Enemigos del estado controlan módulos

Una de las peores consecuencias de la corrupción en la Comisión Nacional del Agua es la intromisión de grupos extraños que recurren a la fuerza de las armas para explotar los módulos de riego y las redes mayores de Sinaloa.
Las elecciones democráticas de directivos realizadas cada tres años son torcidas a voluntad del ala de presión y los acuerdos internos son forzados a desviar los riegos y el uso de la maquinaria hacia fines que les imponen por consigna.
Este ha sido un proceso transexenal, propiciada por una entidad gubernamental que ha sido omisa, corrupta e ignorante del alcance de sus actos.
Los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, hermanados en el desmantelamiento de la agricultura nacional para favorecer las importaciones de granos que derraman “moches” a funcionarios federales de distintos niveles, son igualmente enlazados en el mismo propósito de ceder a bandas criminales las únicas empresas rentables que han logrado sobrevivir en el campo.
En una paradoja histórica, el gobierno retrocede en sus responsabilidades y hace fuerte a sus enemigos, que por otro lado son combatidos sin grandes resultados por los institutos armados, el Ejército y la Marina, cediendo de paso el estratégico control del agua, que sólo en letra muerta de la Constitución es un “bien de la nación”.
LA PEOR DECISIÓN DE LUEGE, APOYADA POR SUCESORES PRIISTAS
El proceso de cesión de los módulos a fuerzas ajenas al sector productivo primario, es una crónica de irresponsabilidad “valemadrista” de los directores de la CONAGUA más recientes: José Luis Luege Tamargo, que primero intentó ceder el negocio en Sinaloa a Guillermo Elizondo Collard, con un “pacto del agua” apoyado por Mario López Valdez que se truncó por falta de estrategia y de tiempo.
El despojo fue continuado con David Korenfeld Federman y Roberto Ramírez de la Parra, en el retorno funesto del PRI. Ambos directores generales no alteraron el proyecto de privatizar el manejo del agua, pero no lograron superar las iniciales resistencias políticas, pero dejaron intactas resoluciones panistas de graves consecuencias en el accionar de las asociaciones de usuarios de riego.
La peor de las determinaciones de Luege, respetadas y prolongadas por Korenfeld y Ramírez de la Parra, es el retiro de los comisarios de la CONAGUA en los módulos de riego, que verificaban al menos parcialmente el buen desempeño de las empresas de productores.
Fue una resolución descabellada, que sólo se explica si existe algún tipo de velado compromiso de ceder un bien de la nación a la delincuencia organizada o fuerzas al margen de la ley, que así negocian otros espacios a cambio de la manipulación de los activos propiedad de los módulos.
Diversos testimonios de productores agrícolas de Sinaloa expresados par Proyecto 3 indican que las elecciones de directivos de sus organismos han estado controladas por grupos externos que, con la presencia no necesariamente visible de guardias armados, imponen a presidentes y tesoreros de su conveniencia.
En el final del proceso electoral trienal de los módulos, representantes impuestos por la fuerza eligen también por consigna al presidente de Red Mayor regional. Diversos ejemplos de esta preponderancia de fuerzas oscuras ya son conocidos por las autoridades del sector, pero estas no se atreven a actuar, asumiendo la actitud del avestruz o del clásico patear el balón hacia delante, para que haga lo mismo el que viene después.
Así ha ocurrido en la etapa de Saúl Sánchez y José Rosario Peñuelas como directores del Organismo Cuenca Pacífico Norte. Los dos llegaron al cargo sin tener trayectoria ni experiencia en la institución que maneja el recurso hídrico. Su falta de conocimientos técnicos, que antes fueron requisito ineludible para toda autoridad de primer nivel en la dependencia, han desordenado los controles operativos, afectando la regulación de los módulos y las redes.
FALSA DEMOCRACIA: NO VOTAR A AGRICULTORES FACILITA LA IMPOSICIÓN
Otro acuerdo irresponsable y violatorio de las normas aplicadas para la transferencia de los distritos de riego a los productores, sociales y privados, es la eliminación de facto de la cláusula que permite la alternancia entre ejidatarios y propietarios particulares en los cargos directivos, cada tres años.
Por presiones externas, grupos campesinos radicales, como los que operan en Juan José Ríos, Gabriel Leyva Solano, Higuera de Zaragoza y Constancia en el Valle del Fuerte, y las zonas de Navolato y Eldorado en el Valle de Culiacán, prácticamente toda la tierra ejidal, los agricultores fueron abrumados por la mayoría campesina para perder el derecho a compartir el mando de los módulos.
No fue una lucha inocua de la mayoría de los ejidatarios para desaparecer la alternancia con sus compañeros de actividad y defender el control del agua. No fue la exaltación al ADN agrarista. Menos fue una genuina pugna democrática de los campesinos para hacer valer la mayoría de su sector en la agricultura.
Líderes ejidales coludidos con otros intereses ajenos a la actividad productiva primaria presionaron para quitar ese derecho a los agricultores, que a pesar de ser minoría en la propiedad de la tierra son menos vulnerables al tipo de componendas con los grupos externos que hoy dominan las organizaciones de productores.
