Pospone de nuevo el Senado elección de Fiscal Anticorrupción

Por segunda vez, las comisiones de Justicia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado aplazaron hasta el 14 de marzo próximo la elección del nuevo Fiscal Especializado en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, ante la discusión interna por el mal diseño para nombrar al Fiscal General de la República, del cual dependerá el responsable de combatir la corrupción.

El plazo límite anterior fue el pasado 15 de febrero, que acordaron las comisiones tras la discusión sobre la posibilidad de mantener o derogar el transitorio que convertía automáticamente al actual procurador general en Fiscal General transexenal.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política, avalado por el pleno en la sesión, estableció que “en atención a la máxima publicidad” esta decisión de posponer se publique en la Gaceta del Senado, la página oficial de la Cámara alta y en los micrositios de las comisiones.

En tanto no exista un fiscal anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción aprobado el año pasado está incompleto.

Ricardo Peralta, uno de los aspirantes al cargo, ha señalado en entrevistas con distintos medios que los tiempos electorales han afectado la elección del fiscal.

Peralta, uno de los 31 candidatos a fiscal, aclaró que hasta el momento el Senado no ha establecido ninguna comunicación oficial para participar en el proceso o alguna otra ruta crítica, como sí sucedió con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción que eligió a sus cinco integrantes.

Entre las funciones de este nuevo fiscal, estarían coordinar, supervisar y dar seguimiento a los acuerdos nacionales e internacionales en materia de combate a la corrupción, emitir solicitudes de información a las autoridades de los tres niveles para investigar a funcionarios involucrados en actos de corrupción.

También aprobará las investigaciones para que intervenga el ministerio público, así como atraer delitos del orden común y otros delitos relacionados con actos de corrupción, por parte de servidores públicos.