Desafuero del diputado del PAN, Juan Pablo Yamuni ¿secuela del “informe mutilado” de Quirino Ordaz?

En México y en Sinaloa se viven los tiempos de los archivos muertos, producto de la impunidad, la simulación y las complicidades. El “informe mutilado” del estado contable-financiero-administrativo del gobierno del Estado, heredado por el mandatario saliente, Mario López Valdez, ofrece la posibilidad de contar con un primer expediente, que podría armarse, para ser turnado al Congreso Local y la Procuraduría General de Justicia del Estado -futura Fiscalía General-; la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República.

¿Al Congreso Local para qué? Para ver si es probable y posible que los diputados “justicieros” encauzen un proceso de desafuero contra el diputado Juan Pablo Yamuni, bajo cargos de violación a la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos y complicidad u omisión en los latrocinios a las finanzas del gobierno del estado y pasividad o proteccionismo ante otros actos graves de corrupción en que incurrieron funcionarios del gabinete de Mario López Valdez.

Juan Pablo Yamuni llegó a la diputación por el Quinto Distrito Electoral Local abanderado por el PAN: Mario López Valdez, operadores del PRI estatal y municipal lo apoyaron para aplastar al abanderado del tricolor por ese distrito, Aldo Prandini, no amoldado a los planes proteccionistas de Malova. Juan Pablo, quien fuera titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, le hacía y le hace falta al ex gobernador para “cerrar la pinza” en la Comisión de Fiscalización del Congreso Local y la Auditoría Superior del Estado para alcanzar la impunidad por los actos de corrupción en que incurrió en funciones de gobernador de Sinaloa.

El secretario de Administración y Finanzas del gobierno del Estado, Carlos Ortega Carricate, reveló, cuando menos a medias, el estado que guarda la administración pública estatal, y precisó que “el promedio de integración de las actas de entrega-recepción fue de 42 por ciento, al no contar con toda la información que debe ser agregada en sus respectivos anexos por los responsables en términos de la Ley de Entrega-Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa”.

“No es posible conocer el estado en el que se recibe cada dependencia en su totalidad, entidad u organismo público descentralizado, ya que la información registrada sólo se enfoca a la entrega del despacho del titular y no del total de la dependencia”, puntualizó.

Detalló que en el proceso de entrega-recepción del Gobierno se les negó información sobre las observaciones y acciones que realizaron las instancias fiscalizadoras y para proveerse de datos tuvo que recurrir a otras fuentes, dado que para no dejar rastro de irregularidades la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, entonces a cargo de Juan Pablo Yamuni Robles, ahora diputado local del PAN, no realizó auditorías a la administración de su ex jefe Malova, salvo al sector de la obra pública de 2014 a 2016, por obligación con la Federación.

Es viable entonces fincar proceso penal por violación a la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos contra Juan Pablo Yamuni y proceder a solicitar su desafuero como diputado.

¿Turnar también un posible expediente ante la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa con datos de los latrocinios? ¿Para qué? Bueno. Cuando menos para que se archiven. Ahí, el procurador de Justicia, lo sigue siendo Marco Antonio Higuera Gómez, malovista redomado, y la intención es que sea sustituido, con el ropaje de Fiscal General, por otro protector del ex gobernador, Juan José Ríos Estavillo, fallido presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Durante el paso de Estavillo por la CEDH los sinaloenses, víctimas directas o colaterales de la violencia generalizada se preguntaban ¿Dónde está la institución responsable de proteger y defender a las víctimas de violación a los Derechos Humanos? No fueron pocas las voces que describieron a Juan José Ríos en una posición clásica: de rodillas al Ejecutivo Estatal.

Ríos Estavillo se fue de la CEDH dejando como herencia el estigma del descrédito y la simulación por no servir nunca a los sinaloenses sino al ser, antes todopoderoso, que despachó en el Palacio de Gobierno: Mario López Valdez.

Ríos Estavillo reclama ahora la futura Fiscalía General del Estado como suya, “por haber estudiado junto con Quirino Ordaz Coppel”, por sus servicios prestados a la impunidad oficial y porque su hermano, Mayo Eleuterio Ríos, fue, primero, publicista y propagandista de Mario López Valdez, sí, el que urdió parte de las estrategias anti-Vizcarra en el 2010, y hoy es, coyunturalmente, el publicista de cabecera del gobernador Quirino.

El expediente que es factible armar con la información que ofreció Carlos Ortega Carricate, habría de turnarse también a la Secretaría de la Función Pública y a la PGR.

Sí, cuando menos para que lo manden al “archivo muerto”. La Auditoría Superior de la Federación ha sustentado que la impunidad y la corrupción radican en la protección que brindan a las autoridades municipales y estatales sus propios órganos de control, que dependen de los Congresos Locales, convertidos en apéndices “administrativos” de los gobernadores.

¿Quién dará pues el primer paso en la lucha contra la corrupción en Sinaloa? El “informe mutilado”, incompleto, es prueba fehaciente que se movió todo un engranaje para encubrir el saqueo y el endeudamiento del gobierno de Sinaloa, cremallera que penetró el Congreso Local y la propia Auditoría Superior del Estado, cuya responsable es la malovista Emma Guadalupe Félix Rivera, quien fuera funcionaria de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas.

En los siguientes días los sinaloenses van a saber de que están hechos los diputados locales que mantienen varado el dictamen de la cuenta pública de Malova por las irregularidades detectadas en el primer semestre del ejercicio administrativo del 2016, que suman la nada despreciable cantidad de 4 mil 457 millones de pesos sin fuente de pago.

Álvaro Aragón Ayala

Conductor del programa de radio Ruta Mexico y analista politico en Radio UAS, Diario de Sinaloa y Director Ejecutivo de Proyecto 3.