Un caso difícil

Ciertamente estamos en una sociedad plural e incluyente, con presencia de organismos ciudadanos y agrupaciones de tipo defensoras de las mujeres, de personas diferentes en preferencia sexual y religiosa, aunque estas últimas navegan entre la calma y lo borrascoso de la apertura de los humores sociales. Todavía, de hecho, en esta materia de la diversidad y preferencia sexual, falta mucho camino por recorrer. Aunado a todo lo anterior estarían también los grupos tradicionales constituidos, unos al amparo del poder en turno y otros apenas son atisbos organizativos, que pugnan por conseguir un lugar en el mosaico denominado genéricamente como sociedad.

Es en esta perspectiva que adquieren plenitud grupos empresariales con sus intereses particulares, provenientes de la rama económica en la cual se desempeñan, la existencia de grupos defensores de los derechos humanos, y hasta promotores del rescate de la vida de seres apenas concebidos, o bien de quienes aparecen bajo la figura tétrica de desaparecidos. La complejidad de la corriente social es manifiesta y vigente en los ámbitos más heterogéneos.

La responsabilidad de un gobierno abarca a todo este conjunto de grupos, sin distinción de colores y preservando siempre el ejercicio de sus libertades, consagradas en los textos constitucionales nacionales, e incluso internacionales. Este tipo de sentencias y expresiones resulta más fácil plasmarlas que llevarlas a la práctica; sobre todo, si quien pretende ejercer la tarea gubernamental procede del ámbito empresarial. El ejemplo a la mano es el caso de Donald Trump, quien ha tenido que pagar un gran costo en su credibilidad y aceptabilidad, por los titubeos y desaciertos de su ejercicio al frente del país más poderoso del mundo, debido a un comienzo dirigido a su base de votantes y no a la diversidad a tomar en cuenta ya como responsable de los destinos de su país, durante los próximos cuatros años.

Guardadas todas las proporciones en Sinaloa se está presentando un caso peculiar con el nombramiento del Fiscal, en lo que respecta a su designación. Se afirma que este funcionario debe provenir de las filas sociales para evitar cualquier tipo de dependencia del Ejecutivo y puede entreverse, desde un principio, la contradicción flagrante. En efecto, el Fiscal será parte del poder Ejecutivo, pero por la forma en que los grupos sociales buscan que sea nombrado, surge la interrogante acerca de ante quien este funcionario tendrá que rendir cuentas, es decir, ante los grupos que claman que responda a las inquietudes sociales, ante los legisladores que votarán para investirlo de legitimidad, o ante el ejecutivo, ante quien, formalmente quedará integrado?

El tema no es menor, porque la problemática que le tocará atender es la más difícil de todas, porque tiene que ver con el fenómeno de la violencia y la inseguridad, que en los últimos días se han agudizado en la entidad y cuentan con una permanencia histórica.

Si el fiscal falla en su cometido ya tendrá el escudo de los grupos para justificar su ineficacia, pero si obtiene resultados y reduce el índice de delitos, obviamente será a costa del apoyo de recursos de todo tipo, provenientes del área del poder ejecutivo, ante quien también necesitará rendir cuentas por el manejo de los recursos otorgados.

El caso no es tan simple como claman algunos, porque si hay fracaso de este funcionario, la culpa recaerá, pero por supuesto, en el ejecutivo; pero si sale victorioso el mérito se lo llevarán las agrupaciones que tuvieron a bien empujar para su designación. Por eso, me parece, que todavía falta camino para encontrar la fórmula que permita quitar la responsabilidad administrativa que el gobierno tiene en la designación del fiscal, y pertinente la intervención del gobernador en torno a quien resulte ser el agraciado. Vaya que este caso es difícil.