SEPyC, en el Lodazal

Enrique Villa Rivera y el dilema del combate a la corrupción

El andamiaje humano y financiero de la Secretaría de Educación Pública y Cultura es perseguido por la corrosión. Es obsoleto. La corrupción es – ¿o era? -práctica común en la dependencia ¿Podrá José Enrique Villa Rivera, con toda su experiencia, su bagaje académico y administrativo, con su estatus de investigador, rescatar del lodazal a la SEPyC?

Para ir centrando el tema: las Escuelas de Tiempo Completo se mercantilizaron en Sinaloa. La venta de alimentos en los planteles es negocio redondo de los directores. La aplicación de la “tarifa Frías”” por el abasto de comida a estudiantes, generó discriminación y violación de los derechos humanos de los niños pobres.

Quienes carecen de dinero para pagar la ración de comida no gozan de su suministro al medio día y son sacados de los planteles, unas y dos horas, con la exigencia de que regresen a la escuela una vez que el resto de los alumnos que sí pagan los alimentos hayan comido.

Más: Ricardo Borboa, dirigente de la CMIC, describió a Bernardino Antelo Vilchis, ex titular del ISIFE, como “el rico del sexenio de Malova”, y solicitó a las autoridades que se ejerza, sobre él y Gómer Monárrez, ex titular de la SEPyC, una auditoría ante los desvíos de fondos que se presentaron en el instituto a su cargo.

“Dejo mal las cosas, hay obras inconclusas de empresas que no se sabe quiénes son, hay obras pagadas… entonces como es posible que a un personaje de ese nivel, un político que administró una dependencia y la dejó por los suelos lo estés premiando haciéndolo coordinador regional del INIFED”, puntualizó.

Citó que en el proyecto de la Ciudad Educadora (Ciudad del Saber) Bernardino otorgó 300 contratos a gente de su confianza y muy pocos concluyeron las obras que les correspondían.

Vamos ahondando más sobre el tema:

En la compleja trama de la realidad latinoamericana (¿México y Sinaloa son todavía parte del hemisferio?), plantear tan solo la posibilidad de la transformación del mundo por la acción del pueblo mismo, liberado a través de la Educación, y anunciar las posibilidades de “una nueva y auténtica sociedad”, es convulsionar el orden anacrónico en que nos movemos.

Esa consideración se la plantea Julio Barreiro en la presentación de la obra La Educación como práctica de la libertad, del pedagogo brasileño Paulo Freire, autor también de Pedagogía del oprimido.

Uno puede esperar que la política de Educación y Cultura del gobierno de Quirino Ordaz Coppel se inspire en el imperativo de construir “una nueva y auténtica sociedad” sinaloense con una reforma educativa profunda, que erradique toda clase de prácticas corruptas en la SEPyC y eleve la calidad de la tarea enseñanza-aprendizaje.

Acaso ese fue el fin de la designación del responsable de esa política, José Enrique Villa Rivera, repatriado de la Ciudad de México después de haber pasado por la dirección general del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la dirección general de Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (Conacyt).

Si es de esperarse que Villa Rivera tenga nociones de la doctrina educativa establecida por la Constitución -no por Aurelio Nuño Mayer-, que señala que el criterio de la Educación será democrático y privilegiará la convicción “del interés general de la sociedad”.

Ilustremos un caso en que la “democracia” estuvo de por medio:

En 2000, la interina jefa de Gobierno del Distrito Federal, la perredista Rosario Robles, expropió un minúsculo predio en el fraccionamiento de Santa Fe, cuyo uso daría acceso a un Hospital. El asunto quedó “en sueños” durante cuatro años.

Para 2004, la perredista estaba implicada en el complot contra su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la Presidencia de la República.

Hasta entonces se hizo del dominio público que la propietaria de aquel minúsculo predio, Promotora Internacional Santa Fe, había introducido un recurso reclamando la devolución del terreno. El presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela Güitrón le corrió el dato al presidente Vicente Fox.

Podríamos obviar el capítulo informando que el litigio se resolvió hasta 2014 (trece años después) en que el gobierno del Distrito Federal acreditó el dominio de aquel lote en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, después de haber pagado 95 millones al reclamante.

Aquél asunto sirvió de coartada a Vicente Fox para mojarle la pólvora a López Obrador, tratando de impedirle, mediante el intento de desafuero, contender en las elecciones presidenciales de 2006.

El asunto fue enviado por la Procuraduría General de la República a la Cámara de Diputados, que no atendió el alegato del imputado “de desacato de mandato judicial”. (Uno entre casi cuatro mil pendientes de sentencia).

La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados pasó semanas deliberando el dictamen que fue puesto en el piso de remates electoral. Venían las elecciones generales de 2006. Los integrantes de dicho órgano pujaban por su continuidad en otro encargo.

