Gasolinazo, PAS y revocación de mandato

La protesta social generada por el gasolinazo regresa a la mesa de los debates la revocación de mandato, la necesidad de estructurar, aterrizar, en una reforma seria, en un todo legislativo, el despido de funcionarios de todos los niveles, que sean blanco, por su corrupción o incompetencia, de la indignación y la movilización ciudadana

Hasta ahora, la realidad es que se pierde en el vacío la exigencia nacional de renuncia, cese o expulsión de los cargos públicos, de funcionarios y políticos de alto nivel –de presidente de la República para abajo- implicados en latrocinios, ineficiencia y torpe conducción del mando.

No existe la norma jurídica, la ley, que permita a los ciudadanos ejercer el derecho de correr a los funcionarios o políticos que por inequívocos fueron receptores-depositarios del voto popular.

Efectivamente, ningún sistema político -tampoco la República, para el caso- resiste con base en la exaltación de ineptitudes a un gobierno dando palos de ciego. Que esos sean los fundamentos operativos del retorno del PRI a Los Pinos en 2012, explican el estado de caos que vive hoy México.

De la situación de ingobernabilidad, exacerbada por la política energética, son responsables, en primer lugar, los partidos con registro nacional y sus representaciones parlamentarias que suscribieron e instrumentaron el fáctico Pacto por México  y, en la sucesión de deliberados equívocos, los tres Poderes de la Unión.

  1. El Poder Ejecutivo, porque echó toda la carne al asador en la irreflexiva apuesta por sus reformas transformadoras para mover a México; entre ellas, la Energética, hoy detonante de la gran resistencia social;
  2. El Poder Legislativo federal y las legislaturas estatales, porque, renunciando a su soberanía, dieron el fíat a las reformas constitucionales; la más grave, la reforma al capítulo económico de la Carta fundamental, y
  3. El Poder Judicial de la Federación porque, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anuló en los hechos la consulta popular consagrada en la Constitución, que al menos dos formaciones políticas pretendieron ejercer en 2015 respecto de la Reforma Energética.

Esas aviesas y disolventes conductas de los depositarios de los tres Poderes de la Unión y sus correspondientes en las entidades federativas, se presentaron en un marco de restauración centralista que durante los cuatro años del actual sexenio han dado al traste con el régimen republicano, que tiene como leitmotiv el federalismo. La marca de la casa de ese proceso, es la impunidad.

El signo más perturbador de esa aberración política, ha sido subrayado por los especialistas mexicanos en Ciencias del Derecho: El sistema político, desbocado en su agenda de reformas “transformadoras”, se ha negado tercamente a establecer el control constitucional sobre el desempeño del Poder Ejecutivo federal y, nominalmente, del presidente de la República.

Desde que se implantó el modelo neoliberal, y aún antes, movimientos de la sociedad civil han clamado por la sanción de responsabilidades al jefe del Ejecutivo federal.

En la incesante revisión del régimen constitucional mexicano, el Poder Legislativo federal ha conservado intocado el precepto por el que, durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República sólo podrá ser acusado por traición a la patria y “delitos graves del orden común”.

En la argumentación de los movimientos ciudadanos que exigen la aplicación de responsabilidades al presidente de la República-especialmente en la imposición de políticas de lesa economía nacional– se encuentran tipificaciones de traición a la patria.

La coartada que los legisladores federales han esgrimido frente a esa exigencia, cada vez más generalizada,  es que México vive un régimen presidencial instituido por la Constitución de 1917.

Por qué, si tal Constitución, ha sido reescrita a modo para fines neoliberales socialmente depredadores, ¿aquel precepto permanece intocado?

Aquí entramos a otra dimensión del deforme fenómeno constitucional: No obstante que, desde hace al menos dos décadas, se habla en México de transición democrática, las reformas políticas y electoreras procesadas por el Congreso de la Unión en ese periodo han sido para legitimar las “facultades metaconstitucionales” del Presidente y dar más concesiones y privilegios a una partidocracia holgazana corrupta.

La rezagante permanencia del sistema político del país en el subdesarrollo, radica en un obstáculo que hoy es cuestionado por la sublevación popular: La negación del establishment a dar el salto de la democracia representativa a la democracia participativa.

¿Qué opciones ofrece la democracia participativa? Que el ciudadano exprese su opinión no sólo con la mecánica emisión del voto electoral, sino que ejerza su contraloría mediante el plebiscito o el referéndum; éste, para sancionar desde el llano la leyes que no respondan al interés general.

