Tres Ríos

Es lamentable que de los tres poderes de gobierno no salga ni uno completo en el escenario nacional y estatal.

Entre las complicidades, el cobro de cuotas y la corrupción los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se han convertido en la coartada perfecta para que los demonios que operan como actores políticos y judiciales empobrezcan la economía y el musculo jurídico de la nación y el estado.

Esto viene a colación porque la reciente casi canonización del ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz por parte del Juez Quinto de Distrito en Materia Penal. demostró que la pus también se encuentra en el poder judicial y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ya se sabe que en ella, como en los partidos políticos son unas cuantas familias las que acaparan los cargos más elevados de ese poder judicial.

Se ha vuelto común que cuando un juzgado ordena actos de control sobre algún gobernante o político, otro que está integrado a la SCJN lo ampare y eso resulta sumamente sospechoso, ya que al menos uno de los juzgadores actuó en sentido contrario a la ley y por tanto debe ser penalizado.

Eso es en la teoría porque en la práctica las cochinadas jurídicas se arropan con la misma cobija judicial.

Es lamentable que en México todavía los operadores del sistema judicial se dediquen solamente a interpretar las leyes y no a estudiar si la conducta del actor o imputado de un hecho delictivo encaja en algún tipo penal o administrativo, debiendo sancionarlos por la comisión delincuencial y en el caso de que se violen los derechos del que comete el acto no dejarlo libre sino penalizar también a los jueces o autoridades que incurran en la violación al proceso.

Más claro: si un juez vulneró el proceso que se seguía a Rodrigo Medina, penalizar al funcionario judicial sin dejar libre al gobernador si existen razones imputadas contra el ilícito que se le atribuye.

Lo anterior viene a colación porque en Sinaloa cobra vida el temor de que no se sancione a los funcionarios públicos del gobierno de Mario López Valdés que se enriquecieron a la sombra de sus cargos y dejaron una fuerte deuda que los contribuyentes tendrán que pagar a pesar de que no se les tomó en cuenta al momento de encharcar al estado.

El problema alcanza niveles de escándalo si tomamos en cuenta que la mayor parte de los diputados del Partido Acción Nacional y del Revolucionario Institucional que cobran en el Congreso del Estado, participaron en el banquete de enriquecimiento y endeudamiento del estado y no solo mordieron las arcas gubernamentales sino que devoran las finanzas legislativas desde donde ya preparan el indulto a malova.

La postura de esas bancadas es obvia si tomamos en cuenta que de llamarse a los tribunales a Malova y funcionarios que lo acompañaron en la travesía sexenal tendrían que renunciar varios de los diputados que sirvieron en ese periodo gubernamental para ser juzgados por sus crímenes políticos.

Pero tres cosas están llamando a sospechas.

Se trata del juego siniestro de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del orden federal que no han dicho esta boca es mía cuando se trata de la exigencia ciudadana que los llama a no ser la utilería política utilizada por los actores del anterior sexenio para escabullirse y salir en hombros luego de haber endeudado al estado.

En Sinaloa no existe confianza hacia el poder judicial, que ya probó con Sergio Torres Félix el banquete de la sospecha luego de que el ex presidente municipal de Culiacán incumpliera una orden de los tribunales administrativos para resarcir el daño patrimonial ocasionado por un ciudadano afectado por las decisiones del ayuntamiento en relación a un polideportivo desmoronado desde la comuna.

El poder legislativo federal no ha dado la cara para llevar a la tribuna el caso Sinaloa y meter a la cárcel a los que bailaron mambo enriqueciéndose con el patrimonio del estado, y en torno al poder ejecutivo federal todavía anda cantando que la pobreza viene de mano de Donald Trump cuando la realidad es que la corrupción de los tres poderes es la que mantiene devaluada la moneda nacional y la confianza ciudadana.