Marcial Liparoli y “Mingo” Ramírez revientan el transporte de pasajeros

Inundan con más de 100 concesiones ilegales a prestanombres en principales rutas de pasajeros.

Al final del sexenio de Mario López Valdez el transporte regional de pasajeros fue inundado con más de cien concesiones del servicio, para “reventar” las rutas de mayor tráfico y desplazar a las uniones establecidas a fin de entronizar en la actividad a ex funcionarios, entre ellos el ex director general de Vialidad y Transportes, Domingo Ramírez Armenta, y el actual diputado local y ex subsecretario de Gobierno, Jesús Antonio Marcial Liparoli.

Esta alianza de Ramírez y Marcial pretende erigirse en jerarcas de un nuevo “pulpo” camionero y apoderarse del negocio en varias zonas del estado, principalmente en el norte, en los accesos a Topolobampo, El Carrizo, Guasave, Guamúchil y Culiacán. En Mazatlán pusieron en “promoción” registros oficiales para diversas modalidades del transporte, como aurigas y vehículos de carga en general, en una operación fraudulenta realizada a través de un hijo de Mingo Ramírez, que cobró cuotas de “coyote”, de 300 mil pesos, para conseguir nuevas concesiones, sin haber cumplido su compromiso, enfrentando ahora una amenaza de demanda penal.

La ilegalidad en los racimos de concesiones otorgadas por la codicia de los ex funcionarios, los hace vulnerables a otras acciones jurídicas que ya están preparándose de parte de las organizaciones afectadas, principalmente de Norte de Sinaloa, cuyos directivos iniciaron esta semana consultas en el Congreso del Estado para advertir las consecuencias del conflicto provocado por la irresponsabilidad de las anteriores autoridades del transporte en el estado.

En la edición 168 de Proyecto 3,voces que rompen el silencio, revelamos que en las últimas 72 horas de la gestión de Mario López Valdez, la dependencia a cargo de Mingo Ramírez expidió concesiones diversas, destacando un lote de 75 documentos para vehículos de carga, nada más en la delegación de Salvador Alvarado, con un beneficio personal directo de 100 mil pesos por cada expediente, según información que ya estaba en poder de los aliancistas enfrentados a una sobrecarga en la oferta de su servicio.

TRETA: CONCESIÓN DE MARZO 2011 ENTREGADA EN DICIEMBRE 2016

Las pruebas documentales entregadas a esta redacción indican que el expediente de la concesión para 75 personas de la región del Evora y Badiraguato encierra una intención de obtener un beneficio ilegal con la entrega de los permisos.

El acuerdo fue firmado por el gobernador Mario López Valdez el 30 de marzo de 2011, tres meses después de iniciado el sexenio, plazo breve para un estudio socioeconómico para casos de esas implicaciones, y ejecutado hasta el 27 de diciembre de 2016.

Todo el periodo del gobierno el resolutivo fue “congelado”, hasta que fue posible contar con la premura de las horas finales del régimen y exigir una cuota de 100 mil pesos por cada permiso, para una “cooperación” total de 7.5 millones de pesos.

Aquí está la lista de los permisos entregados de última hora, cuando los solicitantes ya no los esperaban. Por eso 38 beneficiarios no tienen vehículo que emplacar, pero dieron la cuota solicitada por la autoridad, como revelan los informantes conocedores del trámite.

FUE MASIVA LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS A CAMBIO DE “MOCHE”

Pero el daño al transporte concesionado es peor de lo que se vislumbraba en un principio. Los hechos que empiezan a desencadenarse desde el 20 de febrero, confirman esa denuncia y apuntan a una masiva expedición de autorizaciones que normalmente requieren un largo proceso de estudio previo al otorgamiento de las concesiones.

La intención es “tronar” las rutas de alta demanda de pasaje y permitir que los dos ex funcionarios se conviertan en los zares de un nuevo “pulpo” del transporte.

En las carreteras federales y estatales de Sinaloa ya circulan minibuses amparadas con las concesiones al vapor, en el tramo último del sexenio pasado. Esto amenaza con provocar un desequilibrio en el servicio de pasajeros para permitir el apoderamiento de Mingo y Liparoli en las rutas más lucrativas, a través de prestanombres, en un negocio perpetrado desde los entresijos del poder.

