PRD “pirateó” iniciativa

La exigencia de “desaparición del fuero” sólo con fines publicitarios

Es verdad que nadie puede negar que al PRD-Sinaloa le urge armar espectáculos legislativos o “iniciativas patito” para efectos publicitarios y propagandísticos aunque se quede chiflando en la loma, como ocurrió con su propuesta de “desaparición del fuero”, con la que intentó cerrar el 2010 y abrir paso a su supervivencia en el 2018. Son más los ruidos amarillos que las nueces, que conste.

La iniciativa estatal para empujar hipotéticamente la abrogación o derogación del fuero en la Constitución Política del Estado de Sinaloa resultó un fetiche que no asustó a nadie. La revocación de mandato es la ruta contra la ineficiencia y la corrupción que el PRD y su matriz, el PRI, e incluso el PAN, sacan la vuelta por aquello de que no son proclives a la práctica del harakiri político

Queda claro que el PRD no logra asimilar su hundimiento electoral que lo dejó para el arrastre en los comicios del pasado 5 de junio. Es perceptible que su actual y reducida representación legislativa quiere granjearse “el pago de marcha” y la simpatías de la ciudadanía a la que olvidó olímpicamente en el 2010 en Sinaloa y en el la suscripción del “Pacto por México” que tantas desgracias le ha traído al pueblo.

A sabiendas de que la Constitución General de la República no contiene una cláusula que suprima el fuero de los funcionarios de elección popular o, excepcionalmente, a algunos de designación administrativa, como penalización a la transgresión de sus deberes, cuando se le está acabando el agua al bule al inexistente “grupo” parlamentario amarillo se le ocurrió promover en el Congreso Local una iniciativa “para suprimir” esa prerrogativa que la raza conoce como “patente de corso”.

Para ese efecto, el solitario amarillo pirateó una ya vieja iniciativa en varias legislaturas estatales, para meterla como creación propia en las desfallecientes comisiones de dictamen del Congreso actual. El referente más inmediato está en el Congreso de Jalisco, donde hace tres semanas la mayoría votó afirmativamente una reforma constitucional para la supresión del fuero.

Antes siquiera de que ese decreto pase por la aduana de las leyes reglamentarias, algunos analistas de consigna metropolitanos lo dieron por muerto en la eventualidad de que se introduzca ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de acción de inconstitucionalidad.

La Corte es el Tribunal Constitucional por antonomasia. Sobran expedientes que informan que ninguna norma constitucional aprobada por las legislaturas estatales que no deriven de su homologación en la Carta federal, tiene futuro. Si la regla nace de abajo para arriba en la práctica va al cesto de la basura. Legalmente no tiene vialidad porque se contrapone, en este caso, a un mandamiento de la Constitución Federal.

Una revisión a vuelo de pájaro confirma que, en años recientes, de las reformas votadas en los Congresos estatales, por ejemplo, en materia electoral, que no tengan su correspondiente en la Constitución General de la República, ninguna ha sido revalidada por el pleno de ministros.

Es el caso de las distorsiones malintencionadas ordenadas por algunos gobernadores respecto de las candidaturas independientes, dicho para ilustrar el tema.

Conscientes de ese tipo de procesos legislativos que tocan la Constitución, los impulsores de la iniciativa ciudadana que en Sinaloa se inició y se gestionó para implantar las figuras de Segunda Vuelta Electoral y Revocación de Mandato, se llevó a instancias del Senado de la República. Es ahí donde debe retumbar la iniciativa de la desaparición del fuero, no para reducirla a una Constitución local, sino para darle vialidad federal.

En los casos en que ha invocado en el Poder Legislativo federal, la desaparición del fuero, ha tenido como perverso móvil la venganza contra algunos políticos que se han salido del huacal o para mojarle la pólvora a los que desafían al “sistema”, pretendiendo escalar posiciones electorales a contracorriente de las reglas no escritas que rigen los acuerdos de la partidocracia, como en 2005 se le asestó al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

Otro recurso, es el del juicio político, prescrito por el artículo 106 de la Constitución general. Recientemente, se descubrió que sólo en la última década la Cámara de Diputados federal, denominada instancia acusatoria (el Senado sería de sentencia) ha acumulado más de 300 solicitudes de juicio político que han dormido el sueño de los justos.

