Líder empresarial bendecido por la Procu

Juan Pablo Castañón Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial se vio beneficiado por ventajoso contrato de arrendamiento de edificio pagado por su compadre Armando Villarreal desde la Secretaría de Administración y Finanzas

Son favores para facilitar un sobreprecio en el arrendamiento de un predio para la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa (PGJE).
El Gobierno estatal de Mario López Valdez favoreció con un contrato muy ventajoso a la empresa familiar del titular del Consejo Coordinador Empresarial Juan Pablo Castañón Castañón durante su gestión.
Según un informe de la plataforma de acceso a la información del estado de Sinaloa, la empresa “Inversiones Inmobiliarias del Fuerte SA de CV”, cuyo representante es María de la Paloma Castañón Castañón, hermana del líder empresarial, recibió un contrato de arrendamiento por la cifra de 235 mil 240.25 pesos, incluido el impuesto al valor agregado mensual, de parte de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) para la instalación del Centro Integral de Procuración de Justicia del Estado con sede en Los Mochis.
De acuerdo con datos de la propia SAF, el contrato para esa empresa es el segundo más caro pagado en los últimos diez años en edificios de renta para la operación de la Procuraduría General de Justicia en toda la entidad.
El primero es el localizado en la cuarta etapa de la plaza comercial Tres Ríos de la capital del estado para la empresa “Planes Inmobiliarios SA de CV” por la cantidad de 444 mil 100.04 pesos mensuales con IVA cuyo representante es el hijo del extinto ex Gobernador Renato Vega Alvarado, Renato Vega Carrillo para la instalación de las Oficinas de las Agencia del Ministerio Público y de la Subprocuraduría Regional zona centro de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Es claro que desde esta dependencia y con ayuda de la SAF se pagan favores políticos.
La diferencia de los valores catastrales y comerciales es muy amplia y las plusvalías entre ambos predios muy dispares.
De ahí la duda y las certezas. El tráfico de influencias y la corrupción podrían haber rondado las operaciones.

La corrupción
El aún Presidente de la “Cúpula de Cúpulas” del sector empresarial, Juan Pablo Castañón Castañón desplegaría sus relaciones con el entonces Secretario de Administración y Finanzas Armando Villarreal Ibarra y con el propio Gobernador Mario López Valdez para conseguir un contrato con amplias ventajas, a pesar de que el edificio arrendado ni siquiera reunía las condiciones de seguridad para ser operado por la PGJE.
El conocido compadrazgo entre Castañón y Villarreal, incluso sería objeto de un llamado de atención del Gobernador a su Secretario de Finanzas por otorgar tan jugoso contrato en una reunión realizada en la Torre San Bernardo de la Ciudad de Los Mochis.
La duda era si no se le había pasado la mano ayudando a su compadre. Todo habría quedado en una historia negra más del mito de no haber sido por la aparición del contrato 1938 de la SAF que lo ponía en la línea de una investigación.
Su discurso anticorrupción ahora se cuestiona al revelarse un posible tráfico de influencias que mancharía su imagen entregada además al Presidente de la República Enrique Peña Nieto y a muchas autoridades en turno.
Su clientelismo político y su falta de acciones reales contra el rapiñaje oficial serían detectadas incluso por medios nacionales encargados de mostrar la nomenclatura empresarial.
“Aunque se han pronunciado en contra de la corrupción en el Gobierno, en realidad, desde su trinchera, no han hecho acciones claras y contundentes que ayuden a erradicar este mal”, asentaba la Revista Líderes Mexicanos (https://lideresmexicanos.com/300/juan-pablo-castanon-castanon-los-300/), sobre Castañón Castañón en su perfil de los 300 empresarios más importantes del país en su lista del 2016.

Contrato
A pesar de la solicitud presentada por medio de la plataforma nacional de transparencia para obtener el contrato inicial de la operación a la Secretaría de Administración y Finanzas solo proporcionaron la renovación del mismo (número 1938).
En él se advierte como representante de la empresa beneficiaria a María de la Paloma Castañón Castañón y se rentan tres predios que “forman una sola unidad topográfica, misma en la cual la “arrendadora” construyó un edificio con dinero de su propio peculio, compuesto de tres niveles, el cual tiene una superficie construida de 2, 302.92 metros cuadrados, mismo que es objeto del presente contrato”, se especifica en el documento firmado.
Se aclara en la cláusula segunda que la renovación del contrato, que ya se extendía desde hace años, “será de cinco años forzosos para la arrendadora y opcionales para el arrendatario”. Es decir se abría la opción de una renta extrasexenal.
La vigencia del presente contrato iniciará el 01 de enero del 2016 y terminará el 31 de diciembre del 2020, asentaba.
Del pago se hace cargo la cláusula tercera: “el arrendatario se obliga a pagar por concepto de renta mensual a la arrendadora la cantidad de $ 202, 793.31(doscientos dos mil setecientos noventa y tres pesos 31/100 M.N.), más la cantidad de $ 32,446.93 M.N.(treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 93/100 M.N.), correspondientes al impuesto al valor agregado( IVA), haciendo un total de $ 235,240.25 (Doscientos treinta y cinco mil doscientos cuarenta pesos 25/100 M.N.)”.

La comparación
“Una fracción de la plaza comercial antes referida misma que consta de 2,900.99 m2”, cuyos valores catastrales por formar parte del proyecto Tres Ríos son de los más caros del estado alcanzan una renta de más de 444 mil pesos mensuales para ubicar las Oficinas de las Agencias del Ministerio Público y de la Subprocuraduría Regional zona centro de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
En relación con las fincas de la Ciudad de Los Mochis son poco más 2 mil 300 metros cuadrados de construcción, pero muy por encima de su valor comercial para arrendamiento.
Según los datos de las tres fincas que integran la unidad arrendada por el gobierno del estado, la primera con clave catastral 001- 028-001 tiene un valor de 3 millones 355 mil 629.01 pesos, la segunda (001-028-031) alcanza los 3 millones 764 mil 148.77 pesos y la tercera con clave 001-028-030 se registra según el propio Instituto Catastral del Estado de Sinaloa con un valor de 3 millones 875 mil 661.23 pesos.
El total del valor catastral suma los 10 millones 995 mil 439 pesos y se considera que el valor comercial debiera estar arriba un 20 por ciento para determinar el porcentaje de pago para un arrendamiento, se establece que pudiera tener un costo real de 13 millones 194 mil 526.80 pesos.
Por lo tanto la aplicación de entre un .8 y un 1 por ciento debiera ser el monto adecuado de la renta mensual, que implicaría en su rango máximo la cifra de 131 mil 945.268 pesos y en el mínimo de 105 mil 556.216 pesos.
Sin embargo el arrendamiento rebasa los 235 mil pesos con IVA incluido que correspondería a un sobreprecio por encima del 60 por ciento para favorecer a un “compadre”, el líder de la Cúpula de Cúpulas de México.
El actual Gobernador Quirino Ordaz Coppel sabe ahora cuál podría ser el destino de ese contrato que se extiende a su periodo de gestión.