Violencia y muerte: si no pueden ¡renuncien!

No se necesita consultar a los grandes tratadistas, duchos en Ciencias Políticas y en Cultura democrática: Mandatario, es que obedece al reclamo de sus jefes, los mandantes; esto es, a sus electores. Ejecutivo, es el que ejecuta la voluntad de sus votantes, el que aplica las leyes para cuyo cumplimiento fue electo.

Tan sencillo como eso, ¿no acaba de entenderlo Quirino Ordaz Coppel, quien recorrió el territorio sinaloense solicitando el sufragio para convertirse en Jefe del Poder Ejecutivo del estado? Por Sinaloa corren ríos de sangre y un olor a pólvora y muerte. Las familias sinaloenses son rehenes del pánico generado por la violencia.

Exacto. Hay sedicentes políticos que se asimilan cómodamente al modo de ser de titulares de los altos cargos del Estado, sobre todo si son compañeros de sector y de partido. El priista Enrique Peña Nieto, por ejemplo, tiene como coartada ante el fracaso de sus políticas “transformadoras” que sus colaboradores están en una “fase de aprendizaje”.

Aun el encargo de síndico no es una beca con cargo a los contribuyentes para que su responsable resulte con que llegó a su despacho atenido a la conseja de que “echando a perder se aprende”.

Ordaz Coppel sucedió a Mario López Valdez, quien empeoró muchas cosas echadas a perder.

Entre esas cosas echadas a perder por Malova, como por sus antecesores, está velar por la seguridad de sus mandantes y la integridad física de sus familias.

Está bien que a Quirino le guste el béisbol, para esos y más dan los placeres vicarios que ofrece la burocracia, pagada por los causantes cautivos.

Pero las disipaciones personales sólo son permisibles después del deber cumplido. Si para Quirino está primero el placer y después del deber, los sinaloenses estamos fritos. No sólo fritos, sino muertos en muchos casos.

Vamos a poner el tema en este tamaño: Sobre el monto total que gravita sobre el producto total del trabajo de los mexicanos, está el costo de la actividad criminal: 41 mil millones de dólares. Casi mil millones de pesos al actual tipo de cambio. Sáquenle la cuenta de lo que, proporcionalmente, le corresponde pagar a cada sinaloense.

No es, sin embargo, la anterior, una ecuación de cuentachiles. Es el costo social del fenómeno: Los padres de familia temen llevar y dejar a sus hijos en la escuela, los obreros y empleados no saben si al despedirse de su esposa lo hicieron para siempre; los campesinos no saben si su faena en el surco hoy, será la última.

Si los soldados y marinos salen a una misión y no regresan, quiere decir que estamos en el extremo de la indefensión colectiva.

Si el gobernador del Estado, jefe del Ejecutivo sinaloense, se escapa al béisbol y otras francachelas, ¿qué tiempo se puede darse para diseñar y poner en práctica una política de seguridad pública?

Desde hace un año, Quirino sabía que iba a ser candidato. Largas semanas hizo campaña, siete meses tuvo en la condición de candidato triunfante. ¿Desde cuando el tema de la criminalidad sentó sus reales en Sinaloa? ¿Y no tener idea del desafío que tenía que enfrentar?

De ello sigue la subcultura de la pachorra: Lo que hace la mano, hace la tras. Si el gobernador no actúa, los flamantes alcaldes pueden salir con la tarugada de Vicente Fox: Y yo, ¿por qué?

Sin condolerse del luto de las viudas y los huérfanos de los miembros de las Fuerzas Armadas, víctimas de exterminio, todos los burócratas con responsabilidad superior en el estado remiten al Ejército y la Armada de México la papa caliente.

Pero, en la más reciente comparecencia ante la Cámara de Diputados, los titulares de aquellas secretarías repitieron que están hasta la madre de la omisión de los gobernadores y exigieron un cronograma para volver a sus cuarteles.

No es una mera exclamación. Pongamos un argumento irrebatible. El nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, amenaza con enviar a sus tropas a México  para combatir a los malosos.

Las Fuerzas Armadas deben estar alerta en sus cuarteles para actuar frente a una eventual invasión. Esa sí es su misión constitucional, como salvaguardas de la Patria.

El propio comandante supremo de la Fuerzas Armadas, como jefe de control del Poder Legislativo, incurre en dilaciones ante el imperativo de sacar, por fin, la Ley de Seguridad Interior, que deslinde las responsabilidades del Ejército y la Armada en materia de seguridad pública y se calerandice el retiro gradual a sus activos de las calles.

Evidentemente, Enrique Peña Nieto y los mangoneadores del Poder Legislativo tienen otro interés oculto en la permanencia de las fuerzas armadas a la intemperie; inconstitucional, según lo ha reconocido el general Salvador Cienfuegos.

Es la hora en que debe repetirse, y que lo escuche Quirino Ordaz Coppel, el emplazamiento que en su oportunidad hizo Alejandro Martí: Si no pueden, ¡Renuncien!

Álvaro Aragón Ayala

Conductor del programa de radio Ruta Mexico y analista politico en Radio UAS, Diario de Sinaloa y Director Ejecutivo de Proyecto 3.