A Jesús Valdez, alcalde de Culiacán ¡le importa madre la seguridad!

Resulta obvio que, colocadas en un terreno de acción que no es de su competencia Constitucional -según reclama con frecuencia el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos-, las Fuerzas Armadas tienen como enemigo más visible al crimen organizado.

Y ahora resulta que la milicia también enfrentra a un segmento de agentes preventivos del codicioso alcalde de Culiacán, Jesús Valdez Palazuelos.

Es incuestionablemente que la injerencia del ejército en las tareas de prevención del delito ha sido tomado como coartada por gobernadores y presidentes municipales para no cumplir con su responsabilidad -ésta si Constitucional- en materia Seguridad Pública, cuya negación toca las fibras más sensibles del ciudadano de a pie, cuestión que ha sido planteada públicamente también por el general Cienfuegos.

En ese caso, hay que puntualizar que, en la tipificación de delitos, tan punibles son aquellos crímenes por comisión, como los que se perpetran por omisión.

En palpables omisiones de esa magnitud han incurrido el gobernador Quirino Ordaz Coppel y la mayoría de los nuevos presidentes municipales, entre los que se lleva las palmas el de Culiacán, Jesús Valdez, el frívolo personaje que se presenta en foros de “consulta” ciudadana como la “fuerza sinaloense” que ya busca su reelección como alcalde y una candidatura al Senado de la República.

¿Cómo pues? Si a Jesús Valdez ¡le importa madre la seguridad! Si con  fotos, discursos ramplones y una costosa plataforma de publicidad y propaganda pretende ocultar la realidad lacerante que atrapa a los habitantes de la ciudad que pregona gobernar.

El corto infierno en Palacio de Ordaz Coppel y la capillita demagógica de Jesús Valdez Palazuelos, han sido puestos en los planos de las noticias nacionales y extranjeras por la galopante barbarie que impera en Sinaloa y sobre todo en Culiacán, la capital del crimen.

Incluso, los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá, han emitido alertas a sus connacionales para que piensen dos veces sus visitas a algunas plazas del estado.

Desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, los altos mandos de las fuerzas armadas han reconocido que los cárteles de la droga que han arrebatado territorios al Estado mexicano, lo han logrado porque disponen de un poder de fuego superior al de los activos federales:

  1. Esa situación se exacerbó desde que la presidencia mexicana fue comprometida en la Iniciativa Mérida. Por este convenio, el gobierno mexicano ha recibido del norteamericano, en el periodo de vigencia, más de dos mil 100 millones de dólares en asistencia militar y policial.
  2. Desde finales del sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa fue evidente que, con el disimulo de Washington, agencias gubernamentales estadunidenses maquinaron operaciones como la de “Rápido y furioso” para la introducción clandestina de armamento de alta potencia a México, so pretexto de seguirle la huella y dar con los jefes de los cárteles. El gobierno mexicano fue tibio en su respuesta incluso cuando ese descubrimiento creó estado público. Para entonces, se supo que la Presidencia de la República autorizaba ya la incursión de drones norteamericanos en cielos mexicanos.
  3. Apenas el pasado 15 de marzo, la organización American Friend Service Committie presentó en la Ciudad de México su informe “Adónde llegan las Armas de los Estados Unidos y la crisis de la violencia en México”, en el que denuncia que entre enero de 2012 y abril de 2015, la venta legal de armas de los Estados Unidos a México alcanzó la suma de tres mil 500 millones de dólares, casi diez veces más que entre los años 2010-2012. La misma organización advierte sobre la intención de Donald Trump de liberalizar aún más el mercado de armas.
  4. Desde que, a bombo y platillo, Calderón promulgó la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Cámara de Diputados y el Ejecutivo han venido destinando año con año descomunales partidas del presupuesto federal a las tesorerías de los gobiernos de los estados y de las presidencias municipales. Fue en ese evento, en Palacio Nacional, en que Alejandro Martí soltó su memorable exclamación: ¡Si no pueden, renuncien!

Proporcionalmente, el Presupuesto de Egresos federal ha reservado más recursos a los gobiernos estatales para Seguridad Pública, que los destinados a las Fuerzas Armadas, que en los hechos tienen a cargo esa política; de facto, como lo ha reconocido el general Cienfuegos, quien sistemáticamente ha demandado reformas legales que reparen esa aberración.

Con un agravante: Desde hace más de cuatro años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, en la revisión de las Cuentas Públicas del gasto federal, ha detectado desviaciones de esos fondos a otros fines.

Esa conclusión de los procesos de fiscalización, quedó demostrada al investigarse la gestión de al menos seis gobernadores salientes que, más que desviar esos recursos, se los robaron.

