2018: Entre el estigma y el enigma

En tiempos de acelerado retroceso, situémonos en épocas en que las guerras clásicas se peleaban cuerpo a cuerpo. El comandante ordenaba: “Si sientes que la bayoneta toca acero, retrocede. Si topa en mantequilla, que no quede un enemigo vivo”.
Esa parece ser la táctica que el crimen organizado está aplicando en México contra el Estado y especialmente contra su representación más vulnerable y zarandeada, el gobierno en todos sus órdenes.
Los partes de zafarrancho de todas horas y en todo territorio dejan constancia de que el crimen organizado y aun la delincuencia común no dan tregua a las corporaciones creadas para combatirlos.
En el típico esquema de guerra de guerrillas, apenas las fuerzas del orden son movilizadas a plazas con reporte de violencia, los beligerantes abren otro foco en guarniciones que quedan sin defensa.
Como ocurre desde diciembre de 2006 en que Felipe Calderón, sin tareas de Inteligencia previas y sin estrategia, declaró su guerra contra el narco, la utilización de las Fuerzas Armadas mexicanas pasó de la acción selectiva a operaciones intensivas y exhaustivas.
“Nuevos” gobernadores; misma irresponsabilidad
El agresivo y sanguinario fenómeno en estos meses se detecta particularmente en los estados que entre 2015 y 2017 tuvieron cambio de gobernador.
En lugar de cumplir con las responsabilidades que les imponen la Constitución y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública -como lo hicieron sus antecesores- los gobernadores entrantes cargan sobre la Federación las demandas de apoyo logístico, estratégico y económico para tratar de sacar el buey de la barranca. Infructuosamente.
Subrayamos esa característica, porque la situación se exacerba entre el periodo de campañas electorales y los primeros días en que asumen los funcionarios electos.
Ese peligroso proceso se potencia geométricamente en esta temporada en que ya está sobre rieles la sucesión presidencial de 2018, en una enrarecida atmósfera en que los árbitros electorales son rebasados sistemáticamente por las fuerzas en pugna, sean los partidos o quienes, individualmente, pretenden acogerse a la figura de candidatos independientes.
Las instituciones públicas, desvertebradas
Una acotación obligada: Desde que se inició la guerra calderoniana, el entramado institucional derivado de la Constitución y las correspondientes de las entidades federativas: Sea el que regula el legítimo monopolio de la fuerza del Estado, como el que atiende el imperativo de eficacia en la procuración e impartición de justicia, ha sido socavado frente a la impotencia de los Poderes de la Unión, para decirlo genéricamente.
Aquí conviene una segunda acotación: La doctrina política en uso en México desde el siglo XIX considera al Estado -con sus diversos componentes que incluyen régimen jurídico, gobierno, territorio y población- como institución señera y rectora de las demás.
Institución política por excelencia, según los expertos en Teoría del Estado y Ciencias Políticas, es la democracia, cuyo fin último es la formación de los poderes públicos y de leyes, para cuyo efecto la propia Constitución precisa que la soberanía nacional dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.
Fuerzas Armadas, “¿institución de instituciones?”
Esas observaciones vienen a tema porque recientemente, invocando a su carácter de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Enrique Peña Nieto elevó a estas corporaciones de guerra al rango de “institución de instituciones”.
Por supuesto, sólo aquellos que actúan desde posiciones pacifistas y democráticas extremas, ahora a la sombra de los Derechos Humanos, puede regatear al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México su papel fundacional y fundamental de salvaguardas de la Nación.
El cuestionamiento sin embargo, es otro: El uso abusivo por la autoridad civil de ese recurso para suplir su propia ineficiencia en los ámbitos de seguridad pública que reclama la sociedad, que ha venido pagando incesantemente los costos de la crisis humanitaria.
Por crisis humanitaria se entiende no sólo la pérdida de vidas inocentes, considerada “daños colaterales”, en el centro de la refriega armada y sus consecuencias, la orfandad y la viudez.
Se expresa también, esa crisis de valores, en la violencia institucional, cuyas manifestaciones son el desempleo, la pobreza y el hambre.
Campo minado, los pronósticos socioeconómicos
Colocamos esa tragedia en el contexto de 2018: Los indicadores socioeconómicos de agencias internacionales y nacionales, informan que, antes de mitigarse, esos déficits se acentuarán.
En el aspecto puramente económico, con independencia de los reportes del Banco de México en el sentido de que el crecimiento del país está en el tobogán hasta 2019, análisis de bancos extranjeros como el de Comercio localizan áreas económicas oscuras con graves implicaciones en el corto plazo, a causa de las políticas asumidas por el gobierno de los Estados Unidos, especialmente en el sector agropecuario, dependiente de la importación de alimentos,
El HSBC anuncia de su lado una desaceleración del crédito, sobre todo para actividades productivas. El crédito al consumo empieza a naufragar en la cartera vencida.
Resulta obvio que el “ánimo social” en los meses por venir no será el más auspicioso para que en 2018 los mexicanos tengan un cambio pacifico de guardia en Los Pinos. Los presagios están a la vista en cualquier escenario que se examine.
A la luz de esos indicadores y pronósticos adversos, es donde se antoja ominoso que el presidente Peña Nieto proclame a las Fuerzas Armadas como “institución de instituciones”.
La primera lectura sobre ese mensaje, es que el jefe del Ejecutivo federal, a falta de respuestas eficaces a otros factores que exacerban el malestar popular -territorio donde medran los pescadores a río electoral revuelto-, seguirá descargando sobre Ejército y Armada de México el peso del combate a la barbarie. Este, que debiera ser el último, se toma como primer recurso.
Perpetuar el estado de cosas, primer crimen
Retomamos la cuestión del cambio de poderes constitucionales en los estados. De espaldas a la erizada situación que viven las entidades, los partidos -que porfían en la búsqueda del poder por el poder mismo- porfían en privilegiar, no la agenda programática para hacerle frente a los descomunales retos, sino al candidato que “resulte más competitivo”.
El “candidato más competitivo”, no es aquél que proponga y tenga la voluntad de hacer frente a los problemas más ingentes, sino el que surja del equipo saliente, comprometido en perpetuar el desinterés, la incompetencia la corrupción y la impunidad.
Es ese proceso de inmoral continuismo, el que irrita sobremanera, con sobrada razón, a los mandos de las Fuerzas Armadas, obligadas contra su voluntad a sacar las castañas del fuego con la mano del gato, cuya responsabilidad es del poder civil.
Irracional, la tentación de Golpe de Estado
Ahora mismo, en los estados de México, Coahuila y Nayarit, que tienen cambio de gobernador dentro de escasos tres meses, se observa esa perversa tendencia. Las candidaturas de todos los partidos llevan la misma marca de la casa.
La marca de la casa, es apelar la impunidad para no malquistarse con los poderes fácticos dominantes y con los intereses partidistas, que se defienden como si hubieran firmado un pacto de sangre.
Si, como está ocurriendo en los estados, esa destructiva práctica se reproduce en la sucesión presidencial de 2018, asiste el prejuicio a los críticos que sospechan que las elecciones generales del año que viene se darán bajo la tentación del golpe de Estado, opción que los primeros en rechazar son los mandos de las Fuerzas Armadas que saben, conocedores de la Historia nacional, que absurdos despropósitos de esa magnitud, conducen invariablemente a la guerra fratricida. Es cuanto.