Sinaloenses en la pgr por saquear Sagarpa

 

Los nombres de al menos 13 sinaloenses que hasta finales de 2015 estuvieron en la nómina de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), tanto en el sector central como en las delegaciones en los estados, aparecen en expedientes abiertos por la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos actos de corrupción.

Por razones de secrecía en las averiguaciones previas, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Servidores Públicos de la PGR guarda bajo reserva los nombres de los presuntos implicados.

Únicamente de la Sagarpa, podrían ser más de 200 los  funcionarios -desde subsecretarios de estructura hasta jefes de unidad- los sujetos a investigación. Son la podrida herencia que dejó el ahora embajador en Cuba, Enrique Martínez Martínez.

La propia PGR, sin embargo, duerme con el enemigo. En los últimos meses de gestión de Aracely Gómez y en los que lleva en el cargo Raúl Cervantes, han sido purgadas casi un centenar de Agencias del Ministerio Público cuyos titulares andaban en malos pasos.

De acuerdo con nuestras fuentes en la Ciudad de México, son más de seis mil funcionarios de la actual administración y las correspondientes de los estados los que se encuentran a salto de mata.

Algunos de los que sienten la lumbre en los aparejos andan en busca del secreto empleado por el veracruzano Javier Duarte de Ochoa, convertido en ojo de hormiga durante más de 100 días; otros han buscado protegerse con recursos de amparo, denegados hasta ahora porque jueces de distrito o magistrados federales les exigen probar fehacientemente pruebas de que existan órdenes de presentación o aprehensión en su contra.

Lo más grave del asunto, es que no pocos de los servidores del Estado investigados han sido reubicados por el Peñismo en otras áreas del mismo sector público o en comisiones del PRI, lo les brinda Patente de Corso para seguir perpetrando sus felonías contra el erario público.

La mayoría de las causas por corrupción han sido notificadas a la PGR por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, como resultado de la revisión de las Cuentas Públicas de Enrique Peña Nieto. Algunas subsisten de los últimos años de Felipe Calderón.

En menor proporción, están algunos expedientes promovidos por la Secretaría de la Función Pública (SFP),  antes de que asumiera su titularidad Virgilio Andrade, quien se dedicó sólo a tapar los excrementos con la mano del gato.

Otro dato relevante de esos procesos administrativos, en vías de convertirse en penales, es que algunos transgresores, advertidos de los inminentes riesgos, lograron que los partidos en los que militan los metieran en las cámaras del Congreso de la Unión para protegerlos con el fuero.

En el caso de la Sagarpa, los quebrantos al patrimonio público se generaron en la gestión de programas con partidas incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Sólo en algunos expedientes revisados, la ASF encontró desde falsificaciones de operaciones bancarias hasta asignaciones a empresas fantasmas, hasta por más de mil 600 millones de pesos,  etcétera.

No precisan nuestras fuentes si al ex titular de Agricultura y Ganadería se le permitiría ampararse en la inmunidad diplomática, pero si existen evidencias de que ex gobernadores de distinto partidos o gobernadores en funciones están implicados en la polla de la corrupción.

En esa fiesta de pudrición, despachos privados especializados en Auditoría y Control Externos y la propia ASF han descubierto otra rica veta de manoteo al través de las Asociaciones Público-Privadas (APP))

De acuerdo con estudios de esas instituciones, especialmente los gobiernos de los estados han encontrado en la figura de las APP un burdo método para encubrir en los contratos para el financiamiento de obras de infraestructura o servicios con pago diferido, la forma de ocultar sus propias deudas.

En ese caso, al llegar al límite de la insolvencia, eso que ahora se contabiliza “deuda contingente” puede pasar a convertirse en “deuda pública” con cargo a los contribuyentes con un solo acto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Existen ya pavorosos casos documentados como el del Fobaproa-IPAB.

En un análisis comparativo, en las operaciones de las APP se reproduce la vieja pero eficaz escuela de fondos y fideicomisos públicos que por mucho tiempo ocultaron sus marranadas a la sombra de los secretos bancario y fiduciario.

Sólo en un ejercicio fiscal, se encuentran fugas de recursos públicos por más de 35 mil millones de pesos, con el agravante de que en esos enjuagues se llevan la parte de león los contratistas privados, en cuyas empresas, por su régimen constitutivo, es más difícil la acción fiscalizadora de órganos del Estado.

Desde el punto de vista de los profesionales privados de la Contabilidad Pública, deben tomarse acciones cautelares como la expedición de una Ley General del Gasto Federalizado.

Lo que propone la ASF por su lado, es diseñar una nueva metodología para que la aplicación de los recursos contratados por prestadores privados de obras y servicios sea más transparente y auditable.

Lo cual está muy bien, pero en la práctica lo que ocurrirá es que, para cuando se procesen y se pongan en vigor esas iniciativas los rapaces del gobierno ya se habrán ido con el santo y la limosna, toda vez que, sin Fiscal especializado, que se nombrará hasta que hayan pasado las elecciones de junio, el Sistema Nacional Anticorrupción es mera letra muerta.

De lo que se concluye que el Peñismo está terminando como una verdadera e impune Escuela de Rateros, pues los expedientes abiertos por la PGR duermen el sueño de los justos; justos pero insaciables.

Álvaro Aragón Ayala

Conductor del programa de radio Ruta Mexico y analista politico en Radio UAS, Diario de Sinaloa y Director Ejecutivo de Proyecto 3.