Legado de Juan Guerra: campo devastado por la corrupción

En la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, a cargo de Juan Nicasio Guerra, quedan escabrosas evidencias de desviación de recursos, federales y estatales, que no deben permanecer ocultas por la indiferente complicidad del nuevo gobierno del estado.

El campo sinaloense ha pagado una factura muy cara por la imposición del falso comunista y luchador social en el cargo, a pesar de ser conocida su falta de experiencia en los asuntos del agro. La carencia de oficio del peor secretario del ramo en la historia de Sinaloa influyó en el estancamiento de las actividades económicas primarias y lesionó de manera irreversible la calidad de vida de los campesinos sinaloenses.

Guerra Ochoa si tuvo “colmillo” para aprovechar la indiferencia de Mario López Valdez por los asuntos del campo y de los segregados de la preocupación oficial, sobre todo los del sector social, a pesar de que sus raíces familiares se encuentran en el medio rural más pobre.

En ese contexto, el advenedizo en los asuntos agropecuarios y pesqueros pudo medrar libremente en busca del beneficio personal y de su camarilla de compañeros “de lucha” y de partido, principalmente el jefe de la unidad que manejó los apoyos al campo, su gran filón de riqueza, Juan Figueroa Fuentes.

En este año, libre ya de la ineptitud de Guerra Ochoa, que debió utilizar y pagar a Ricardo Armenta Beltrán como asesor que le enseñara a diferenciar los cultivos más importantes en la región, el campo aún están pagando -y pagará por largo tiempo- las consecuencias de esa cuota de cuates que pagó Malova a la casta más voraz e improductiva de la izquierda sinaloense.

Los favores del maestro de Juan Nicasio en el tema de la agricultura, también costaron muy caros al régimen malovista, porque Ricardo Armenta también cobró al gobernador su particular “cuota de cuates”. Además de proveedor del gobierno, Armenta Beltrán es señalado en el círculo cercano a la SAGyP por cobrar durante el sexenio 300 mil pesos mensuales como “presidente” de un membrete que sólo se conoció en los egresos, llamado unión nacional agrícola, ganadera y pesquera, con oficinas “centrales” en Culiacán, más otros favores de proveeduría y recepción de activos productivos para convertirse en un nuevo potentado agrícola en la zona sur de Guasave y Salvador Alvarado.

La de Ricardo es una unión de “productores” que sólo existió en la exuberante codicia de los “izquierdistas” que por conveniencia renunciaron a credos y compromisos políticos e ideológicos, con tal de ser parte una vez al menos de un gobierno electo y cobrar sus beneficios a lo largo de un sexenio.

Tanta fue su codicia por el ejercicio del poder, que dieron la espalda al “peje”, Andrés Manuel López Obrador, por ser crítico de Malova. Aquí tuvieron seguro el pan y la manteca durante un sexenio, sin correr otra aventura. Con AMLO Guerra y Armenta sólo estuvieron en “las buenas”, cuando el tabasqueño fue autoridad en la Ciudad de México. Guerra fue legislador y Armenta manoseó la Central de Abastos capitalina.

Uno de los peores excesos del poder de Malova

Guerra fue uno de los mayores excesos del poder de Mario López Valdez, una designación que lo enfrentó con los productores agrícolas no alineados, que reclamaron la ignorancia y la falta de interés del “guerrillero” en los asuntos del sector productivo.

Todos recuerdan el triste papel de ignorante que desempeñó el secretario en la emergencia que vivió el campo debido a la helada histórica del 4 de febrero de 2011. No sabía que decir ni que hacer. Todavía no memorizaba las primeras lecciones de su asesor y maestro.

Lo que sí conoció fue el desvío de cientos de millones en apoyos que envió el presidente Felipe Calderón y que nunca llegaron a su destino, las manos de los ejidatarios más afectados. Los que tenían siembras en mayores superficies no sufrieron el despojo de los marginados.

Ante la protesta de los líderes agrícolas combativos, la respuesta del gobernador fue desatar una política de combate subterráneo contra ellos, apoderándose con trabajo quirúrgico de la CAADES, de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa y de la Federación de Propietarios Rurales.

Gonzalo Beltrán Collantes, Faustino Hernández Alvarez y Sergio Osuna Sánchez, fueron los alfiles del malovismo que se hizo del de las representaciones más importantes del sector, que viven desde entonces su época de mayor intrascendencia, con dirigentes sujetos a la consigna del tercer piso, no a las causas de los productores.

