Tres Ríos

 

El Partido Acción Nacional no tiene materia prima que le de valor agregado a su participación política y legislativa.

En suma, no tiene caballada y está dominado por vacas flacas. Para colmo de males, su diputado en el Congreso del Estado, Juan Pablo Yamuni Robles, se molesta ante la propuesta relacionada con el impuesto sobre la nómina pero no ha dicho nada sobre los impuestos que influyen directamente en los sinaloenses.

Es decir, está enamorado de la cúpula de la iniciativa privada y quiere patear a los ciudadanos.

Yamuni trata de confundir. El impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el producto del trabajo, el aumento a la gasolina, y otras gabelas, impactan negativamente en el bolsillo de los trabajadores y de los consumidores, pero no en el bolsillo de la iniciativa privada.

Por primera vez en la historia, los miembros de la iniciativa privada tendrán que aportar su granito de esfuerzo para ayudar a la economía estatal, pero están soltando el llanto a pesar de que son ellos mismos los que están gobernando, porque según monitoreos efectuados a la nomenclatura administrativa estatal, municipal y hasta en las tripas de los congresos legislativos federal y estatal, no son gentes de pueblo los que dirigen y manejan los billetes y morralla.

Es decir, la crisis en el estado de Sinaloa fue provocada por miembros de la iniciativa privada que se metieron a políticos y como estadistas no sirvieron. El propio Yamuni es una muestra. Como funcionario fue un cero a la izquierda y una versión malovista de la Carabina de Ambrosio.

Además, existen en la cúpula de empresarios aves que cruzan y manchan el pantano, negociando en lo oscurito beneficios personales y brincan y patalean para alojarse como proveedores del estado a espaldas de la ciudadanía

¿Botón de muestra? Va una perla.

Se trata ni más ni menos que de Juan Pablo Castañón, que alcanzó status de trinquetero político y económico ya que vive del erario público rentándole edificios al gobierno estatal a precios súper elevados, como en el caso de Los Mochis en donde recibe cerca de medio millón de pesos mensuales con un contrato arrancado a su favor para albergar las oficinas de la Subprocuraduría de Justicia en una construcción disfuncional y que causa muchas molestias al trafico vehicular y peatonal del centro de esa ciudad.

Fue otro de los que pegó de gritos y dejó en claro que el pago de la crisis económica del estado corresponde a los pobres y no la crema y nata de la economía y la política regional.

Si del acto de justicia se trata, Juan Pablo Yamuni Robles debería proponer que los miembros de la cúpula de la iniciativa privada y los proveedores del servicio público sean los primeros en ser incluidos en la ley anticorrupción pregonada a los cuatro vientos por el gobierno federal, ya que de todos es sabido que precisamente el pastel presupuestario de las administraciones gubernamentales se reparte a conveniencia a través de contratos de servicio y adquisición de los recursos materiales para operar.

La realidad es que en Sinaloa es necesario que den un paso al frente los diputados locales y envíen una señal de resonancia nacional eliminándose el fuero en el que se envuelven para actuar como les place y salir airosos a pesar de que realizan actos deshonestos en sus acuerdos empresariales y gubernamentales.

Por eso es momento de que los dirigentes y legisladores del Partido Acción Nacional definan si están de parte del estado o de los ricos, ricachos y ricotes que han abultado sus cuentas bancarias negociando con los grupos políticos que administran las finanzas públicas.

Los que menos tienen son quienes deben soportar también el aumento a los combustibles. De este incremento la iniciativa privada no ha dicho nada a pesar de que los trabajadores y los padres de familia de la clase baja serán los que resentirán el atraco institucional.

En fin, es momento de que la iniciativa privada ayude a resolver la crisis que los empresarios metidos a políticos causaron a Sinaloa.