Hacemos hincapié en ese hecho, porque desde finales de 2015, cuando se iniciaban los preparativos para el relevo de 12 gubernaturas en 2016, entre las que estaba la de Sinaloa, la organización no gubernamental “Causa Común”, que preside María Elena Morera, después de hacer visitas a los estados, acusó a gobernadores, procuradores y secretarios de Seguridad Pública de hacerse patos en el cumplimiento de la Ley de Seguridad Pública.

Su destaca una demanda escrita de “Causa Común”, dirigida al presidente Enrique Peña Nieto: Que la conducta omisa de aquellos funcionarios estatales sea sometida a consecuencias políticas y penales.

Ante esa exigencia planteada hace más de 18 meses, el mexiquense ha actuado con dejadez. Por el contrario, a los gobernadores a punto de concluir sus periodos, se les autorizaron, al través de la Secretaría de Gobernación, nuevos convenios anticonstitucionales para dotar a los estados de más fuerzas federales a fin de reforzar o suplir a los aparatos civiles, corrompidos hasta el tuétano. “Capacitados” o no, el resultado sigue siendo el mismo; o peor.

No sólo: a los gobernadores entrantes entre el segundo semestre de 2016 y los primeros días de enero, entre los que se encuentra Ordaz Coppel, se les refrendaron con creces esos apoyos.

Ordaz Coppel sigue nadando de muertito: Sin un diseño de política de Seguridad Pública aún, creyó encontrar la varita mágica de la solución reclutando a militares en retiro para enjaretarles es función.

Por lo que ocurre en Sinaloa, nadie es inocente. De los episodios registrados esta semana, hace ruido la fuga de Juan José Esparragoza Monzón, conocido en los bajos fondos como El azulito, del Penal de Aguaruto. Hecho relevante, por supuesto. Agravante para las fuerzas armadas y el Ejército en particular, es la evasión de Francisco  Javier El Chimal  Zazueta Rosales.

La permanencia de esos sujetos -catalogados como de alta peligrosidad- en el penal citado, se trató de justificar con la peregrina excusa de que tenían una suspensión provisional contra su traslado a otro penal federal de alta seguridad.

Ese suceso, sometido a un intensivo tratamiento mediático, no oculta, no obstante, lo que es amargo pan de cada día en Sinaloa: La aviesa conducta de los agentes policiacos municipales; en este caso, de los que es jefe el alcalde Jesús Valdez, al que ¡le vale madre la seguridad pública!

Como consta en registros recientes, esos pelafustanes, con uniforme de agentes preventivos, tuvieron la osadía de hacer una manifestación pública, exigiendo el retiro de los activos federales de plazas como la de Culiacán que dice dirigir el codicioso alcalde.

¿Por qué esa descarada exigencia? ¿Por qué Ejército y Armada de México son la única fuerza capaz de evitar o reprimir los levantones que, un día sí, y otro también, perpetran gente armada en pugna por el control territorial del estado? ¿Porque el ejército no genera las “coyunturas” para “secuestrar” y matar más policías?

¿Por qué pues ese choque de la policía de Jesús Valdez contra el ejército mexicano?

Hace apenas unas horas, en Culiacán, policías municipales  secuestraron a la luz pública y con lujo de violencia a ocho individuos, la mayoría jóvenes, a quienes, en el mismo lugar del apaño, entregaron a grupos criminales.

El alcalde Jesus Valdez, ante esta acción gorilesca y criminal de su policía, mandó una respuesta de importamadrismo por su plataforma de publicidad y propaganda: una fotografía en la que aparece al lado de diputados haciendo alarde de la “obtención” en la Cámara de Diputados, no en la SHyCP, de 25 millones de pesos para desarrollar un Parque Lineal en las Riberas del Río Humaya.

Un parque que podría servir, a como pintan los sucesos sangrientos, como campo de descanso o tiro al blanco de grupos armados que deambulan como Juan por su casa en Culiacán.

El problema grave en la capital del estado es el de seguridad pública: carencia de una policía preventiva confiable, certificada, sin estrategia ni planes para prevenir el delito y sin conocimiento sobre el nuevo sistema de justicia penal. Policías que violentan las normas del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En Culiacán no hay espacios seguros. Pero el alcalde Jesús Valdez distrae con su parque lineal ¡Le importa madre la seguridad de la población de la capital!

Exacto: hace apenas unas horas, Peña Nieto, haciendo ostentación retórica de su carácter de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, las caracterizó como “institución de instituciones” de México.

En Culiacán, a la Sedena, la policía de Jesús Valdez se la pasa por el arco del triunfo y se levantó a gritos contra la presencia de los soldados en las tareas de patrullaje preventivo de la capital del estado. El ejército en Sinaloa ya ubica como su enemigo visible a la Policía Municipal ¿O no?

Álvaro Aragón Ayala

Conductor del programa de radio Ruta Mexico y analista politico en Radio UAS, Diario de Sinaloa y Director Ejecutivo de Proyecto 3.