Represión a la prensa en Guerrero

Agresiones a periodistas que no apoyen a Movimiento Popular

El 13 de diciembre, el Club de Periodistas, una agrupación que aglutina a reporteros, pequeños editores y columnistas, sesionó en Tlapa para otorgar premios a comunicadores no necesariamente afiliados al Club. Cuando estaban por comenzar, un contingente del Movimiento Popular Guerrerense acudió al lugar, una estancia privada, para impedirles llevar a cabo su encuentro con el argumento de que había luto por los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, porque los ahí reunidos eran periodistas que no escriben sobre el movimiento de los normalistas y porque supuestamente ahí se reunirían políticos en proselitismo encubierto.

Hubo jaloneos, tras lo cual cinco miembros del Club fueron llevados a la sala de cabildos, y obligados a pedir disculpas públicas y a cubrir 2 mil 900 pesos de gastos médicos que supuestamente requería uno del MPG lesionado en la trifulca.

Lo que vino después ha sido una serie de situaciones que serían cómicas, de no ser por la tragedia que encierran.
Los miembros del Club presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República por secuestro y acusaron a la reportera Carmen González Benicio, corresponsal en Tlapa del periódico El Sur, como la instigadora del “juicio popular” al que fueron sometidos.

La agresión contra González Benicio fue llevada a niveles ruines, denostándola en redes sociales, en un modo que no correspondería a periodistas serios. Pero Carmen es una reportera que goza del reconocimiento de sus compañeros y de la sociedad organizada en Tlapa, de la cual ha informado en los años recientes; la acusación en su contra por secuestro es una aberración que no puede prosperar en absoluto. A Carmen sólo dos cosas se le pueden cuestionar ese día: haber señalado en su nota que en los jaloneos “salieron más afectados los del MPG” y haber omitido que éstos impidieron que se diera atención médica a Fabián Herrera cuando el propio médico que ellos llevaron así lo indicaba, según admite la propia Carmen en una relación de hechos publicada días después.

Lo anterior tal vez ameritaría una carta aclaratoria, pero no más. Similar es la acusación contra otros comunicadores, como Ricardo González y Sergio Ferrer, en el sentido de que ellos orquestaron el juicio popular: son dichos absurdos, que el Club debería retirar por salud propia.

El debate de si los miembros del Club son corruptos o no, si bien puede hacerse en cualquier momento y es válido para periodistas de todo el país y el mundo, donde se presenta este dilema, no corresponde al incidente del sábado 13 por la simple y sencilla razón de que el MPG no se dirigía específicamente al Club o a periodistas en particular, pues ni sabía quiénes estaban ahí, sino al carácter general de periodistas que aludían los congregados.
De otro modo: no acusaban a periodistas que conocieran por corruptos, acusaban a periodistas en general. Tal vez no les haya faltado razón, si se mira a la luz de este antecedente: el 19 de marzo, policías de Tlapa que colocaban unos topes –actividad que no es su función– fueron fotografiados por cinco reporteros, entre ellos Ricardo González, y los policías en respuesta los golpearon, les robaron su equipo y los encerraron.

Insólita defensa de un alcalde

El alcalde Victorino Wences se defendió de una manera insólita: hizo publicar desplegados en los periódicos, con la firma de varios integrantes del Club de Periodistas, en los que se dedicó a calificar de pseudoperiodistas a los detenidos y de intentar extorsionar al edil, en un triste episodio de unos comunicadores que venden su nombre para hacer el trabajo sucio del alcalde. Pero no era este incidente lo que reclamaban los del MPG: ellos reclamaban por la poca atención de la prensa hacia su lucha.

3. Debe preocupar a cualquier periodista que un movimiento, por popular o democrático que se repute, o precisamente porque lo sea, se arrogue el derecho de decidir qué deben publicar los periodistas, en qué sentido, y definir quiénes son buenos y quiénes son malos. Eso simplemente es inaceptable. Una reportera comentaba en corto: “por esos periodistas corruptos nos agreden a todos”. Pero eso es una percepción errónea: por ningún periodista corrupto, un movimiento social debe agredir a ningún periodista.

El movimiento por Ayotzinapa ha trascendido las fronteras del país y tiene eco en todas partes. No necesita para ello obligar a un grupúsculo de periodistas, sean corruptos o no, usen o no sus pasquines para cobrar publicidad o para halagar a los políticos, a que escriban a favor de su lucha. Pretender obligarlos no le ayuda, y sí lo demerita. Un movimiento popular no puede crecer con los mismos vicios del sistema al que se enfrenta.