El asesinato de Ernesto “El Gallo” Mendívil, un activo adversario de López Valdez, sirvió a los planes del “gobernador ciudadano”, como si los criminales hubieran entendido las conveniencias de Malova para realizar sus planes durante la campaña, la transición y el arribo al poder.

La Liga de Comunidades Agrarias se entregó sola, sin resistencia, para cobrar el favor del sometimiento de líderes sin convicción y en busca de ser lobo magnate y no cordero campesino, como ocurre con Germán Escobar Manjarrez y antecesores.

Lo que ocurrió en el gobierno recién concluido con los apoyos productivos, concentrados en socios políticos y de negocios, se sumó a problemas similares en otros estados con funcionarios venales y líderes a sueldo y en sociedad con ellos.

Quitaron apoyos al campo y los acapararon

La alianza letal de corruptos para explotar la agricultura, la ganadería y la pesca, obligó a los expertos federales en malos manejos a suspender la coordinación con los estados para bajar a los sectores sociales apoyos productivos que capitalizaran al pequeño productor.

El gobierno local tuvo de su parte al adversario de ayer, el subsecretario Jesús Aguilar Padilla, que influyó para que llegaran más recursos de SAGARPA a Sinaloa, todos o la mayoría, teledirigidos a los compromisos comunes. La abundancia tampoco benefició a las mayorías.

El escandaloso enriquecimiento del subsecretario de Ganadería del estado, Francisco Castillo Hertz, que de modesto funcionario ascendió a rico hacendado durante el sexenio, muestra los alcances de la injusta repartición de apoyos originalmente dirigidos a los genuinos productores del campo, no a los funcionarios y aliados.

Los bienes financiados con erario público se concentraron en manos de altos funcionarios, de empresarios sin necesidad del apoyo gubernamental y de líderes campesinos decididos a abandonar las luchas interminables y casi siempre estériles por la masa desamparada, para sumarse a la rapiña que los obligaba a renunciar a sus compromisos sociales.

Hasta los corruptos se sorprendieron

Autor de grandes obras de corrupción, el gobierno federal desapareció este año de SAGARPA el Programa de Concurrencia con los gobiernos de los estados. Hasta la secretaría de estado más emblemática de la opacidad burocrática y la corrupción se negó a compartir presupuestos con las entidades de sucia administración de recursos.

La SAGyP de Juan Guerra tiene una larga historia que contar de cómo se desviaron esas acciones, que favorecieron lo mismo a servidores públicos como Rolando Zubía, Juan Figueroa y Jesús Aguilar Padilla, que a líderes como Germán Escobar, Ramón Barajas, Ricardo Armenta, Alejandro Cervantes y Raúl Inzunza, además de decenas de militantes de bajo nivel dentro de los partidos de la coalición encabezada por el PAN y su fauna de acompañamiento, en la que destacó el sol azteca del clan Guerra.

Los panistas, como Juan de Anda Mata, síndico procurador de Armando Leyson Castro, también recibieron apoyos productivos y por racimos. Hasta siete a la vez cayeron en las manos de ese modesto funcionario municipal.

Los campesinos, mientras tanto, siguen igual de pobres.

La capitalización no llegó a sus parcelas y miles, ya se perdió la cuenta, debieron deshacerse de la tierra que sólo les trajo miseria.

Esto no preocupa a los insaciables que tuvieron el blindaje acerado de la protección oficial para burlar la rendición de cuentas.

El perredista ex comunista y ahora próspero burgués, al igual que sus “hermanos de lucha”, que se nutrieron de riqueza en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, prepara sin preocupaciones nuevos asaltos políticos con el fin de encontrar nuevos veneros de riqueza y de sacrificio para otros sinaloenses.

Beneficiado con los proyectos productivos, que compartió con su clan y otros perredistas que, como él, nunca han ganado una elección por sí solo, por su descrédito ante la sociedad, el “luchador social” trata de volver a su línea de combate por la mentirosa izquierda que dice defender, no por las causas populares, sino por las prebendas que por décadas han alimentado a su núcleo.

Sus antecedentes en el gobierno malovista, cobijado en una alianza para, al fin, aunque sea de manera claudicante, ser parte del poder en Sinaloa, con pésimos resultados para las actividades económicas que debió alentar, deberían bastar para inhabilitarlo en el servicio público, lo mismo que a su cercano colaborador en SAGyP, Juan Figueroa Fuentes y medir las dimensiones del daño causado con las desviaciones de programas que manejaron a discreción densamente opaca, dirigida sólo para los cuates, propios y del gobernador.