Un caso de vergüenza jurídico-constitucional se dio hace tres semanas en que los gobernadores priistas salientes de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa; de Chihuahua, César Duarte Jacques, y de Quintana Roo, Alberto Borge, hicieron reforma “legales” para blindar su retirada de la acción de sus sucesores, los tres emanados de partidos contarios al suyo.

Los impresentables personajes pretendieron esgrimir una soberanía estatal inexistente en la práctica. Tuvo que ser el Ejecutivo federal el que operara a trasmano vía partido y sus representaciones legislativas para disuadir a los baquetones priistas de dichos estados para que dieran marcha atrás.

Establecido, pues, el uso discrecional del desafuero y del juicio político, es pertinente retomar el tema de la Segunda Vuelta Electoral y la Revocación de Mandato.

Lo fundamental, en principio, es que esas figuras se introduzcan en la Constitución General de la República para desarmar cualquier salida por peteneras del Poder Judicial de la Federación y expresamente la Corte.

De manera que el resultado de la iniciativa del PRD-Sinaloa es normal que termine en el inventario de lo que se tipifica como lex simulata (aquellas que se emiten sin ánimo de hacerla funcionar), es preciso que se monitoree paso a paso el procedimiento de aplicación, de suerte que la ley o las leyes reglamentarias no dejen a discreción de los dictaminadores los órganos y el curso de su ejecución.

No nos parece ocioso retomar dos casos ejemplificantes de procesos revocatorios de mandato: El de Nicolás Maduro, de Venezuela, y el de la señora Dilma Rousseff, de Brasil.

Los móviles en el caso venezolano, es aplastar la influencia que la revolución bolivariana, proclamada por el extinto Hugo Chávez, difundió algunos países latinoamericanos, contraria al modelo integrador neoliberal que la Casa Blanca pretendió al través de la Alianza Comercial de las Américas (ALCA).

En el caso de Brasil, no por accidente la estrategia arrancó contra la señora Rousseff cuando su antecesor y compañero de partido, Lula da Silva anunció su propósito de buscar de nuevo la presidencia, en la que ejerció dos mandatos consecutivos. Da Silva militó en la línea del movimiento bolivariano; esto es, contra el neoliberalismo.

En sentido inverso, la Casa Blanca abogó recientemente por el gobierno de Turquía bajo el argumento de que es producto de un proceso democrático. Lo que pasa es que Turquía está en la lupa de los Estados Unidos y de la OTAN.

Es claro que la iniciativa que auspició y sigue defendiendo el Partido Sinaloense (PAS), trasciende los límites estatales y aun nacionales, y se inserta en el debate de las Grandes Ligas.

El PAS acredita una militante visión de futuro cuando el centro de gravedad de su iniciativa radica en la proposición de un salto de calidad de la democracia representativa a una democracia participativa.

No es mera coincidencia que proposiciones como la generada por el PAS, se encuentre en la frecuencia de Transparencia Internacional y su capítulo mexicano que, precisamente por la vía de la iniciativa ciudadana, en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión presentará un paquete de proyectos legislativos vinculantes con la operación del régimen electoral.

El PAS, pues, va millas delante de la miopía aldeana del PRD que, en Sinaloa pretende su imposible resurrección dando patadas de ahogado tratando de resarcir una imagen de perversiones, prevaricaciones, traiciones, acuerdo con bellacos y entre bellacos con los que se ha ganado a pulso la unánime repulsa de los sinaloenses. Ahí están las estadísticas electorales, por si hicieran falta.

Álvaro Aragón Ayala

Conductor del programa de radio Ruta Mexico y analista politico en Radio UAS, Diario de Sinaloa y Director Ejecutivo de Proyecto 3.