En el caso de Tlapa, hay excesos visibles de ambas partes, que ambas deben asumir. La solidaridad va con Carmen González Benicio, con Ricardo González, con Sergio Ferrer; pero también va el rechazo a que el MPG o cualquier movimiento se erija en juez en materia de libertad de prensa. (La Jornada Guerrero).

Guerrero ante el 2015 Gobierno: sí habrá elecciones; radicales: no

TAXCO, GRO.- El gobernador del estado, Rogelio Ortega Martínez, aseguró que el próximo proceso electoral en Guerrero sí se realizará, por lo que pidió a la sociedad y a los partidos políticos brindar un clima de confianza y estabilidad y que “no haya personas vinculadas al crimen organizado” como aspirantes a algún cargo de elección popular. Sin embargo, los grupos radicales advierten que los comicios no se llevarán a cabo.

Dijo que le ha pedido al presidente de México, Enrique Peña Nieto, a que se lleve a cabo un gran pacto social, porque “el siguiente año nos vamos a ir a elecciones”.

A los líderes de los partidos políticos y a la sociedad les dijo que se requiere vigilar bien a quienes van a postular los institutos políticos “y votemos bien por personas de trayectoria limpia y honesta”.

“Estamos hasta acá de los políticos arrogantes, soberbios y prepotentes, de los que llegan corren y se van, porque algo traen de prisa o algo traen y no quieren saludar con los brazos a la gente, no quieren escuchar desde los más encumbrados hasta los más humildes y sencillos”, reclamó.

Ortega Martínez expresó que el voto tiene que ser a favor de personas que no estén vinculadas al crimen organizado, porque se pone en riesgo la seguridad de los pueblos, de todo el tejido social.

Dijo que hay que prepararse para construir “esa armonía necesaria, para construir la paz democrática y para que vayamos el próximo año con mucha determinación a votar por el partido de nuestra preferencia o por el color de nuestra preferencia”.

El mandatario estatal insistió que tienen que ser votados los hombres y las mujeres “de trayectoria limpia que buscan el bien común, bienestar para todos”.

Aseguró que la política es la oportunidad para que decidamos quienes nos va a gobernar, y “exigiremos que nos gobiernen bien y que nos rindan cuentas con transparencia, humildad y sencillez”.

Arzobispo lamenta la zozobra del pueblo

El arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, lamentó que pobladores del puerto y en general de la entidad, viven en la zozobra.

Señaló que “día con día, pobladores tienen que lidiar con el hecho de tener que enfrentarse a cuestiones tan lamentables como la posibilidad de sufrir algún atraco, extorsión o cualquier tipo de delito, dejando al descubierto una situación dolorosa que preocupa y debe ser atendida de manera prioritaria por las autoridades”.
En la conferencia de prensa dominical, en la catedral del zócalo, Garfias Merlos manifestó que “el panorama actual nos muestra a una ciudadanía verdaderamente preocupada ante la posibilidad de ser víctima de algún delito”.
Sin embargo, descartó que ello represente un riesgo de que la crisis de inseguridad derive en un Estado fallido, al expresar que “estamos en el empeño de que no ocurra, se está insistiendo en que podamos encontrar la coordinación de las autoridades, para que cumplan con su función, y que podamos hacer conjuntamente, con organizaciones e instituciones, el darle la confianza y la fortaleza y la sociedad, para realmente superar la crisis en que estamos”.

Enfatizó que “todavía estamos en tiempo de poder hacer una expresión de corresponsabilidad y compromiso de la autoridad con la sociedad civil”.

El arzobispo de Acapulco manifestó que “las autoridades tienen que potenciar su participación para devolver al ciudadano la confianza en sus instituciones policiacas, para que denuncie y para que pueda vivir en paz”.

Añadió que “se trata de darle toda la atención a este rubro tan importante y realizar iniciativas y estrategias de manera coordinada para darle a la ciudadanía lo que necesita: un municipio, un estado y un país seguros”.

Confirmó que este lunes la arquidiócesis de Acapulco, con la presencia del nuncio apostólico de México, Christophe Pierre, y el obispo de Chilpancingo y Chilapa, Alejo Zavala Castro, celebrarán a las nueve de la mañana una misa en Ayotzinapa “para pedir a Dios por los estudiantes desaparecidos, por sus familias y compañeros, por el eterno descanso de los difuntos, y por la justicia, la reconciliación y la paz en México”.

Garfias Merlos explicó que el encuentro se logró luego de que el Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, solicitó un acercamiento de la Iglesia con familiares de los normalistas desaparecidos y estudiantes de la normal.

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