Fuerte presiones e intereses impiden reformar la Ley de Alcoholes

No quiebra en el estado, pero desorden, ineficiencia y corrupción

Lo que pasa en el Patronado Impulsor del Deporte de Sinaloa indica que el gobierno de Quirino Ordaz Coppel tampoco se animará a reformar la Ley de Alcoholes. Las presiones políticas y los
intereses de muchos amigos del ejecutivo no permiten pensar en semejante modernidad en Sinaloa.

Se trata de la ley portaestandarte de la corrupción y de la manipulación política. Es un marco jurídico obsoleto, que desapareció de la mayoría de las entidades federativas, pero que en nuestro estado tiene raíces de añejos vicios que solapa el gobierno.

Una inmensa fortuna se escurre por los pasadizos secretos del gobierno para funcionarios, amigos, grandes empresarios, políticos y periodistas afines al mandatario y al sistema.
¿Por qué es sintomático lo del Patronato Impulsor del Deporte? Porque los hechos muestran el trasfondo de la consigna de no tocar la Ley de Alcoholes, para no lastimar oscuros negocios que son inatacables so pena de exponerse a una violenta -y a veces trágica- respuesta.

Los hechos se acumulan para dar la razón a quienes piensan en la necesidad de liberalizar ese comercio y poner un hasta aquí a los excesos de corrupción que se cometen tras el mostrador de fingida legalidad.

Lo inmediato en este asunto es que Carlos Rico Cárdenas se va de la dirección del PIDS del mismo modo que se fue su jefe durante el pasado sexenio, Manuel Francisco Pérez Muñoz, sin rendir
cuentas que representan ingresos por cientos de millones de pesos.

Ambos se van entre fanfarrias, cobijados por el disimulo del gobernador Quirino Ordaz Coppel.

El PIDS es un paradigma del oscurantismo administrativo para el manejo discrecional y caprichoso de fondos públicos.

En lugar de Rico Cárdenas tomó posesión Carlos Morán Dosta, pero lo que requiere el patronato no es un relevo obligado por el fin de un gobierno, sino una amplia investigación de los desvíos
cometidos por los anteriores directivos, que operaron sin ningún control ni escrutinio, protegidos por Mario López Valdez.

Es tan corta la obra de Pérez Muñoz y Rico Cárdenas, que en el acto de sustitución de éste último, volvió a hablarse de rehabilitación de campos deportivos y de la compra de 50 rings para box y lucha.

Esta última compra, hay que recordarles a los operadores del incensario oficial que la adquisición de los cuadriláteros fue realizada en 2011 y todavía es una de las acciones que deben ser
aclaradas por los auditores por existir denuncias de que en aquellos días de jauja malovista cada ring costó para fines contables, más de 120 mil pesos cada uno, más IVA, a pesar de que “por
debajo de la mesa” se manejó una cotización de 80 mil pesos, lo que dejó una importante comisión para quienes realizaron la transacción.

De mayor impacto financiero es el manejo de las aportaciones de las cervecerías al PIDS por venta nocturna de la bebida, dinero que sigue manejándose fuera de todo principio de transparencia.
Ni el gobernador del estado ni el nuevo presidente del patronato, José Oscar Sánchez Osuna, han expresado media palabra de un cambio en el esquema de ese negocio, que al no ser sujeto a un claro registro, en su ingreso y en su gasto, merece la clasificación de corrupto. Los Centros de Usos Múltiples y todas las obras a cargo de ese organismo que por conveniencia insisten en manejar como si fuera ente privado, también deben ser expuestos a la rendición de cuentas, si es que el discurso anticorrupción del mandatario tiene algo de credibilidad.

Lo inmediato es la forma en que se dio el relevo de Carlos Rico en el patronato. Ni por asomo se habla de auditorías a la etapa sexenal que le correspondió al lado de Pérez Muñoz. Este explotó su “línea directa” con Malova para operar como feudo propio el PIDS y Rico tuvo ahí la oportunidad de construir una residencia en La Primavera, lo que no puede justificar con su sueldo en un patronato de supuesta asistencia privada que administra recursos que corresponden al estado, como es la cuota pro deporte proveniente de la cerveza.

EVIDENTE CONFLICTO DE INTERESES

EN LA ASE, porque Emma Guadalupe Félix Rivera, la encargada provisional, en su despacho privado es asesora contable de la empresa de José Luis Sevilla Suárez, que forma parte de la élite malovista que está sujeta a revisión en las cuentas públicas.

La funcionaria no es representante de los intereses de Mario López Valdez porque salió “raspada” de la Unidad de Transparencia al mando de Juan Pablo Yamuni Robles. Entre ambos hubo fuertes
fricciones perdiendo la parte más débil. Pero ella encontró refugio en la ASE, sin descuidar su cartera de clientes, entre ellos el ex secretario de Comunicaciones y Obras Públicas.

Al ventilarse irregularidades en los manejos financieros del pasado gobierno, sobre todo de la obra pública que manejó José Luis Sevilla con la guía de su hermano Jacobo, “asesor externo”
oculto tras el “trono”, la vinculación personal de la contadora Félix Rivera con un ex miembro del gabinete representa atravesar obstáculos en el camino de las investigaciones.

En realidad, la ASE es normalmente una maraña de relaciones, intereses y de compromisos con la más alta burocracia, lo que explica el balance desfavorable para la transparencia y la rendición
de cuentas.

DEL INTERIOR DE LA SEPYC SURGEN VERSIONES que hablan de un caos operativo y administrativo en las nefastas tapas de Francisco Frías Castro y Gómer Monarrez González, sobre todo en la nómina de maestros, lo que involucraría también a los líderes sindicales del estado.

Se trata de una inmensa podredumbre difícil de clarificar, porque es necesario depurar nóminas de casi 4 mil trabajadores de la educación en Sinaloa, sospechándose que no todos los que cobran son empleados.

Por algo Frías buscó blindaje político en la candidatura independiente, para ponerse a salvo de cualquier problema judicial y también se explica la forma solícita en que Monarrez se puso a trabajar en la campaña de Quirino Ordaz, organizando toda clase de bacanales con jóvenes para comprometerlos a votar por el candidato priista.

MEDIAS VERDADES O EL OCULTAMIENTO DEL PROBLEMA financiero del estado, en la conferencia de prensa de Carlos Ortega Carricarte, secretario de Administración y Finanzas.
El estado no se encuentra en quiebra, pero la deuda se elevó a 13 mil millones de pesos, en números cerrados, con cuentas de corto plazo sin fuente de pago por más de 8 mil millones de
pesos.

Aun no se conocen resultados de auditorías, pero se procederá contra quienes incurrieron en desviaciones u otras prácticas punibles.

Bajó la eficiencia recaudatoria y las aportaciones federales. Por eso se elevaron las cuentas por pagar. Se debe más de dos mil millones de pesos a proveedores y otra suma milmillonaria a
pensiones.

Pero no hay quiebra. Es que ningún gobierno puede quebrar. Lo que no dice Ortega es que resulta perceptible el desorden financiero que recibió el nuevo gobierno, con evidencias de corrupción
en Salud, Educación, programas sociales, Obras Públicas y Transportes, principalmente. Esto no es lo que se esperaba de quien prometió ser el mejor gobernador del país y que haría de Sinaloa el mejor lugar para vivir.