El voto que atoraba el dictamen, era el del diputado federal del PRI, Francisco Frías Castro, quien negociaba su pretensión de ser candidato a senador. Votó finalmente por “la afirmativa”. Ni el PRI lo recompensó. De todas formas, López Obrador fue candidato presidencial.

Frías Castro titiló en el 2010 apoyando la candidatura de Mario López Valdez, por la vía del PAN-PRD. En recompensa López lo designa titular de la SEPyC, dependencia que se sumió de inmediato en el colapso. Sus principales colaboradores se metieron incluso en el negocio de tráfico de plazas: Francisco Miranda Rey y otros líderes sindicales “charros” gozan de las ganancias de esa empresa.

Así, también, en la SEPyC, a dos años de desaparecido, el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) cerró sus operaciones oficiales con un daño patrimonial 509 millones 913 mil pesos.

Por tal delito, en el 2012 la Auditoría Superior de la Federación interpuso una demanda penal.

El FAEB fue uno de los Fondos federalizados que todos los gobiernos estatales usaron como caja chica para cubrir otros gastos y hace poco más de dos años se transformó en el Fondo de Operaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, que administra centralmente la SEP.

La auditoría 531, aplicada a las finanzas de Sinaloa, permitió a la ASF detectar que 509 millones 913 mil pesos del FAEB los trasladó a otras cuentas; pagó 151 millones 987 mil 300 pesos a empleados que no acudieron a su centro de trabajo; 160 millones 319 mil 700 pesos a empleados que fueron contratados, a pesar de no cumplir con los requisitos, y 49 millones 344 mil 800 pesos se destinaron a operaciones no autorizadas, para hacer un total de 871 millones 564.8 mil pesos en daño patrimonial.

De acuerdo con datos de la ASF, de la inversión que los gobiernos destinaban a la educación básica de las entidades federativas, el 87.7 por ciento eran recursos que provenían del FAEB.

Luego se convirtió en el Fondo de Operaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, a cargo de la SEP.

La Auditoria Superior de la Federación también detectó en la SEPyC en el 2014 serias irregularidades en el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) y no ha podido ubicar el destino de 6 millones de pesos “pendientes de aclarar” del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del gobierno de Sinaloa.

En Conalep y Cobaes y otras instituciones la ASF detectó también saqueos o aplicaciones indebidas de recursos. El rapiñaje en la Universidad de Occidente es descomunal.

Ahora, el nuevo secretario de Educación y Cultura de Ordaz Coppel, José Enrique Villa Rivera, recupera al ex titular de la SEPyC, Francisco Frías Castro -por los servicios en campaña ofrecidos a Quirino- y lo integra a su primer equipo, siguiendo una innoble práctica de pepena partidista para conducir la política para formar adultos y jóvenes en carreras técnicas.

Frías Castro, adicto al presupuesto público, hizo la finta de que lucharía por ser gobernador “independiente” en las pasadas elecciones y sirvió de testaferro del PRI-PVEM. En pago se le instaló en el ICATSIN, donde el propio Frías, en funciones de titular de la SEPyC, toleró ahí la creación de un feudo perredista.

Jesús Reyes Heroles en funciones de Secretario de Educación Pública planteó, dándole una orientación propia a la reforma educativa, ajustando el concepto a un proceso de aceleración y transformación de la educación en México.

“La revolución educativa es constructiva. Quiere eliminar la hipertrofia y macrocefalia que impera en la educación: la separación escuela-hogar; la no participación de la comunidad educativa en la enseñanza; el alejamiento del centro que toma las decisiones de los lugares en que se aplican; la reducción de la sustancia ética de la educación. Quiere que se eduque la voluntad, el carácter, que se enseñe a pensar por cuenta propia; y se propone el mejoramiento general de la calidad educacional, desde preescolar hasta estudios superiores”, dijo.

Para desgracia, en la SEPyC persisten los pagos de favores políticos. El COBAES se cedió al grupo del ex gobernador Jesús Aguilar Padilla. En la UdeO no se deja maniobrar a la rectora Sylvia Paz Díaz Camacho y se le mete en las direcciones de las Unidades Académicas a desempleados del PRI. En la UAIM se planea instalar a un nuevo grupo que operará a favor de los proyectos electorales del tricolor. Y los desperfilados están inundado puestos claves en la SEPyC.

En kínder, primarias y secundarias, los vicios son arraigados. Quistes difíciles de extirpar, menos aun si no hay voluntad.

Así no se llega a ningún lado, menos a la construcción de una “nueva y auténtica sociedad” que debe ser gestada y formada en el espíritu democrático, sobre todo en la competencia y la excelencia educativa, en el combate a la corrupción y a la simulación.

A José Enrique Villa Rivera se le empujó entonces para que transite por el atajo más espinoso….

Álvaro Aragón Ayala

Conductor del programa de radio Ruta Mexico y analista politico en Radio UAS, Diario de Sinaloa y Director Ejecutivo de Proyecto 3.