Asesores e informadores le fallan al gobernador Quirino Ordaz

Vale le pena recapitular. Repasar. Volver a puntualizar. En la pasada entrega, aquí, en Rompiendo el Silencio, sostuvimos que si  hubiera el saludable propósito de limpiar el tiradero que dejó la administración saliente  de Mario López Valdez, la profilaxis llevaría meses, dado que los principales agentes políticos de Sinaloa ya estarán, a partir de enero, embarcados en la grilla de las elecciones generales de 2018.

Sin embargo, para limpiar el tiradero, para llevar a buen puerto un proyecto de Gobierno, el mandatario en turno requiere de un cuerpo de asesores, de un aparato de inteligencia, de un equipo de rastreo político que le permita tener a la mano,  en tiempo y forma, los expedientes, el pasado y presente de sus colaboradores, máxime si entre sus principales metas está el combate a la corrupción.

Los personajes que rodean a un nuevo gobernador  no deben ser tocados por el estigma de la sospecha.

Permea ya la percepción de que al gobernador Quirino Ordaz Coppel no se le asesoró a cabalidad sobre las consecuencias políticas ni de la reacción de la sociedad por la “ratificación temporal” de Marco Antonio Higuera Gómez como encargado de la Procuraduría de Justicia por el tiempo que dure la creación de la Fiscalía General Estatal.

Si de corrupción se trata, la Procuraduría de Justicia alcanza la mayor etiqueta negra del régimen malovista. No es un secreto que la justicia, la persecusión de delitos, la integración de averiguaciones (carpetas de investigación) se mercantilizaron bajo la asesoría directa de los despachos jurídicos regenteados por Marco Antonio Higuera, hijos y compadres.

Hay desaliento también en los cuerpos policiacos por haber instalado a un sobrino del propio Procurador, Vladimiro Salazar López, como encarado de despacho de la Policía Municipal, hecho que mantiene desconcertados a los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Hay desconcierto por la designación de María Guadalupe Yan Rubio como titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, aunque se entiende de antemano que es una posición cedida al grupo de panistas que apoyó al actual mandatario en su campaña política.

Recapitulando. Sostuvimos que la definición del gobierno que quiere Quirino Ordaz no lo hallarían los sinaloenses en el discurso protocolario de protesta constitucional. Incluso, no lo encontrarían en los enunciados del programa de gobierno que pondría en cartelera una vez tomara las riendas del gobierno.

Que no es de esperarse que el nuevo gobernador proclame un ajuste de cuentas sobre el sexenio inmediato, pues desde la atalaya de la Filosofía, el ajuste de cuentas tiene que abarcar el proceso histórico al menos del último medio siglo sinaloense.

Que un ajuste de cuentas tiene que profundizar la mira sobre el ser colectivo: Los que políticamente han incidido desde el ejercicio del poder y los que socialmente han permitido que un estado de cosas inadmisible se perpetúe sexenio tras sexenios.

Que un corte histórico tiene que hacerse desde el cuadrante cultural, que aprehenda las asignaturas educativa, de formación de las más recientes generaciones; la orientación del modelo económico y su impacto en las estructuras de la desigualdad; los fenómenos que vulneran los derechos al respeto a la integridad y la seguridad personal, familiar e institucional; los fundamentos de la vida política y partidaria que determinan la formación de los poderes públicos, última razón de la democracia.

Que no es una expresión tremendista, la que sostiene que Sinaloa está en el umbral de la crisis humanitaria.

Que la crisis humanitaria, no puede imputarse sólo y únicamente al crimen organizado, si bien sea un factor que atenta contra la integridad de cada familia; la crisis humanitaria se refleja en los resultados de las políticas públicas que deben velar, sobre todas las cosas, por el desarrollo integral del ser humano.

Que en ese fallo de las políticas públicas, no es responsable sólo el partido en el poder en turno. Si las oposiciones gobiernan oponiéndose, éstas son  corresponsables de las nefastas consecuencias por omisión o complicidad. En la presencia del drama sinaloense, nadie puede llamarse a inocente.

Es, frente a la presencia de esa espantosa tragedia, que el gobernador debe hacerse cargo no sólo de una proposición partidistamente reconciliadora a modo; un Pacto de Salvación Sinaloense tiene que convocar a todo el espectro social que comprometa en una misma causa a los económicamente poderosos y a las víctimas de la marginación y la exclusión socioeconómicas.

Ese es, ni más ni menos, el imperativo democrático del momento sinaloense.

De cara a la insolvencia económica,  política y moral  del gobierno central, los sinaloenses ya no pueden seguir esperando  bules para nadar.

Si alguna vez fue y es válido reclamar la soberanía de los estados constituyentes de la Federación respecto de la Ciudad de México, nunca como ahora esa soberanía debe ser un bien colectivo que todos compartan en sus dificultades y sus beneficios.

De no ser así, ¿qué habría de festinarse por un cambio nominal en Palacio de Gobierno?

La madurez intelectual y política de los sinaloenses daría para eso y para más. Es cuestión de saber coordinar los empeños creativos y productivos de aquellos que, desde hace dos siglos, conquistaron su soberanía, no como una concesión gratuita del centro, sino como un derecho ganado a pulso.

A fin de cuentas, un gobernador no es   más que un coordinador de la voluntad colectiva, no un dispensador de favores a sus favoritos.

Léanse los resultados de junio pasado. La mayoría ciudadana estará fuera de Palacio. No puede ser ignorada, so pena de terminar en el basurero de la Historia. O en el cementerio de las grandes tragedias.

Sí, es probable y posible que Quirino Ordaz Coppel tenga el propósito de limpiar el tiradero que dejó la  administración saliente  de Mario López Valdez, pero para desarrollar esa titánica tarea necesita de la fortaleza de un equipo, de gente confiable.

De un cuerpo de asesores que le hable con la verdad. De un grupo de inteligencia política que le ofrezca el perfil, pasado y presente, de la gente que lo rodea y que colabora ya con él.

No es con gente que participó en el saqueo del estado o en tareas de simulación del gobierno del “cambio” con los que se retomará el rumbo del progreso, el trabajo y la tranquilidad en Sinaloa.

Álvaro Aragón Ayala

Conductor del programa de radio Ruta Mexico y analista politico en Radio UAS, Diario de Sinaloa y Director Ejecutivo de Proyecto 3.