No hubo fuga de “presos”, únicamente mudaron de domicilio

El general retirado Arturo Robles Casillas, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, levantó la jarana social cuando discurseó, muy mal por cierto, en una conferencia de prensa, en torno a la aparente fuga de “reos” del penal de Aguaruto. “Que son más de 2 mil 400 personas que están privadas de su libertad”; “que no es cárcel federal”: en fin, escalada de justificaciones que únicamente mueven a carcajada. Sí, a risa, porque hace mucho ni las autoridades ni las instituciones de seguridad gozan de credibilidad social.

Quizá, tal vez Robles Casillas no sabe en qué Sinaloa vive. Quizá, tal vez, podría ser que el secretario de Seguridad Pública crea que podrá engañar al respetable intentando tender una “cortina mediática” sobre la supuesta escapatoria. De la aparente evasión. Vayamos al grano: en el 2016, de instancias militares y del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional -CISEN-, se desprendió información en el sentido de que el penal de Aguaruto funcionaba como una lujosa residencia o casa de seguridad de un grupo armado.

Que desde ahí operaba a sus anchas y que todos los presos vivían bajo el mando de ese comando que mantenía a su servicio al personal de custodios y al director de la cárcel. Que los hilos de control llegaban incluso a los responsables del sistema penitenciario de Sinaloa, a niveles inimaginables.

Que esos “presos” -a quienes se les sumó otro hace dos meses- salían a divertirse por las noches o a “ajusticiar” a sus contrarios. En el 2016 esa fue la información que empujó al general Alfonso Duarte Mújica, en aquel entonces comandante de la Tercera Región Militar, a emprender un “esculque” en el penal de Aguaruto, encontrando armas y teléfonos celulares. Duarte recomendó al entonces gobernador Mario López Valdez “limpiar” los penales. Atacar de raíz la corrupción. Antes, el 2010 la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación general 18/2010, alertó de la situación en los centros penitenciarios del país, en particular del llamado “autogobierno”.

En el caso de Sinaloa especificó que el “autogobierno” aumentaba la violencia al interior del centro penitenciario y el tráfico de drogas. En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014, la CNDH señaló entre las deficiencias del penal el insuficiente personal de seguridad y custodia; imposición de sanciones disciplinarias; sobrepoblación y hacinamiento. Además de que dentro del penal existían áreas de privilegios, posesión de objetos y sustancias prohibidas, así como de internos que ejercían violencia o control sobre el resto de la población. También que había actos de corrupción tanto de los custodios que imponían cuotas a los reos, como de éstos que también cobraban a otros reos.

La CNDH también señaló que había deficiencias en la supervisión del funcionamiento del penal por parte de su director. Bien. Después de la aparente “fuga” –más bien de cambio de domicilio de los inquilinos-, el general Genaro Robles Casillas reconoció, lo que todo mundo ya sabía: que el penal de Culiacán no cuenta con las medidas de seguridad para tener a internos de alta peligrosidad; que su infraestructura “es deplorable y, en consecuencia, se torna frágil e inoperante para cumplir sus funciones”, y que entre, otras fallas está, además, la insuficiencia de videocámaras, la falta de inhibidores de celulares, personal insuficiente y no capacitado, con bajos sueldos y carencia de equipamiento de seguridad en buen estado.

Con los diagnósticos y recomendaciones del 2010 y 2014 de la CNDH y la información de inteligencia que empujó al general Duarte Mújica a realizar un operativo en el interior de la cárcel de Aguaruto, se puede establecer varias hipótesis que pudieran conducir a las causas que obligaron a los “presos” a cambiar de domicilio:

  1. Después del relevo de gobierno, con la llegada de Quirino Ordaz Coppel, los inquilinos del penal creyeron que los militares de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal habrían de fisgonear por los rumbos del penal y que podrían tener planes de “reformar” el sistema penitenciario, los cuales tal vez ponían en riesgo sus privilegios.
  2. Era tanta su movilidad en el exterior que temieron ser blanco directo, al salir o al llegar al penal, de un atentado de grupos rivales.
  3. Definitivamente se cansaron y decidieron, por estrategia delictiva, por las condiciones y la facilidad con la que entraban y salían, dejar esa residencia” y cambiar a otra, antes de que un escape resultara imposible o demasiado costoso. No encajan, pues, ahora en la aceptación de la sociedad las declaraciones-argumentaciones-justificaciones del general Genaro Robles Casillas.

A otro chango con esa banana ¿Qué viene ahora? Es probable y posible que la militarización se expanda al penal de Aguaruto como si fuera la solución al infierno que viven los presos. Sí, ahí, es urgente que las autoridades penitenciarias tomen el control total del reclusorio y conduzcan normas para el cumplimiento de las Reglas Mínimas de la ONU sobre Tratamiento de Reclusos y Personas Privadas de Libertad. La militarización del penal no es la salida.

Urge una reforma penitenciaria profunda, de alto calado. Cuando un estado priva a una persona de su libertad, incurre en un deber de cuidado para garantizar que la dignidad de esa persona sea respetada. Los estados deben garantizar también que las prisiones estén protegidas y sean seguras para la población reclusa, el personal y la comunidad exterior. Estas dos obligaciones no son contradictorias, sino que van de la mano, ya que la seguridad puede ser garantizada mejor en un sistema bien ordenado y administrado de manera justa, que trate a los reclusos y las reclusas con humanidad y justicia. La cárcel de Aguaruto se salió de control.

Hay que evitar que los “presos” muden de su actual residencia a otra de mayor comodidad, con todo y el nuevo agregado, como ese “interno”, que ya se fue, al que el juez federal protegió para que no fuera traslado a otra mansión que no era de su agrado ¿estará de acuerdo o no el general Robles Casillas?

Álvaro Aragón Ayala

Conductor del programa de radio Ruta Mexico y analista politico en Radio UAS, Diario de Sinaloa y Director Ejecutivo de Proyecto 3.