Tres Ríos

A galope de su lucha por dirigir los destinos del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa el hijo de Víctor Gandarilla ha encontrado los primero estropicios en las
trincheras legislativas del tricolor.

Los desaguisados vienen siendo cometidos por los legisladores federales y locales, que les están dando calabazas a los ciudadanos que piden un cambio de rumbo en el ejercicio político del estado.

El eje priista en el congreso local da la sensación de que está integrado por vándalos.

Y eso lo sabe Gandarilla, pero poco hace para remediarlo porque carece de liderazgo y de experiencia.

Porque de hecho las decisiones que han tomado todos los priistas que conforman el músculo legislativo han provocado malestar entre la gente porque parecieran gatilleros a sueldo para exonerar a los responsables de la deuda pública de los municipios y del gobierno del estado que nuevamente cargaron la cuenta a los contribuyentes afirmando que Quirino Ordaz Coppel, actual
gobernador aun sin legitimarse en el cargo, también dejó un cochinero cuando se desempeñó en la administración de Jesús Aguilar Padilla, pero de esto no tiene culpa ningún sinaloense.
La criminalidad legislativa corre a cuentas del PRI. Y no tiene argumentos de defensa.

La exoneración de responsabilidades corre a cuenta de la bancada priista que está integrada por Gloria González Burboa, María Fernanda Rivera Romo, Jesús Antonio Marcial Liparoli, Marco Antonio Osuna Moreno, Ana Cecilia Moreno Romero, José Menchaca López, Feliciano Valle Sandoval, Irma Guadalupe Moreno Ovalle, Irma Leticia Tirado Sandoval, Silvino Zavala Araujo, Guadalupe Iribe Gascón, Víctor Manuel Godoy Angulo, Andrés Amilcar Félix Zavala, Paola Iveth Gárate Valenzuela, Carlos Montenegro Verdugo, María Eugenia Medina Miyazaki, Margarita Villaescusa Rojo, Elsy López Montoya, y Maribel Chollet Morán.

Ninguno de ellos muestra estatura para cumplir como representantes populares. Todos son lacayos de los intereses políticos del ex gobernador Malova y de su sucesor ya en funciones.

Todos ellos se preparan también para que la impunidad política obtenga carta de naturalización en relación al análisis y aprobación de la deuda pública que por más de mil 400 millones de pesos dejo en Culiacán el ex presidente Sergio Torres Félix, de cerca de 800 millones de pesos con los que Arturo Duarte García destrozó las finanzas del municipio de Ahome. Y de las rapacidades sin fin de Armando Leyson Castro en Guasave, que proclama: si me persiguen, les enseñó lo que me entregaron Ramón Barajas y Jesús Burgos.Con esta advertencia, se paralizó una vez más la acción de la justicia. La impunidad es escandalosa ante la indignación de la gente. Con la defensa que los diputados locales priistas están haciendo de los políticos bribones lo que hace es cavar una tumba para los que serán sus candidatos en el 2018.Con estos diputados del tricolor el Revolucionario Institucional coloco la carreta delante de los bueyes y pagará las consecuencias, aun con la parafernalia del fraude, que ya está aceitada para lo que viene. Lo curioso del caso es que de los partidos nacionales no hay quien recurra a las instancias judiciales del país e internacionales para que los atracos legislativos sean sancionados y que se cumpla con la primera obligación, que es hacer que prevalezca la justicia.

Es repudiable lo que ocurre con las cuentas públicas del gobierno del estado, de los ayuntamientos y de las juntas de agua potable municipales.

A todas las cubre la protección de los cómplices en el poder legislativo, donde el mayoriteo es alcahuete del saqueo cometido con los recursos del erario público a lo largo y ancho del estado.