EL PRINCIPAL RECURSO NATURAL SE MANEJA DESDE CDMX
El cautiverio en que se encuentran los módulos, obliga a los directivos a perder volúmenes de agua por desviarla hacia áreas fuera de los programas de cultivos y de riego autorizados oficialmente, y destinar la maquinaria de dichos organismos a trabajos ajenos al interés de la empresa.
Esta retorcida lucha por el agua y sus ingresos exacerba los ánimos porque en la base rural hay resistencia, aunque inconexa, hacia los nuevos rectores de los módulos, y esto provoca conflictos que ya cuestan vidas campesinas.
La CONAGUA se vuelve parte del problema al no resolver con apego al marco jurídico los pleitos por el recurso hídrico, dejando que los emisarios externos impongan la ley de las armas, como ya ocurrió en el módulo Mavari, del Valle del Fuerte, donde fue sacrificado el derecho a la libre expresión de un grupo de productores que se sintió despojado.
Los técnicos del gobierno dejaron de tomar decisiones con estricto apego a la ley que nunca antes había generado dificultades que alcanzaran el grado de la violencia homicida.
El empoderamiento de burocracia inexperta y oportunista en las jefaturas de los Organismos de Cuenca y de los distritos de riego permite que las diferencias avancen y se conviertan en conflictos que fácilmente quedan fuera de control.
La centralización en la Ciudad de México de algunas de las decisiones más importantes en el aprovechamiento del agua, en manos de funcionarios sin contacto con la realidad social, las prioridades de la región, sus características y el impacto económico del recurso, es otro factor que afecta el trabajo y la distribución equitativa y a tiempo del principal recurso natural de Sinaloa.
Técnicos de escritorio que en algunos casos ni siquiera conocen los ríos, las presas y las zonas de cultivo, disponen cuando abrir o cerrar los flujos de agua para la agricultura y otros consumos.
UNICA SOLUCIÓN OBVIA NO FÁCIL: QUE LA FEDERACIÓN RETOME CONTROL
La solución es obvia, pero no fácil de aplicar, porque implica recurrir a la fuerza del estado mexicano para recuperar el control del agua y devolverlo a los productores, como lo estableció la transferencia del recurso decretada hace 24 años.
A estas alturas de consolidación del proceso de despojo de los bienes y facultades de los módulos y redes, resulta más complicada la reestructuración porque tampoco la CONAGUA cuenta con suficiente personal técnico calificado para guiar a las empresas sociales en la vuelta a sus objetivos originales.
Un operativo institucional de esta magnitud, permitiría suprimir fugas de autoridad que permitieron que la corrupción, el despilfarro y la creación de nuevos cacicazgos regionales surgieran entre la estructura de los módulos, que son la nueva fuerza política en el campo.
Los módulos son más decisivos que la CNC, la CAADES o cualquier otra organización campesina en orientar, incluso por la fuerza, el voto de los productores. Los políticos en campaña buscan atraer a los titulares de los módulos, que sí manejan gente y recursos, más que a los líderes sin tropa de aquellas organizaciones.
Ninguna de esas representaciones, la Liga y la Confederación de agricultores, tiene capacidad para influir en los directivos de las empresas que administran el agua y cobran por su uso en zonas de riego y para otros fines que requieren el recurso, principalmente el consumo humano y la industria.
El riesgo para el organismo privado es que no se da cuenta que el asalto a las instituciones ya toca las puertas de las asociaciones de agricultores. Si lo duda Ulises Robles, pregunte en los organismos con sede en Guasave, Guamúchil y Sinaloa municipio.
EN SINALOA, FALSOS LÍDERES FUERON APOYADOS POR MALOVA
El caso de Sinaloa tiene características propias, generadas en el sexenio de Mario López Valdez, quien dejó la política del sector como botín de la “izquierda aburguesada” de Juan Nicasio Guerra Ochoa.
Desde el principio, el perredista y su camarilla impulsaron las células campesinas de su misma filiación política para apoderarse de la interlocución de los problemas del sector.
Antes de cumplirse el primer mes del gobierno anterior, en 2011, Guerra Ochoa estuvo en Juan José Ríos para dar la voz de asalto sobre el control de los negocios redituables, principalmente los módulos y los apoyos productivos para capitalizar a los productores. Ahí detonó el movimiento para imponer nuevos mandos en el sector agrícola.
Cuando llegó el gobierno federal priista, en diciembre de 2012, las empresas sociales ya estaban copadas por intereses ajenos al campo.
Guerra Ochoa encabezó en aquellos dos años diversas reuniones de funcionarios y líderes para trazar ruta a la entrega del agua a Elizondo Collard, quien fue ungido por Malova como el próximo dueño del agua, con el apoyo de Felipe Calderón Hinojosa transmitido y operado a través de Luege Tamargo.
Este intento no alcanzó a fraguar por las conocidas limitaciones del secretario de agricultura en el estado y la actitud del ejecutivo de preferir ineptos dóciles que inteligentes con mayor capacidad ejecutiva.
Pero se creó un vacío de autoridad en el campo y en los módulos, que fue llenado por uno de los principales adversarios de las instituciones públicas.
Y ninguna representación agrícola actúa o denuncia lo que está ocurriendo.
A Ramírez de la Peña pueden darle la información que requiera los comités campesinos y las asociaciones de agricultores, además de la CNC y la CAADES…si no es cómplice.