Buen sabor de boca

El comienzo de este 2017 tiene muchas novedades. El gasolinazo es ya de todos conocido y ya sobrevendrán las consecuencias lógicas de ello, pues absolutamente todo tiene que ver con el uso de combustibles. Aumentos de precios implica carestía e inconformidades ante un raquítico aumento salarial que permanece estancado, mientras todas las mercancías que giran en su entorno observaran movimientos vertiginosos. Las estimaciones colocan ya el índice inflacionario en el doble de lo observado en este recién fenecido 2016, que fue de 4%.

En Sinaloa no nos escaparemos de la maldición inflacionaria, pero tenemos otras expectativas, que se vinculan al arribo de un nuevo gobierno. Y aunque la inflación y los aumentos de las gasolinas no son materia de ningún gobierno estatal, si depende de ellos avanzar en aspectos cercanos a nuestra realidad, como son la seguridad, la corrupción y un manejo responsable de los recursos públicos.

Desde la perspectiva anterior cabe hacer notar el acto de protesta del recién ungido gobernador constitucional de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quien asumió el cargo el día 31 de diciembre en un acto oficial realizado en la sede del poder legislativo.

Fuera del acto protocolario en sí, que tuvo sus tropiezos, llamó la atención poderosamente, la serie de compromisos que el gobernador hizo al tomar la estafeta como el guía estatal de los próximos cuatro años y diez meses. Fue, para todos los efectos, un buen comienzo: hacer obligatoria la declaración 3 de 3 de los funcionarios públicos (declaración patrimonial, de conflicto de intereses y de impuestos), la iniciativa que considera delitos graves el peculado, el cohecho y el abuso de autoridad y la modernización de trámites para la obtención de documentos oficiales son tres disposiciones específicas y realistas.

En efecto, en el pasado proceso electoral quedó de manifiesto el hartazgo ciudadano por la opacidad de los funcionarios públicos, su comportamiento insultante y prepotente y la molestia ocasionada por la lentitud y corrupción para la realización de trámites administrativos. En estas tres áreas se puede avanzar rápido y lograr buenos puntos a favor.

Si se transparenta esta parte del aparato estatal se lograrán avances importantes y se sentarán las bases para implementar objetivos más desafiantes con los productores locales, nacionales y hasta internacionales y avanzar, en una primera instancia, en aspectos como el empleo y el mejoramiento salarial.

La propuesta hecha pública tuvo un aspecto virtuoso. Reviste primero una cuestión de confianza hacia los servidores estatales y se dirigen los dardos hacia el combate a la corrupción y fomento de la transparencia; se persigue el beneplácito de los sectores productivos y sociales para mejorar los índices de productividad y; finalmente, se cierra la pinza con el impulso a instituciones de seguridad e impartición de justicia, para atacar el lado rojo de la sociedad sinaloense.

Ya veremos si el Plan Estatal de Desarrollo, que por ley el gobernador está obligado a presentar, es congruente con este esquema. Por lo pronto se avizora que el diagnóstico realizado fue el correcto, cifremos ahora nuestras esperanzas que este buen sabor de boca no se pierda. El tiempo ya empezó a correr.