“MINGUITO” FUE “COYOTE” QUE EXPLOTÓ EL APELLIDO

Al parejo de esta denuncia de directivos de Norte de Sinaloa, particulares revelaron maniobras fraudulentas del hijo del anterior titular de Vialidad y Transportes al ofrecer sus servicios de “coyote” operador del jefe, prometiendo concesiones como “ganga” para diversas modalidades del servicio público, que finalmente no pudo cumplir.

En la alta ola de abusos en la dependencia estatal, el negocio del junior no pudo sobrevivir, pero obtuvo un importante ingreso por no hacer nada más que mentir.

Domingo Javier Ramírez Favela fue acusado de haber cobrado 300 mil pesos por el trámite de 27 concesiones de pasajeros y de carga en Mazatlán, en hechos que tienen huella, porque los afectados aseguran disponer de grabaciones y otros testimonios gráficos del trato con “Minguito”, quien no pudo o no quiso hacer la gestión por la que cobró aquella cantidad.

En estos momentos, el hijo de papá está viéndose presionado para devolver el dinero a sus víctimas, quienes han logrado sólo que aquel les pague en abonos “módicos” y espaciados.

Consta a los afectados con este delito que Ramírez Favela actuó con pleno conocimiento de su padre, quien les aseguró que no habría dificultades para otorgar los registros necesarios, alentando la negociación realizada en la vía del influyentismo por parentesco, que dejaría buen ingreso al junior.

Esta acción es similar a la que impuso Marcial Liparoli como subsecretario de Gobierno en todas las oficinas de la dependencia en la entidad, donde su hermano “Liparolito” -o “Picarolito”- fungió como el “coyote” al que no se resistía ningún director o delegado. La desvergüenza encontró reacciones solamente en esas expresiones porque ninguna denuncia enderezada contra los influyentes fue atendida.

LAS RUTAS INVADIDAS REQUIEREN CONCESIÓN FEDERAL

La información sobre los enjuagues de Ramírez Armenta y Marcial Liparoli precisa que en el apresuramiento para crear un monopolio del transporte de pasajeros en Sinaloa no se cuidaron las formas legales llegando a invadir rutas que necesariamente deben transitar sobre carretera federal, como la México 15 y autopistas al norte y al sur del estado.

Por el número de vehículos de pasajeros que recién se incorporaron a esos tramos, al menos cien concesiones fueron expedidas para ser cubiertas por minibuses en los tramos Guasave-Juan José Ríos-Los Mochis, Ceferino Paredes, Los Mochis-Topolobampo, El Carrizo-San Miguel, El Fuerte, así como en tramos al norte y al sur de Mazatlán, principalmente.

En un gremio donde los concesionarios son plenamente identificados a través de sus alianzas, resulta fácil llegar a la autoría de este intento de los principales operadores del transporte público en la era de Malova, concretamente Ramírez Armenta y el diputado Marcial Liparoli, que aparecen con participación destacada par monopolizar la ruta de Los Mochis al puerto de Topolobampo, lugar de origen del actual legislador local.

EL CASO, ANTE EL CONGRESO LOCAL, ¿SIN MARCIAL LIPAROLI?

Este asunto será llevado al Congreso local por las organizaciones de transportistas afectados por el intento de ex funcionarios malovistas de “reventar” el servicio público de pasajeros en la entidad.

La intención explicada a este semanario era mostrar las pruebas de la ilegalidad de las concesiones expedidas “fast-track” al término del anterior sexenio, conscientes aquellas autoridades que estaban creando un “pulpo” camionero al margen de la ley, sin respetar los procedimientos establecidos para autorizar su participación en la actividad en perjuicio de las organizaciones establecidas.

Directivos de Norte de Sinaloa afirmaron que esperan contar con el apoyo del poder legislativo para cancelar la documentación expedida de último minuto, sin dejar margen para su transparencia y sometimiento a lo que prevén disposiciones estatales y federales.

El Congreso y Guillermo Haro en la Dirección General de Vialidad y Transportes tienen una papa caliente con este reclamo de los aliancistas atacados en su actividad por los ex funcionarios estatales, poniendo a prueba el estado de derecho largamente invocado.