Transas en transportes ¿sólo de Mingo y Liparoli?

Los cientos de concesiones de transporte público, muchas cobradas y no entregadas, implican responsabilidades que se extienden al ex gobernador Mario López Valdez.
El proyecto exclusivo del anterior mandatario era crear un nuevo “pulpo” camionero en Sinaloa que desplazara a las uniones en servicio desde hace casi 65 años, edad de Norte de Sinaloa, alianza integrada por 120 socios que en ese periodo obtuvieron 160 permisos.
En la despedida de Malova del poder, fueron repartidas más de 100 concesiones para movilidad de pasajeros a personas que no son identificadas como transportistas por los actuales permisionarios del estado, de todas las modalidades, lo que implicaría un afán de empoderamiento en el servicio público de un nuevo monopolio subordinado o comprometido con el ex gobernador.
Además, en los manejos de la Dirección General de Vialidad y Transportes se cursaron promesas de concesión que no se cumplieron, pero sí se cobraron, en dos organizaciones de carga, una de El Carrizo, con 85 permisos, que se pagaron a razón de 100 mil pesos por cada uno, en tanto que en el Evora, en los municipios de Badiraguato, Mocorito, Angostura y Salvador Alvarado, fueron entregados a fines de diciembre pasado 75 concesiones que supuestamente fueron autorizadas con firma del gobernador el 30 de marzo de 2011. También debieron pagar “el moche” de 100 mil pesos por unidad autorizada en las horas finales del sexenio.
Los dueños de la mitad de estas últimas documentaciones no han realizado el trámite de emplacado de vehículos de carga porque las recibieron sin poseer un camión o tractocamión, lo que indica el desvío de permisos a personas ajenas a la actividad.
Las operaciones ilegales del actual diputado local Jesús Antonio Marcial Liparoli y del ex director de Vialidad y Transportes, Domingo Ramírez Armenta, no pudieron realizarse hasta sus consecuencias últimas -el cobro de “moches” por permisos, llegaran o no al solicitante- sin la autorización del firmante único, el jefe del ejecutivo.
Cientos de concesiones fueron concedidas al margen de los requisitos legales, con casos concretos de documentación cobrada pero no entregada al incauto gestor.
En el festín del engaño y el timo, se involucró hasta un hijo de Ramírez Armenta, señalado de cobrar por adelantado permisos que no pudo entregar por motivos que no fueron explicados a los “clientes”.
ÓRDENES DIRECTAS DE MALOVA A MINGO Y LIPAROLI
En la cúspide de la pirámide del poder sobre Vialidad y Transportes, se encontraban el gobernador Malova; el secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, y el subsecretario Jesús Antonio Marcial Liparoli.
Información recabada en el círculo de la dirección general, indica que tanto el titular de esta dependencia como el subsecretario Marcial Liparoli, presumían de recibir órdenes directas del jefe del ejecutivo, y que era López Valdez quien decidía a quien otorgar y a quien negar el beneficio.
Debido a esta decisión unilateral del mandatario se debe que Ramírez Armenta y su hijo, Domingo Javier Ramírez Favela, no pudieran cumplir con los compromisos contraídos por ellos directamente, con solicitantes de permisos para prestar servicio de aurigas en Mazatlán, y de carga en otras regiones del sur y de la zona norte.
El representante de estos afectados dice disponer de audios y otros testimonios de las conversaciones con el hijo del funcionario, así como copias de los pagos que le realizaron.
Bajo presión de una demanda judicial y del escándalo consecuente, Ramírez Favela inició la devolución de 300 mil pesos que recibió de “enganche”, en módicos abonos, de hasta 5 mil pesos.
Sin embargo, Ramírez Favela está en riesgo de ser demandado penalmente si no devuelve íntegramente los anticipos que por 300 mil pesos obtuvo por “el favor”, con pleno conocimiento de su padre, el director general.
CONCESIONES IRREGULARES PARA SERVICIO DE PASAJE
La nueva concentración de concesiones para el transporte de pasajeros se realizó violando la ley del ramo, por voluntad y capricho de Malova, ya que se autorizaron nuevos servicios sobre la carretera Internacional, de jurisdicción federal, utilizando sólo permisos estatales.
De acuerdo con la normatividad, mover pasaje en vía federal de cualquier región del país, obliga la obtención de una autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que para ello expide las placas que identifican a esta dependencia del gobierno de la República.
En el caso de las rutas autorizadas por Malova sobre la México 15 algunas unidades muestran placas del estado y otras aun no tienen las láminas, es decir, sin el debido trámite.
Esto sólo podría permitirse si el gobernador de un estado consigue, por influencias al margen de la ley, forzando a la SCT a violentarla, asegurándose el apoyo del secretario, en este caso, de Gerardo Ruiz Esparza.
Por estas inconsistencias, la lluvia de concesiones firmadas por Malova pueden ser motivo de un procedimiento judicial, que por fuerza desatará otra crisis que pone a Quirino Ordaz en el dilema de investigar el fondo del asunto y decidir si al menos ahí actúa contra una resolución de su predecesor.