecutivo y al legislativo del estado a llamar a cuentas al ex presidente municipal de Guasave.

Más que la voluntad política de las nuevas autoridades, pesa en esta decisión la insistente demanda ciudadana de castigar a los responsables del saqueo perpetrado en el trienio anterior.

Gran parte del dinero que hace falta en la tesorería de Guasave quedó en inversiones hoteleras realizadas por “El Kory”, en sociedad con su director general de Obras Públicas, Domingo Mexía, en Todos Santos, Baja California Sur, confiados por completo en un amparo que nada tiene que ver con la ley y la justicia: el de Mario López Valdez, que se ensañó con Guasave como nunca antes lo hizo un gobernador del estado.

Si Leyson deberá responder por el saqueo cometido en su “querido” municipio, que por su estructura administrativa estatal, principalmente de seguridad pública y procuración de justicia quedó relegada al nivel de una sindicatura, otro u otros alcaldes, sobre todo priistas, también deberán ser sometidos al escrutinio de la justicia.

Destacan en el elenco de la corrupción, Sergio Torres Félix, el compañero incómodo de la clase política tricolor, y Arturo Duarte García, viajero frecuente coludido con toda clase de negocios que afectaron a Ahome.

Pero el más inmediato a una comparecencia ante la justicia es el guasavense, que juró lealtad eterna a quien lo hizo alcalde luego de dos intentos fallidos por repudio de la gente.

Si Leyson declara que todo se debe al caos que recibió de Ramón Barajas, veremos un hecho insólito si ambos presentan sus respectivos números, para confrontarlos con el fin de dilucidar quien tiene razón.

DE PRIMERA MANO PODEMOS SEÑALAR QUE EL NEGOCIO INMOBILIARIO que beneficia a la élite política y empresarial de Malova, está en vías de integrar a otras figuras del régimen pasado en el reparto del “pastel” en que convirtieron a la industria azucarera del norte del estado.

Si antes se propició un negocio en el que sólo ganaron Alejandro Elizondo y Rodolfo de la Vega, al parar el ingenio y empezar la venta de solares como verdadero fin del apoderamiento de la empresa, ahora trasciende que llegan otros socios para hacer más fuerte el blindaje que permita la corrupción.

Trasciende DE PRIMERA MANO que muy pronto aparecerán, con los empresarios mencionados, otros socios, concretamente, Bernardo Cárdenas padre, el que “presta” el Masserati a Mario López Valdez en sus estancias en San Diego; el empresario radiofónico que tiene línea directa con el grupo, Manuel Pérez Muñoz, y el ex presidente municipal, Arturo Duarte García. Por lo menos ellos, aunque no se explica por qué no están en la lista Gerardo Vargas Landeros y Leonardo Félix Gutiérrez, el proveedor de las Nalopatrullas.

Las 17 hectáreas de la fábrica en el centro de Los Mochis, darán cabida, si los planes de la “casta divina” avanzan y se sostienen, a hoteles de cinco estrellas, nuevas plazas comerciales y al fraccionamiento más exclusivo que se haya visto en la ciudad, tanto o más que el referente de La Primavera, en Culiacán.

EN EL PRI SE AVIZORA EL CHOQUE CHUY VALDÉS-MARIO ZAMORA por la primera posición en la fórmula que competirá por llegar al Senado de la República.

En previsión de que los opositores arrasen al tricolor, lo que es cada día más probable, la plaza número uno en la combinación es determinante para asegurar un escaño, aunque sea como primera minoría.

Las mujeres tendrán su lugar en la propuesta, pero no garantizan mayor fortaleza. Están descalificadas figuras como Rosa Elena Millán Bueno, que encabeza la oferta del sector femenil que deberá ser tomada en cuenta.