Mazatlán dominada por el narco

En la tierra del gobernador Quirino Ordaz Coppel….

Ya no es el cauteloso susurro a la oreja de los parroquianos ni el nervioso acoso en los sanitarios de los hombres y los tocadores de las damas.

En sugerentes tarjetas de presentación, la oferta es: Sexococa, heroína o cristal… “En cinco minutos”. Es pues, servicio exprés a la vista de todos.

Esa es una escena que puede describirse cada noche en los antros de cualquier ciudad y hasta en los ranchos de la República, donde principalmente jóvenes y adolescentes satisfacen sus mozas disipaciones.

Pero el libre mercadeo de aquellos relajantes y tóxicos productos  ocurre en el puerto de Mazatlán, cuna del flamante gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.

Es absolutamente probable que un cliente decline la oferta. Los vendedores, sin embargo, toman nota de que ese prospecto hace alarde de las pacas de dólares que trae en el bolsillo. Es potencial víctima del levantón.

Logrado su éxito económico privado especialmente en empresas turísticas, a Ordaz Coppel no le puede ser ajena la actividad del narcomenudeo, que ya no se oculta en el secretismo.

Las cuentas que nos da el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) informan que, en lo que va de 2017, Sinaloa tiene un promedio de cuatro muertes violentas al día.

La misma fuente identifica enero del 17 como el mes más macabro de los últimos años en Mazatlán.

Ellos son directamente los encargados de la estrategia…” (De prevención de la delincuencia y de perseguir a sus perpetradores), declaró paladinamente hace unos días el alcalde porteño Fernando Pucheta Sánchez.

Los “encargados” a los que se refirió el presidente municipal de Mazatlán son, en este orden, según los listó: La Policía Federal, el Ejército, la Armada y el gobierno del estado.

La poltrona declaración de Pucheta Sánchez se produjo en el marco de la reciente visita a Sinaloa del general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda,

Con una actitud pasmosa, el alcalde anunció que ya está listo el Operativo Carnaval 2017. Todos paisanos y visitantes pueden darle vuelo a la hilacha.

Es posible que la misma escena que describimos a la entrada de esta entrega, pueda contarse en Culiacán, Los Mochis o Guasave.

No es lo mismo: Por motivos que corresponden a su vida privada, el Supremo Comandante de las Fuerzas Armadas mexicanas, Enrique Peña Nieto, tiene predilección por Mazatlán para disfrutar de sus días de asueto. Por supuesto, bajo la protección del Estado Mayor presidencial.

En Mazatlán mismo, frecuentemente se registra la presencia del coordinador del Gabinete de Seguridad Nacional, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para revisar el estado que guardan los programas de seguridad pública.

Ordinariamente, lo acompañan los titulares de la Secretaría de la Defensa y de la Armada de México.

Sin embargo, lo que aquí vale destacarse es el imperativo de seguridad que debe preservar la integridad del Presidente de la República.

Obviamente, para eso está el Estado Mayor presidencial. ¿Y qué ocurre cuando el jefe del Ejecutivo retorna a la Ciudad de México? Ocurre el desencadenamiento de la violencia, como está documentado en los datos antes consignados. ¿Y la protección de la sociedad sinaloense y, particularmente la de Mazatlán, tierra nativa del gobernador Ordaz Coppel?

Es hora en que la sociedad sinaloense no conoce el Plan de Seguridad Pública del flamante mandatario para hacer su parte frente a esa tragedia; responsabilidad que le asigna la Constitución y las leyes de ella derivadas.

Sin pretender un ejercicio sicológico, parecería que Ordaz Coppel comparte el obtuso criterio del alcalde Pucheta: Ellos son los encargados de la estrategia. Y a nadar de muertito. Literalmente, de muertito, aunque éste sea “el otro”.

Es llegada la hora de exigir el cumplimiento de sus deberes al gobernador y los alcaldes. Para eso juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución.

La hora no la fijamos nosotros: Hace unos meses, el propio secretario Cienfuegos Zepeda, a raíz de la emboscada a una partida militar en Culiacán, dio señales de “estar hasta la madre”, no sólo por los atentados contra la tropa, sino por la negligencia de las autoridades de los estados en materia de Seguridad Pública.

La hora, insistimos, no la anunciamos nosotros: Frente a los reclamos de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas, el Congreso de la Unión, así sea a regañadientes, está por bajar a los plenos la iniciativa de Ley de Seguridad Interna.

Con independencia de lo que resulte como dictamen final de esa iniciativa, los partidos de oposición, especialmente las bancadas del PAN, están condicionando su voto a que la propia ley establezca un  cronograma para el retiro de los activos federales de las calles.

Puede especularse que el propio Ejecutivo esté de acuerdo con la dilación de esa legislación (en la que particularmente la Secretaría de la Defensa exige una normatividad específica y clara sobre la incursión de sus elementos en funciones que el propio general Cienfuegos ha codificado como inconstitucionales), bajo la lógica ranchera -esa dilación- de que, el venga atrás que arríe. “Después de mi, el diluvio”.

Esa es la gran cuestión: Si el PAN logra que la Ley de Seguridad Interna ponga calendario, más corto o más largo, al retorno de las fuerzas federales a sus cuarteles, ¿qué harán los evasivos gobernadores en esa materia?

La agenda para combatir el crimen organizado seguirá siendo competencia federal. De lo que hablamos, es de Seguridad Pública.

Lo que ahora mismo vemos, es que el gobernador Quirino Ordaz Coppel no diseña ninguna providencia operativa para recoger la papa caliente. Si ya la sociedad sinaloense está en plena indefensión, es previsible que la situación desborde los límites reparables.

Sería criminal que, en medio de la barbarie galopante, el gobernador Ordaz Coppel, como su compañero de partido, el alcalde Pucheta Sánchez, esté pensando en el próximo Carnaval de Mazatlán. Suele ocurrir.

Álvaro Aragón Ayala

Conductor del programa de radio Ruta Mexico y analista politico en Radio UAS, Diario de Sinaloa y Director Ejecutivo de Proyecto 3.