Gobierno engorda el latifundio

En el temporal de crisis y pobreza del sector agropecuario, las dependencias federales del ramo se encuentran convertidas en laboratorios en los que se experimenta con la ignorancia y se fertilizan las estafas para despojar terrenos parcelarios y engordar el latifundio.

En la pasarela de irregularidades en la tenencia de la tierra, los funcionarios de la Procuraduría Agraria manipulan la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y sirven de amanuenses de las compras ilegales de los predios favoreciendo a quienes fraudulentamente arrebatan los terrenos y negando la protección de la justicia a los empobrecidos campesinos.

En el medallero de instituciones al servicio de latifundistas se encuentra el Registro Agrario Nacional cuyos funcionarios en el estado esconden las cuentas de las superficies que han cambiado de manos en el estado.

En el cuadrante de Sinaloa, el RAN ha registrado en una sola mano cantidades de terrenos que superan las hectáreas permitidas por ley y mantiene abiertas las puertas a las negociaciones de traspatio para concentrar la explotación del campo en quienes impunemente se han adueñado de más del 70 por ciento de la producción agrícola del estado y la riqueza monetaria del sector no está salpicando al campesino marginado de los programas gubernamentales.

Sin embargo, el Registro Agrario Nacional no está bajo fuego ni en el foco de las autoridades federales comprometidas, ya que desde la mirada del delegado del RAN en Sinaloa, Miguel Ángel Amador Rodríguez, es la Procuraduría Agraria la que endosa y rubrica las ventas y transferencias de terrenos parcelarios sin profundizar en el origen legal o maquinado del trasiego de los predios.

El tamaño del despojo es inmenso sin consideramos que cada año en Sinaloa se recarga la producción agrícola en un millón 250 mil hectáreas con cualidades y vocación para la siembra mediante el sistema de irrigación.

DESPOJADO EL EJIDO DE DOS TERCIOS DE SUS PARCELAS

Sólo el 30 por ciento es ejidal y el 70 por ciento de esa superficie opera desde las manos privadas. Hace 25 años, la proporción era exactamente al revés. El sector social representaba casi tres cuartas partes de la propiedad.

Pero esto cambio porque al campesino se le escondieron los canales de acceso a créditos y se les cerraron las puertas de la comercialización directa con la industria transformadora de la materia prima que Sinaloa produce.

El paternalismo gubernamental hacia la iniciativa privada no corre a la misma velocidad hacia la zona rural y los cadáveres industriales de la entidad surgieron de forma deliberada, ya que el estado es fuente de materia prima, pero los dueños de la infraestructura fabril prefieren importar productos ya acabados para tronar al campo y ya no adueñarse de la producción de los agricultores modestos, sino de sus terrenos.

El control político y legislativo por parte de integrantes de la iniciativa privada ha servido para manufacturar pobreza y el potencial devastador de la insolvencia del campo se lee en el consumo interno, la inoperatividad de las industrias agropecuarias y la migración social de la zona rural hacia las ciudades en donde existen cinturones de pobreza alrededor de Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, Guasave y Guamúchil.

PADRINOS DEL MONOPOLIO DE LA RIQUEZA AGROPECUARIA

El monopolio de la producción agropecuaria es apadrinado por políticos de la talla de German Escobar Manjarrez, Ramón Barajas López, Jesús Aguilar Padilla e integrantes del poder legislativo, estatal y federal, que se encuentran ataviados de especuladores de la producción agropecuaria y no les interesa la recuperación del campo sino el debilitamiento de las instituciones de defensa de la tenencia de la tierra.

Ellos contaron con el apoyo de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Mario López Valdez para hacer realidad los planes de arrebatar patrimonio y fuentes de trabajo de la clase campesina. Los funcionarios responsables de atender la política del campo son socios de los beneficiarios de la estafa y del saqueo.

Desde Los Mochis hasta Escuinapa existen historias de engaño y estafa en la compra de predios ejidales porque la Procuraduría Agraria no ha establecido oficinas en las que los indígenas y campesinos sean formalmente representados para celebrar acuerdos de arrendamiento de sus predios y creen que han rentado los terrenos, pero luego se les informa que ya no son dueños de sus parcelas porque lo que acordaron y firmaron era la venta de los mismo.

Eso es toda una estafa oficializada y validada por las autoridades de gobierno.

En aquellos casos en que los campesinos no mordieron la carnada se les presiona psicológicamente ya que en forma mañosa los latifundistas les arrebatan la propiedad haciéndolos firmar acuerdos de arrendamiento por 30 años y en un apartado suscrito en forma diferente celebran un acuerdo de venta “nada más para ver si pega”.

Ni uno ni otro procedimiento es legal y por tanto se puede promover su nulidad por vicios en el consentimiento y el contenido de las ventas y arrendamientos.

Los contratos de compra-venta en terrenos ejidales alejados de la zona urbana son nulos de facto y de derecho.

ILEGALES ARRENDAMIENTOS PARCELAS POR 30 AÑOS

En el caso de los arrendamientos parcelarios a 30 años son ilegales si su uso no es destinado al establecimiento de alguna industria o empresa en la zona ejidal a la que pertenecen los terrenos.

Desorientados y presionados porque el gobierno federal desapareció por decreto la banca ejidal, los campesinos de Sinaloa y del país acuden por necesidad a latifundistas que asumen el rol de agiotistas que les suministran mañosos préstamos para que exploten los terrenos y luego les imponen intereses impagables para despojarlos de los predios diciéndoles que ya no pueden alegar que son de su propiedad.

Con las reformas al artículo 27 constitucional llego también la desaparición de la Productora Nacional de Semillas –PRONASE- y la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera – ANAGSA-MD con lo cual se lanzó al vacío y sin red de protección a los productores ejidales y agricultores de menor escala porque la corrupción se instaló en el servicio público federal y la importación de simiente e insumos elaborados en el extranjero enriqueció a funcionarios y empobreció al sector.

La investigación científica no ha llegado a la agricultura mexicana en donde no se han elaborado nuevos insumos para elevar la producción agrícola y la única distinción internacional en la que destacan los funcionarios es la patente de corrupción que ha colocado al país en la cuerda floja del Tratado de Libre Comercio, donde es el más débil de los socios.

En Sinaloa no es la excepción. La corrupción en los organismos que deben detener el latifundismo gotea por todos los poros de la entidad y tiene un elevado costo ya que el año pasado la producción de maíz cayó en 700 mil toneladas y la entidad se bajó del primero al cuarto lugar nacional entre los estados en la obtención de esta cosecha.

Además, en menos de tres años los estragos en la especulación agrícola propicio que la entidad perdiera su nivel en el ritmo nacional en la siembra de trigo, sorgo soya y legumbres, ya que la producción de alimentos en el campo disminuyo en 13 millones de toneladas y la ocupación en el campo que hace ocho años era de 900 mil jornales diarios se redujo a apenas 250 mil trabajadores del campo.

En esa caída económica, productiva y laboral no tuvieron que ver los ejidatarios porque los especuladores tienen rostro de latifundistas que cabalgan impunes porque las autoridades agrarias y políticos de plastilina no están haciendo su tarea.