Derechos humanos son letra muerta en Sinaloa

En Sinaloa los derechos humanos son letra muerta en materia de jornaleros agrícolas.

Con un atlas agrícola de un millón 200 mil hectáreas la entidad dio una vuelta de campana en su vocación de cuidado del medio ambiente y marco un retroceso de ocho millones de toneladas en producción de alimentos en el sexenio gubernamental que inicio el primer día del año 2011 y que se concluirá al morir el 2016.

En México, los jornaleros agrícolas son trabajadores temporales del campo que se encargan de la siembra, la cosecha, la recolección y la preparación de productos del campo. Debido al desigual desarrollo del país, muchos trabajadores de las zonas rurales emigran a los lugares donde hay trabajo y, en muchos casos, lo hacen acompañados de sus familias. Los flujos migratorios por el trabajo agrícola son variables y afectan a todo el país.

En medio de plaguicidas, sin servicios médicos, sin acceso a la educación ni a los servicios más elementales, alrededor de 600 mil jornaleros llegaron a Sinaloa y ambulan por las zonas agrícolas como trabajadores temporales del campo que sirven en la siembra, la cosecha, la recolección y la preparación de productos del campo, negocio multimillonario en el renglón hortícola por la venta de esos productos en dólares.

El desigual desarrollo del país empuja a cerca de 3.5 millones de mexicanos a emigrar a los lugares donde hay trabajo y en muchos casos el éxodo lo desarrollan acompañados de su familia, para que todos trabajen, incluyendo los menores de edad, violando la Constitución y todas las leyes secundarias que regulan esa actividad y consagran los derechos de las personas.

En la travesía laboral lo jornaleros no son sujetos de la vigilancia institucional de sus derechos y la balanza de beneficios en el campo se ladea hacia el tejado patronal.

LOS ABUSOS COMIENZAN EN LOS LUGARES DE ORIGEN DEL PEON

Expuestos a los abusos, el suplicio inicia desde las zonas de partida de la comunidad migrante, donde son enganchados y trasladados en condiciones inhumanas a las zonas agrícolas de los valles sinaloenses y son colocados en posiciones vulnerables, salarial y socialmente.

Con un salario que no supera los 75 pesos diarios, muchos peones son usados en labores de hasta 12 horas diarias, ante el disimulo de funcionarios, legisladores federales y locales, en abierta complicidad con los patrones.

Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos está ausente del proceso de revisión de las condiciones de trabajo en los campos regionales, en donde el uso y abuso de los agroquímicos amenaza con estragar las esperanzas de los trabajadores del campo por superar su precariedad económica.

La delegación de la Secretaria de Desarrollo Social, que en Sinaloa mal regentea Regino López Acosta, se encuentra convertida en una dependencia cincelada a base de omisiones en el tratamiento adecuado de la población migrante, en virtud de que los lugares de hospedaje oficiales no reúnen las condiciones adecuadas para la convivencia de las familias de jornaleros.

En la zona norte del estado, los albergues para los trabajadores del campo son un retrato de la ineficiencia oficial ya que priva la insalubridad y el hacinamiento, porque las cuarterías en las que duermen los miembros de hasta tres familias son espacios inmundos de apenas cuatro por cuatro metros.

Tampoco se observan en las zonas habitacionales la presencia de servicios médicos, y la educación para los menores de edad que acompañan a sus padres es mera utopía ya que no existe un calendario de clases ni tampoco se conoce el número de maestros que puedan acudir a los centros de acogida de los jornaleros a impartir clases. Toda la estructura de gobierno federal y estatal está coludida con este atropello a los derechos humanos, que en el campo son letra muerta.

RETO DIARIO A LA MUERTE, EN UN AMBIENTE CONTAMINADO

En suma, los jornaleros están exponiendo su vida al laborar en medio de plaguicidas retando diariamente a la muerte y junto con ellos colocan también en peligro a sus familias.

Los datos son fríos. Las autoridades soslayan sus obligaciones y la Ley Federal del Trabajo no se asoma para los pobres que trabajan en la entidad.

De la totalidad de los 3.5 millones de jornaleros agrícolas del país, alrededor de 300 mil niños y niñas tienen que abandonar sus lugares de origen para acompañar a sus padres en la travesía que emprenden cada año para seguir la pizca de legumbres y granos. Lo hacen porque no tienen más alternativas ya que viven en la pobreza.

Por eso, en el paisaje hortícola de la entidad se encuentran entremezclados niños y niñas que esperan a sus padres en la cercanía de sus centros de trabajo y en algunos casos se adentran en los mismos campos para ofrecer espíritu de esfuerzo y así lograr alimentarse diariamente.

En la narrativa oficial se esconden esos datos, que sólo se observan en la realidad de la explotación rural, como hace más de 100 años.

Los logros que se anuncian en las cifras introducidas con trampas en los programas federales de la SEDESOL, esconden la verdad de un estado de desequilibrio salarial y de extremas necesidades de los jornaleros y sus familias.

En su poesía discursiva, Regino López Acosta ofende la inteligencia ciudadana al pintar de color de rosa la negra situación en que se encuentran los jornaleros del campo, y con ello no ayuda en nada al mejoramiento económico del estado ya que quiere disfrazar la realidad.

Se trata, en estricta objetividad, de un estado de patrones explotadores al amparo de autoridades corruptas.