En el proceso de simulaciones legislativas, se estableció el derecho a la consulta popular, pero se remitió esa prerrogativa ciudadana al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las elecciones federales intermedias de 2015, los ministros de Corte conculcaron ese derecho, sobreponiendo el interés al Estado sobre el interés social. Es el caso, lo consignamos antes, de la Reforma Energética.

Una llave que abre las puertas a la democracia participativa, es la revocación de mandato. Aquí es donde al Legislativo federal le duele más el cuero que la camisa.

Desde hace más de dos años, el Partido Sinaloense (PAS) presentó ante el Senado de la República la iniciativa ciudadana sobre revocación de mandato; aleatoriamente, la Segunda Vuelta Electoral.

La iniciativa, basada en un cuidadoso y riguroso alegato constitucional, fue entregada en mano por representantes del PAS (con validación posterior de las firmas requeridas por el Instituto Nacional Electoral), ante la directiva del Senado, presidida entonces por el perredista poblano Miguel Barbosa Huerta. Meses después, el PRD se la plagió, sin que logre aún meterla en la agenda parlamentaria.

En la sublevación popular contra el monstruoso incremento en los precios de las gasolinas y la electricidad, el clamor multitudinario demanda la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, ¿con base en qué sustento constitucional?

Montados sobre la cresta de la ola de resistencia, el PAN y el PRD pretenden sacarle rendimientos electorales en los procesos en los estados de México, Coahuila y Nayarit, con miras a la elección presidencial de 2018.

Retomemos algo de la historia reciente: En la LXII Legislatura federal, como lo señalamos, tocó presidir el Senado al citado perredista Barbosa Huerta. Por la presidencia de la directiva de la Cámara de Diputados transitaron los panistas José González Morfín y Ricardo Anaya Cortes, hoy jefe nacional azul; y al amarillo Silvano Aureoles Conejo, hoy gobernador de Michoacán. No asumen hoy los costos políticos de su complicidad en la Reforma Energética.

Citamos la Legislatura LXII, porque por sus plenos pasó a mediados de 2014 el paquete de reformas a la Constitución en esa materia, y las  secundarias leyes de Hidrocarburos, de Inversión Extranjera,  Minera y de Asociaciones Pública y Privadas; todas, para desplazar  del mercado energético a Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuya aplicación incendia al país.

Por el propio Congreso pasó el calendario para la liberalización de los precios de las gasolinas, que se implantaría hasta 2018. Se consintió en que su aplicación se adelantara a 2017. El Congreso metió las alzas en la Ley de Ingresos de 2017.

Está, pues, clara la responsabilidad del Poder Legislativo en el caos que hoy vive México.

En un escenario que revela comportamientos autoritarios tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, actuaron a contrapelo de una realidad política, movidos por el simple interés fiscal, cuya estabilidad fue fracturada por la incompetencia y la arrogancia  de los propios responsables del gabinete económico.

Ahora, México ruge y cruje: Peña Nieto pretende salirse con  fandangos y discursillos: No es, dice, a través de la protesta y el vandalismo, ni del robo ni de tomar esta actitud como habrá de cambiarse “la realidad, y sin darnos cuenta, más la descomponemos”.

Para los bronces: “A final de cuentas, o proyectamos como mexicanos un rostro de confianza, o el mundo empieza a desconfiar de nosotros…”.

No es a través del robo, reprocha Peña Nieto, como va a cambiarse la realidad. Pero el robo de la renta petrolera empezó desde hace dos sexenios. Desde hace dos años, las corporaciones extranjeras, en cuyas inversiones se depositó el éxito de la Reforma Energética, expresaron su desconfianza en la aptitud del gobierno mexicano. Peña Nieto no entiende lo que no entiende, escribieron en Londres analistas financieros desde hace dos años.

Corolario: Ahora se exige en las calles, en las plazas públicas y en los despachos de las cúpulas empresariales la renuncia de Peña Nieto. No hay mecanismo constitucional para procesar esa exigencia.

Es llegada la hora de legislar la revocación de mandato de los políticos que faltan  a la lealtad con la sociedad y traicionan la voluntad popular expresada en las urnas. Pero eso es mentar la soga en casa del ahorcado.

Si algún rendimiento debe tener la exacerbada manifestación del humor social de estos días, es conducir la energía social a presionar al Poder Legislativo federal a que asuma la reforma fundamental del régimen mexicano: La que mande al museo la democracia participativa e instituya la democracia participativa. Esta es la lucha que compromete al Partido Sinaloense (PAS). Vistas las actuales circunstancias, le asiste toda la razón.

Álvaro Aragón Ayala

Conductor del programa de radio Ruta Mexico y analista politico en Radio UAS, Diario de Sinaloa y Director Ejecutivo de Proyecto 3.